CORRUPCIÓN, CORRUPTOS Y CORRUPTELAS

IU PEDIRÁ LA RETIRADA DEL PROYECTO DEL ECOPARQUE PARA EVITAR QUE SE PRODUZCA UNA ABERRACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL ENTORNO DE LA LAGUNA DE TORREVIEJA

El pleno del ayuntamiento de Torrevieja aprobó la moción del PSOE para la ubicación en la ciudad de la planta de gestión de residuos comarcal con los votos del PP e IU se opuso por considerar la propuesta una aberración medioambiental

IU teme que no se haya descartado todavía la posibilidad de ubicar dicha planta en la localidad pese a ser esta una zona de especial protección medioambiental y también estar saturada en cuanto a edificación. La trama de la basura sigue pues su curso Torrevieja.

Desde IU se considera que la propuesta representa una renuncia a nuestros valores medioambientales y de ciudad de servicios. El apoyo del PP a dicha iniciativa lo hace todavía más preocupante.

Esta alternativa técnica presentada por las 2 empresas como agentes urbanizadores está situada muy cerca de la Rambla de La Fayona de gran interés medioambiental y su proximidad al Parque de la laguna de Torrevieja hace inviable el proyecto, según IU

IU pedirá la retirada del PAI presentado como única garantía de preservar el entorno tanto medio ambiental como socio- económico.

Información pública de la alternativa técnica al Programa de Actuación Integrada del Sector-30 Eco-parque Industrial de Torrevieja (Alicante). [2008/5997]

En sesión de fecha 27 de abril de 2007, el Pleno del Ayuntamiento
de Torrevieja, acordó la convocatoria de concurso para la selección
de agente urbanizador del Sector 30 Eco-parque Industrial remitido
el 11 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Unión Europea,
publicado en éste en el número 40164-2008-ES de fecha 13 de febrero
de 2008; acordando asimismo la aprobación de las bases particulares
reguladoras del concurso corregidas mediante Acuerdo Plenario de
fecha 28 de septiembre de 2.007, y publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante número 12, de 17 de enero de 2008.
Las mercantiles Grupo Generala de Servicios Integrales, Proyectos,
Construcciones y Obras, SL y Polígono Industrial CV-942, SL han
formulado un programa de actuación integrada acompañado de alternativa
técnica, para el desarrollo del Sector 30 Eco-parque Industrial
de Torrevieja.

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TOYO ITO SPAIN PRESENTA EL 28-12-2007 UN NUEVO PROYECTO DE EDIFICACIONES E INSTALACIONES DEL PARQUE DE RELAJACIÓN-BALNEARIO 2

El proyecto actualmente paralizado por el Ministerio de Medio Ambiente por tratarse de una obra en terrenos de dominio público marítimo terrestre por el que se abrió expediente sancionador en diciembre del 2004 ha tenido que ser reformado y esta modificación pretende salvar los impedimentos legales. Entre los edificios proyectados, restaurantes, piscinas y otros destaca una piscina artificial de 2.000 m2 que será alimentada con agua de la red pública de abastecimiento municipal. Un verdadero disparate. Y otras piscinas que pretenden ser alimentadas con lodos provenientes del salmueroducto de Pinoso.

El Partido Popular con sus alcaldes a la cabeza piden agua para todos y lo que en realidad necesitan es agua para estos proyectos insolidarios e inútiles a la par que ilegales.

Izquierda Unida propondrá que se siga con la paralización definitiva de la obra y se deniegue el permiso para este nuevo proyecto modificado que malgasta el agua, invade un parque natural y está construido ilegalmente en terreno público sin permiso de la administración.

Breve memoria del Balneario:

1. El expediente sancionador de fecha 20 de junio de 2005 proponía una sanción económica de 149.220 euros así como la demolición y retirada de las obras que invaden el dominio público. Ninguna de estas actuaciones ha tenido lugar e Izquierda Unida pedirá que se cumpla con esta resolución.

2. El Ministerio de Medio Ambiente declaró la caducidad de ese expediente en virtud de una disposición de la Ley de Costas que dispone que “los procedimientos sancionadores deben ser notificados en un plazo de 12 meses, trascurrido el cual sin que se produzca (La notificación por parte del ministerio) se dictará caducidad del expediente.” Pues el Ministerio no notificó la resolución al ayuntamiento y el expediente caducó.

Izquierda Unida preguntará al Ministerio de Medio Ambiente el porqué de esta actuación que deja sin efecto el trabajo del Servicio de Costas de su propia competencia en Alicante y que la grave infracción quede impune hasta la fecha.

El sobreseimiento provisional de la denuncia dictado por el juzgado 4 de Torrevieja no fue recurrido por la Dirección de Costas.

El Ministerio Fiscal de Alicante, Sr. Cabedo, el día 15 de diciembre 2004, vía decreto constata que “nos encontramos con una construcción no autorizada sobre un bien de dominio público y encaja en la figura del art. 319-1 del Código Penal”.

 

Trascripción literal del artículo:

 

 

De los delitos sobre la ordenación del territorio

Artículo 319

1. Se impondrán las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección.

2. Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una edificación no autorizable en el suelo no urbanizable.

3. En cualquier caso, los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe

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El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha pedido al Gobierno que reforme el Código Penal para poder perseguir a los alcaldes que no destinen suficiente suelo a Vivienda de Protección Oficial (VPO). Vercher quiere perseguir a los alcaldes que no reserven al menos el 30% del suelo a este fin, como marca la Ley del Suelo de 2007. Así lo revela la Memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de 2007.

El fiscal recuerda el "reconocimiento del derecho constitucional a la vivienda", pero señala que "con frecuencia se dan irregularidades" con la vivienda protegida. Los alcaldes incumplen el porcentaje de suelo destinado a estas casas y es imposible perseguirlos.

El fiscal ha pedido al Ministerio de Justicia que añada un nuevo apartado en uno de los artículos del Código Penal contra la malversación: "La Autoridad o funcionario que diere al suelo [...] destinados a satisfacer fines de primera necesidad o relacionados con la sostenibilidad, una aplicación distinta a la que le corresponda, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años". La redacción permitiría ir también contra las recalificaciones abusivas de suelo protegido.

El informe señala que la corrupción urbanística es cada vez más sofisticada. En Cádiz "se ha observado un progresivo aumento del carácter organizado de las conductas delictivas vinculadas al urbanismo, probablemente al amparo de la generalizada sensación de impunidad" y "han aflorado conductas delictivas que por su carácter complejo y organizado van más allá de lo que hasta ahora eran los comportamientos delictivos detectados".

Ya no se trata de un particular que construye un chalé en suelo rústico, sino que se trata de grandes construcciones (urbanizaciones enteras) con aval de arquitectos, técnicos, ayuntamientos, entidades bancarias... A menudo, detalal el texto, las investigaciones empiezan en Medio Ambiente y acaban en Anticorrupción, como ocurre en Baleares.

Una de las quejas más repetidas por los fiscales de Medio Ambiente es la falta de colaboración de ayuntamientos y autonomías. Entre los que no colaboran -sería más breve dar los que sí- cita a los ayuntamientos de la provincia de Cádiz, Málaga, la Generalitat Valenciana, la Generalitat catalana (especialmente en Barcelona y Tarragona), los Mossos d’Esquadra, o las administraciones de Aragón, entre otros. En la provincia de Málaga, la fiscalía denuncia que los ayuntamientos tienen "una actitud más bien complaciente y poco beligerante" con estas infracciones. Sobre Murcia, explica que los responsables autonómicos "aparentemente también ven con buenos ojos" las investigaciones, pero sólo "hasta que comprueban que son ellos los que pueden estar siendo investigados".

Y aunque la actitud de las autonomías ha mejorado, los municipios siguen siendo reacios a perseguir la corrupción, como señala en Cádiz: "La actuación de las administraciones a quienes corresponde velar por la disciplina urbanística, fundamentalmente los ayuntamientos, no tiene lugar en la forma que sería de desear. Ya no sólo por la inaplicación generalizada de la demolición de las construcciones [...] sino como una palmaria dejación de las facultades de inspección previa, de sanción y de restablecimiento de la legalidad".

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo abrió tres mil diligencias en 2007, 1.220 relacionadas con el medio ambiente y 1.781 con cuestiones relativas a la ordenación del territorio y delitos urbanísticos.

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La empresa Casino Mediterraneo será inspeccionada por presunto fraude fiscal.

El casino ha reiterado el fraude desde 1999, cuando asumió la gestión del inmueble, lo que ha privado a las arcas municipales de 1,1 millones de euros.

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa pidió ayer a SUMA (organismo provincial de recaudación de impuestos, dependiente de la Diputación) que investigue el presunto fraude cometido por el Casino Mediterráneo en la declaración del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) desde 1999 y hasta la última liquidación en 2007 para determinar si el número de mesas operativas coincide con el declarado. En estos últimos nueve años la sala ha declarado 15 mesas. El libro de ingresos de juego y en la página web de sala refleja 20. Trabajadores y clientes mantienen que el número de mesas abiertas desde 1999 siempre ha sido superior a las 15 declaradas.

Desde 1999 ha declarado cinco mesas menos de las que tiene en funcionamiento, lo que le ha permitido escamotear 1,1 millones de euros en impuestos municipales. La sala es una de las mayores de España en volumen de negocio y, aunque paga impuestos por 15 mesas, en realidad tiene 20 operativas.

La documentación que posee el consistorio como aportaciones de IAE del Casino Mediterráneo tan sólo refleja 15 unidades. Las mesas de juego constituyen el 90,2% de este impuesto, y el 82,6% de todas las cargas del consistorio al negocio.

Estas cinco mesas ocultas han acarreado al Ayuntamiento una merma de ingresos de 1,1 millones de euros. "Si se verifica que el número de mesas era mayor del declarado vamos a reclamar el ingreso correspondiente a los últimos cuatro años, puesto que el anterior ya habría prescrito", apuntó el concejal de Hacienda, José Carlos Gil. El edil anunció que el Gobierno "tomará medidas legales si hay delito". El Consistorio podría recuperar alrededor de medio millón de euros.

Anualmente el casino aporta cerca de 450.000 euros a las arcas municipales. Por cada mesa el Ayuntamiento de La Vila recibe 24.654 euros. El IAE de las máquinas tragaperras es menor, unos 725 euros al año por cada una de ellas, y en este caso también difieren las cifras oficiales de las declaradas: 64 según la empresa, 53 reconocidas a la hora de pagar impuestos.

SUMA recibió hace un mes documentación referente a la presunta comisión de un fraude durante los últimos años en el casino, y ya ha abierto un expediente. Mientras, el Casino ha aumentado de 15 a 20 su previsión de mesas para 2008. La previsión de mesas se realiza al inicio de cada año, y en septiembre u octubre se abona la cantidad, con un margen de error permitido del 20%.

El casino informó en enero a SUMA el cambio, el más importante en cuanto a número de mesas desde que el Grupo Acrismatic gestiona el local, en 1999. Este cambio se notificó después de que el Gobierno del PP perdiera la alcaldía, en mayo de 2007.

El Casino Mediterráneo es uno de los más importantes de España en volumen de negocio, y genera unos beneficios de unos 30 millones al año.

El casino, en manos del empresario Jesús del Álamo Martínez desde 1999, trasladará este verano su sede central al puerto de Alicante, desde donde en octubre saldrá la regata de la Volvo Ocean Race. En los terrenos contiguos al casino de La Vila Joiosa planea un gran hotel y 4.000 casas.

Tras la quiebra del Casino Costa Blanca, la sociedad presidida por Jesús Álamo Martínez, Casino Mediterráneo, SA, ganó el concurso convocado por la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, bajo mandato del PP. La orden se publicó en el DOGV del 29 de abril de 1999.

Las relaciones del antiguo equipo de gobierno popular de La Vila Joiosa con Álamo siempre han sido excelentes. En 2005, con la llegada de Antonio Barajas a la dirección del complejo de ocio, se intensificaron. Prueba de ello es el nombramiento de María Dolores Miquel Orozco como jefa de administración. Es hermana de Jaime Miquel, una de las personas más próximas al ex alcalde, José Miguel Llorca Senabre, con el que comparte vínculos afectivos. El alcalde de La Vila Joiosa, el popular José Miguel Llorca Senabre, nunca estuvo registrado como médico colegiado en ninguna provincia de España, según la base de datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. y que presentó renuncia a su acta de concejal se produce después de que varios medios de comunicación publicaran noticias que cuestionaban aspectos académicos del regidor, de quien se dice que habría ejercido la medicina en una clínica sin tener la titulación correspondiente ni estar colegiado.

El gobierno popular, que llevó a cabo una gestión basada en la expansión urbanística, colaboró en varias iniciativas conjuntas con el casino. En 2006, el Grupo Acrismátic encargó al arquitecto Adolfo Rodríguez, autor de la torre Lugano de Benidorm -edificio residencial más alto de España- el diseño del Hotel Casino, un proyecto para levantar en la parcela la torre más alta de Europa, con 52 plantas y 270 metros de altura. Un hotel de cinco estrellas que superaría en altura y calidad al Gran Hotel Bali de Benidorm y apuntalaría el plagio del modelo turístico de la ciudad vecina anhelado por el PP.

 

Via El Pais. Sergi Castillo

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EUPV pedirá en les Corts Valencianes apartar de las instituciones a los imputados por corrupción

"El PP está actuando de una manera completamente antidemocrática" "Pueden rechazar todas mis propuestas sin ni siquiera escuchar, pero legalmente no pueden impedir el debate

La diputada de Compromís en las Corts e integrante de EUPV, Marina Albiol, ha presentado una proposición no de ley, para debatir en el próximo pleno de la Cámara autonómica, que recoge "las principales medidas para luchar contra la corrupción" y, de este modo, "apartar a los imputados de las instituciones".

Albiol se expresó en estos términos en un comunicado, después de "la censura sufrida la semana pasada por parte de la Mesa de las Corts Valencianes" que, según explicó la parlamentaria de Compromís, no aceptó su interpelación al conseller de Justicia, Fernando de Rosa, sobre corrupción, "alegando que en el País Valencià no existe".

No obstante, Marina Albiol destacó que "el PP no se va a salir con la suya" y aseguró que no permitirá que los dirigentes de este partido "continúen vetando todas las preguntas, interpelaciones y iniciativas sobre corrupción".

"El PP está actuando de una manera completamente antidemocrática", criticó la diputada, quien indicó que "tener mayoría en las Corts no significa que puedan decidir de que se habla y de que no se habla en la Cámara autonómica". En este sentido, señaló que "pueden rechazar todas mis propuestas sin ni siquiera escuchar, pero legalmente no pueden impedir el debate", apostilló.

Albiol aseveró que "son muchos los casos de corrupción que afectan al País Valencià, a nivel local, municipal y autonómico, y demasiados los cargos públicos imputados por ellos, como el senador y ex alcalde de Burriana (Castellón), Alfonso Ferrada; el alcalde de Torrevieja (Alicante), Pedro Hernández Mateo, o el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra".

Por este motivo, la parlamentaria de Compromís pretende que las Corts apruebe la proposición no de ley que ha presentado en la que "se obliga a los cargos públicos a declarar anualmente sus bienes, actividades e ingresos, que apuesta por un régimen más estricto de incompatibilidades o que pide que los cargos públicos no puedan pasar a trabajar directamente a empresas privatizadas, como en el caso de Eduardo Zaplana".

En su opinión, "si cuestiones como esta se aprobaran y se pusieran en práctica, a personajes como Fabra o Hernández Mateo les sería mucho más difícil continuar beneficiándose de su condición de cargo público", manifestó.

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Los Verdes llevarán a la Fiscalía Anticorrupción el «cumpleaños» del alcalde de Torrevieja

Los popPulares en éxtasis cuando Mateo dirigió al coro actuante de concejales junto a Camps cantando habaneras, entre ellas “El Ppirata”

El grupo municipal de Los Verdes (LV) presentó ayer una solicitud en el Ayuntamiento para que se le faciliten los datos relativos al importe que le ha podido costar a las arcas municipales la celebración del aniversario del 20 cumpleaños como alcalde de Pedro Ángel Hernández Mateo al frente del Ayuntamiento, acto que definió como "fiesta del alcalde que convierte a la ciudad en la capital del caciquismo en la España del siglo XXI".
Así mismo, se reclama un informe sobre los gastos por la utilización del local público Centro Cultural Virgen del Carmen, regulado a través de una ordenanza de precios públicos; del personal funcionario y de seguridad que participó, además del personal que se ausentó y "dejó de prestar sus servicios municipales para sumarse al evento durante su jornada de trabajo".
LV anunció ayer que se dirigirán al fiscal Anticorrupción para poner estos hechos en su conocimiento, con el fin de que se depuren las responsabilidades.
Para LV no ha sido ninguna sorpresa "el sarao" que se ha montado para el evento, ya que desde hace años "venimos denunciando la constante instrumentalización partidista y electoralista que el PP viene haciendo de los medios y personal municipal", todo ello "sin contar con las actuaciones de enchufismo y de clientelismo que se viene produciendo en la contrataciones".
En este sentido se denuncia "la ingeniería" que practica el PP "en la gestión de los más de 100 millones de euros del presupuesto para ganar voluntades y fidelizar a sus votantes".
LV califica como "bastante inexplicable" la presencia del presidente Camps "en una celebración privada", donde el alcalde y los concejales del PP "han hecho una utilización privada de toda una serie de medios públicos que presumiblemente podría conllevar la comisión de irregularidades y de presuntos delitos de los funcionarios públicos".
El alcalde y varios cargos públicos, se añade, podrían haber incurrido en una desviación de poder por utilizar sus competencias y potestades públicas para fines y objetivos distintos de los señalados por el ordenamiento jurídico, donde "hay indicios racionales sobre que podría haberse cometido un supuesto delito de malversación de fondos públicos, así como un delito en el ejercicio de sus funciones".

Se considera malversación de caudales o efectos públicos su sustracción, o el consentimiento para que ésta se verifique, o su aplicación a usos propios o ajenos por parte de quien los tenga a su cargo.

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La política del PP con mayorías absolutas crea caciques y es la tierra para el cultivo de la corrupción urbanística, la destrucción del medio ambiente, el urbanismo salvaje y la falta de políticas sociales justas. Torrevieja cumple todos los requisitos para ser el ejemplo de la política corrupta y nepotista del PP. El "alcalde modelo" del PP para cualquier pueblo de España...

Hubo más ausencias que presencias. El acto de celebración del vigésimo aniversario de la llegada de Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, a la alcaldía de Torrevieja no ahorró ayer medios materiales y humanos para auto ensalzar su figura política y personal. El único presidente del Consell que apareció fue Camps. De su antecesor, Eduardo Zaplana, ni una sola imagen ni mención.

Camps no se ruborizó al elevar, por tercera vez en un año, a Torrevieja como paradigma de la ciudad del siglo XXI.. "Si alguien quiere saber qué ha pasado en España en los últimos años y cómo ha cambiado la sociedad tienen que fijarse aquí", dijo.

Aprovechando su condición de alcade, Mateo utilizó el centro Cultural Público Virgen del Carmen donde se celebró el acto; reservó aparcamientos en plena calle para invitados como el presidente de la Generalitat, utilizó a la Policía Local para regular el tráfico al igual que a su gabinete de prensa de Alcaldía para hacer la convocatoria del acto mientras que el presentador del evento fue un funcionario.Además, fue arropado por funcionarios y trabajadores contratados del Ayuntamiento y por sus concejales, todo ello en horario laboral. Al parecer, ninguno de ellos quiso perderse el acto en el que, como estaba previsto, ningún concejal de la oposición acudió. Y para poner la guinda Camps, del PP destacó la contribución de Hernández Mateo "en la materialización de las expectativas democráticas y las oportunidades".

Mateo concluyó con una lluvia de piropos hacia Camps por los proyectos que ha impulsado que demuestran que "el cordón umbilical que nos une es muy fuerte".

De nuevo, Camps obvió que el artífice de ese milagro alcanzó la vara de mando mediante una moción de censura y que 20 años después acumula dos imputaciones: una por la multimillonaria plusvalía de 5,2 millones de euros que le reportó la compraventa de una finca y otra por supuestos pagos ilegales de la Corporación. La gestión urbanística de Hernández Mateo exhibe un cúmulo de irregularidades y le valió hasta una amonestación del Defensor del Pueblo. El regidor apostó por el urbanismo horizontal, y en dos decenios, a base de cien modificaciones puntuales del PGOU, ha poblado el término de un laberinto de urbanizaciones, según los expertos policiales, cobijo perfecto para grupos criminales organizados.

Tanto le gusta a Hernández Mateo la gestión urbanística que el mismo día de su efeméride inaguró sin decoro alguno el nuevo edificio de urbanismo. Ärea que no dispone de concejal y que tampoco será reflejada en el nuevo proyecto de gestión municipal de grandes municipios. Quedándo así acotada su gestión a piacere y sin perrito que le ladre. El alcalde subrayó que la parcela donde se ubica en principio iba destinada a la construcción del archivo municipal, pero finalmente se decidió levantar un edificio funcional que pudiera albergar la sede de la Gerencia de Urbanismo.

El éxtasis poppular llegó cuando el propio Mateo dirigió al coro actuante de concejales de varias legislaturas cantando habaneras, entre ellas “El Pirata”, ya que es una canción tradicional de la familia del alcalde, que eran antiguos marineros.

Entre los dos discursos se proyectó un vídeo de algo más de cuatro minutos con imágenes de inauguraciones y actos oficiales del alcalde durante sus dos décadas en el mando. Pero no hubo ni rastro de Zaplana en sus siete años de presidente del Consell, ni de su valedor, José Joaquín Ripoll, que no asistió al acto; sólo apareció un instante en el vídeo. El ostracismo de Zaplana y Ripoll contrastó con la masiva proyección de imágenes de Camps y sus consejeros, inaugurando y cortando cintas. Y como en los cumpleaños felices, una gran tarta puso el broche final al evento.

Mateo pidió perdón a sus familiares “por haberles ocasionado tanto sufrimiento, pero ha valido la pena porque hemos cambiado Torrevieja”. Dijo que “tengo un pacto con mi familia, 24 años (de alcalde) nada más” y explicó que “ser político es estar en el día a día de las personas, resolver sus problemas, atenderles y no ser sectario, me hayan votado o no”

 

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Cumpleaños... pero con fondos públicos

 

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El PP veta una interpelación sobre la corrupción alegando que no existe.

Albiol (EU) sostiene que la censura "es un síntoma de la complicidad con los imputados"

Las Corts no podrán debatir sobre los casos de supuesta corrupción en la Comunitat Valenciana, con varios cargos del PP imputados en procesos judiciales, porque, en opinión de los populares, no hay tal corrupción. Los representantes del PP en la Mesa de la Cámara vetaron en la reunión del martes una interpelación formulada por la diputada de Esquerra Unida en el grupo de Compromís Marina Albiol al conseller de Justicia, Fernando de Rosa, sobre la política general del Consell en materia de corrupción.
Según fuentes de la reunión, la secretaria primera de las Corts, Mª Fernanda Vidal (PP), justificó la negativa a tramitar la interpelación -que habría obligado a De Rosa a explicarse en el pleno de la próxima semana-, invocando el artículo del reglamento que permite no admitir preguntas si incluyen valoraciones que se consideren ofensivas. Vidal dijo que la iniciativa contenía un juicio de valor, ya que, aseguró, aquí no han corrupción, según las fuentes citadas.
Marina Albiol denunció ayer la "censura" sufrida, consideró que "la corrupción afecta al PP de norte a sur del País Valenciano" y subrayó que con su interpelación quería "poner de manifiesto que la Generalitat no está poniendo los medios adecuados para que se haga justicia". "El hecho de que el conseller de Justicia no quiera comparecer en las Corts para hablar de los numerosos casos de corrupción que asolan el País Valenciano es un claro síntoma de la complicidad de todo el PP con los imputados por corrupción. Todo el PP, incluido el presidente de la Generalitat y los consellers que apoyan a personajes como Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castelló, imputado por diversos delitos contra la Administración y un presunto delito fiscal", sentenció. A su juicio, el PP tiene "secuestrado el legislativo" y ha decidido que la corrupción es "tabú".

El incidente en el pleno

El veto se produce tras el incidente de hace meses, cuando en un debate Albiol aludió a la situación judicial del también diputado autonómico y alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo (PP), y éste luego la instó a callar o se vería obligado a "decirle que era una de esas personas a las que se conoce por la profesión de su madre". La presidenta no ha querido reunir a la comisión del Estatuto para enjuiciar esta actitud. "No me harán callar", dijo ayer Albiol, tras aludir a otro diputado con problemas, Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante. Además, instó a De Rosa a aclarar qué medidas ha tomado para evitar el problema del juzgado de Nules que tramita el caso Fabra, tras cuatro años y nueve jueces.

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