CORRUPCIÓN, CORRUPTOS Y CORRUPTELAS

Trama político-empresarial: La denuncia de Telmicro Levante S.L ya ha sido remitida por la Fiscalía Anticorrupción a los juzgados de Torrevieja

 Según el periódico EL MUNDO, el pasado 2 de febrero, el gerente de la televisión por satélite más importante que operaba en la Vega Baja, Ángel Osuna (Telmicro Levante SL), denunció en Anticorrupción una trama organizada para "crear opinión política entre los residentes europeos" en su zona de influencia. Según ha podido saber EL MUNDO, ya ha sido remitida por la Fiscalía Anticorrupción a los juzgados de Torrevieja, donde está pendiente de que el decanato le asigne un juzgado concreto.

Recordemos que la Guardia Civil, cerró la empresa Telmicro Levante, que presuntamente retransmitia una serie de canales ilegalmente de Sky y la BBC en toda la Costa Blanca y Costa Sol, miles de residentes británicos se han visto afectados. La compañía gestionó un sistema de distribución de microondas que tomaba un número de canales populares del satélite y que los retransmitía localmente. en un paquete de 57 canales, cerca de 10 eran de los locutores britanicos Sky y la BBC. Una acción similar contra la compañía fue admitida en mayo retirando esta los canales, pero pocos dias mas tarde los volvieron a poner.  Diecisietes personas fueron arestadas, principalmente britanicos. La Guardia civil cerró las oficinas y confiscó los equipos lo que causó un gran alboroto en los clientes locales que  pagaron una suscripción anual alrededor de 180€, mas las cargas de instalacion que fueron de 500€. Según fuentes locales, Telmicro Levante es una de las muchas compañías que ofrecen estos servicios a lo largo de las costas españolas.

Finalmente, después de 72 horas de la detención, incluido un antiguo concejal de Los Montesinos,  las 17 personas responsables fueron puestas en libertad sin cargos. Muchos extranjeros en España tienen antenas parabólicas que apuntaban hacia las plataformas DTH de su pais, incluyendose entre ellos BSkyB y Freesat, Canal Digital Holanda y Premier de Alemania.

El ex presidente de la Mancomunidad de Promoción Económica de la Vega Baja y ex concejal socialista de Los Montesinos, Francisco José Paredes Quesada, fue relevado en su puesto por el alcalde de Algorfa, Antonio Lorenzo.

Paredes Quesada, con residencia en Los Montesinos, regenta varias empresas, entre las que se encuentra la investigada, Telmicro Levante SL. El objeto social de esta mercantil era «la preparación y la realización de proyectos de instalación de redes telefónicas, redes de telecomunicación y redes de televisión en urbanizaciones y edificios».

El ex concejal y ex presidente de la Mancomunidad Vega Baja figura como administrador único de las siguientes empresas: Bricolage Montesinos, Vegazahar Restauraciones, Grupo Bricomon Hispania, Corporación Empresarial Servimed, Supra-Gestiones Alicantinas, Willier 2002, Casas Nuevas Costa Blanca y la citada Telmicro Levante. Además, tiene participaciones como socio en la propia Vegazahar, en la que posee el conocido Restaurante La Herradura en arrendamiento, Grupo Bricomon Hispania y Supra-Gestiones Alicantinas.

La denuncia de Telmicro Levante S.L. ha sido presentada en Anticorrupción

Poco antes de las últimas elecciones municipales, la provincia de Alicante registró un total de 181.725 residentes comunitarios con posibilidad de participar en los comicios, 51.545 de los cuales expresaron su intención de ejercer el voto.

Sólo entre los súbditos británicos este número aumentaba hasta los 28.810 votantes y hasta el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha ido creciendo mes a mes, ya que un estudio del Ministerio de Vivienda de un año antes reflejaba como una de cada cuatro operaciones inmobiliarias fue protagonizada por extranjeros en la provincia.

Según relata EL MUNDO el pasado 2 de febrero, el gerente de la televisión por satélite más importante que operaba en la Vega Baja, Ángel Osuna (Telmicro Levante SL), denunció en Anticorrupción una trama organizada para "crear opinión política entre los residentes europeos" en su zona de influencia. Según ha podido saber EL MUNDO, ya ha sido remitida por la Fiscalía Anticorrupción a los juzgados de Torrevieja, donde está pendiente de que el decanato le asigne un juzgado concreto.

En la denuncia, hace responsables a los integrantes de una trama con origen en el Pilar de la Horadada de la intervención policial en sus instalaciones en agosto de 2008 que ha desactivado desde entonces la mayor empresa de comunicación por satélite de la comarca, con cerca de 40.000 abonados en su momento de mayor expansión.

Sus clientes han sido captados por una televisión de nueva creación, el Grupo Torresat TV, capitaneado por la concejal tránsfuga socialista pilareña, Josefa Meroño (actualmente líder del partido independiente Unión Pilareña). Junto a ella se denunció a su socio José María Tornel, al abogado murciano J. A. R. C. y al empresario del sector David de Gea Pérez (Teleast Digital SL), todos ellos englobados en el Grupo Torresat.

En la extensa denuncia (acompañada de un informe de un despacho de detectives privados), Osuna relata cómo desde octubre de 2007 venía sufriendo "sucesivas amenazadas y presiones" por parte de esta trama para que incorporase en los contenidos emitidos a través de su televisión "telediarios de información general para la comunidad de europeos residentes".

Ante su negativa, usaron métodos más contundentes. Incluso se relaciona en la trama al sargento de Guardia Civil de Torrevieja D.S H., instructor de la ’Operación Cimitarra’ que supuso la intervención el 12 de agosto de las empresas de Telmicro y la detención de todos sus trabajadores. El agente de la Guardia Civil es ex marido de una de las trabajadoras de Torresat (Antonia Pérez), como descubrieron los detectives.

En el trasfondo de la denuncia de Osuna se detalla cómo Torresat, ante la imposibilidad de imponer a la empresa hegemónica en la zona sus contenidos políticos, se sirvió de una denuncia previa de Sogecable contra la mercantil alicantina (en el juzgado 3 de Torrevieja) para desactivarla. Y así luego, ante el vacío de oferta de televisión por satélite, hacerse con su mercado.

El propietario de Telmicro tuvo los primeros contactos con Meroño y Tornel (en representación de Televise in Broadcasting SL, una empresa que se dedicaba a vídeos promocionales en campaña electoral en la Vega Baja) a través de De Gea, con quien colaboraba Telmicro en la zona de Pilar de la Horadada. De hecho, Tornel se le presentó con otro nombre, José María Fuster. Le propusieron unirse para incluir contenidos políticos en sus emisiones y el dueño de Telmicro se negó. A partir de ahí, siempre según la denuncia, le coaccionaron para que les vendiese el canal.

Las coacciones

Así, meses después, tanto la empresa de Osuna como la de Meroño compitieron por hacerse con una tercera empresa que operaba en la zona de Orihuela Costa, Torresatelit TV, que su propietario había puesto en venta. Meroño se hizo con una parte accionarial, el germen del Grupo Torresat (Torresatelit TV, Tevise in Broadcasting y Teleast).

En junio de 2008 las relaciones entre ambas mercantiles llegaron a un punto de máxima tensión. Fue en este momento en el que apareció por primera vez el guardia civil D. S. H., quien exigió a Osuna que compareciese en el cuartel "a fin de prestar declaración por los contenidos que retransmiten sus empresas". Personado allí el empresario, le dijeron que ya no era necesario. Diez días después, el agente se presentó en las instalaciones de Telmicro junto a un compañero y le amenazó diciéndole que se trataba de una "cuestión personal".

El propietario de Telmicro, que estuvo detenido junto a sus trabajadores 60 horas en el transcurso de la operación, califica de "desproporcionada" la intervención. hace meses, se desactivó otra empresa similar, Solaris, con alrededor de 15.000 clientes.

 

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Fotos:

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El concejal de San Fulgencio va a la cárcel por soborno

23/10/2008 La titular del Juzgado número tres de Orihuela acordó ayer el ingreso en prisión de Manuel Barrera, concejal independiente de San Fulgencio, por un delito de cohecho, según informó el Tribunal Superior de Justicia valenciano. El concejal declaró ante la juez por espacio de dos horas en presencia del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. Fue éste quien el lunes ordenó el arresto de Barrera, cuatro días después de la difusión de un DVD que recoge el momento en el que que el edil coge un sobre con 5.000 euros a cambio de apoyar el PAI de la Cantera.

La cinta reproduce una comida entre Barrera y dos representantes de un grupo inversor de Cataluña y Andorra celebrada en un restaurante en Valencia a principios de septiembre. En un momento de la conversación, uno de los dos interlocutores de Barrera asegura: "Ya tengo una consignación desde agosto, 5.000 euros". Y, a continuación, le entrega el sobre a Barreda. Éste coge el sobre, examina el interior y comenta: "Mejor en billetes grandes, ocupan menos espacio".

El DVD fue distribuido ayer de manera anónima en un sobre a los medios de Alicante y un día antes entre los vecinos de San Fulgencio. Aparte de la cinta, el sobre contenía un escrito, cuya autoría se atribuye un grupo de empresarios no identificados. La nota señala que han decidido dar a conocer la grabación tras comprobar que el proyecto urbanístico con campo de golf, casino, puerto deportivo y hoteles en el que les propuso invertir el concejal Barrera "no existe". "Donde este individuo proponía la construcción de un puerto deportivo es una zona totalmente protegida por la ley en la que no se puede mover ni una sola piedra", señala el anónimo.

"Según Manuel Barrera, la alcaldesa, Fina Mora [en referencia a la ex regidora del PP] estaba al corriente de estos proyectos y era socia de él, garantizándole el buen fin del proyecto, ya que el PP le debía favores", recoge la nota en otro pasaje. "Para empezar nos exigió una entrega económica para facilitarnos documentación, alegando que le hacía falta para comprarse un coche, hacer reformas en su casa, irse de viaje, comprarse un barco, sus juergas con las mujeres y así seguir manteniendo su doble vida", añade.

SANTIAGO NAVARRO - Alicante -El País.

El PP autoriza verter residuos en el Balneario de Lodos pese a la prohibición emitida por Costas

*Las fotografías fueron tomadas el 19 febrero 2008 por IU, que ya denunció el acopio de tierras.

Como ya venimos anunciando, el Partido Popular de Torrevieja continúa con su política de beneficio privado, sin respetar las sentencias judiciales, y destroando el ecosistema con proyecto que sólo van a beneficiar a los bolsillos de los dirigentes populares,  que destruyen nuestro entorno y no benefician a nadie más.

El Equipo de Gobierno popular del Ayuntamiento de Torrevieja ha autorizado el vertido de residuos solidos en el Parque de Relajación, más conocido como Balneario de Lodos, a pesar de que el Ministerio de Medio Marino, a través de la Dirección General de Costas abrió en diciembre de 2004 un expediente sancionador y paralizó los trabajos por tratarse de una obra que invadía terrenos situadas en Dominio Público Marítimo Terrestre, pendiente de deslinde, y por carecer de autorización para ejecutar cualquier tipo de obra o actuación.

Eduardo Gil Rebollo, firma una autorización donde se permite a la mercantil Explanaciones del Mediterráneo S.L. el depósito en el balneario de los productos de excavación de la obra situada en la Avenida Delfina Viudes destinada a la construcción del nuevo colegio público número 10.
El depósito de dichos productos que, al parecer, son tierra y escombros se realizará en "la obra municipal denominada Parque de Relajación" recoge el escrito.

Sin embargo en el mes de febrero, el grupo municipal de Izquierda Unida ya denunció al Servicio de Costas del Ministerio de Medio Ambiente para denunciar el acopio de tierras y las obras que se están realizando en el Parque Natural concretamente en el enclave donde el PP pretende levantar su Balneario de Lodos

El concejal Eduardo Gil no atendió ayer las llamadas realizadas por ningún  medio para conocer las razones para autorizar el vertido en una zona donde cualquier actuación está prohibida en la actualidad.

En el expediente abierto por Costas, que obra en poder de Izquierda Unida, el fiscal tras la denuncia del Seprona, encargó un informe a la abogacía del estado donde se habla textualmente de un posible delito contra la ordenación del territorio por parte del ayuntamiento de Torrevieja, concretamente de la alcaldía, en la invasión de terreno de dominio público-terrestre.
IU considera una burla temeraria y una provocación el seguimiento de las obras aún sabiendo de la prohibición e insta al Ministerio de Medio Ambiente para que la fiscalía prosiga en el esclarecimiento de las denuncias efectuadas tanto por el Seprona como por Izquierda Unida e impedir la continuidad de un proyecto no solo nocivo para el Parque Natural sino posiblemente fuera de la legalidad vigente y se depuren las posibles responsabilidades administrativas y penales si las hubiere.
El pasado 23 de octubre el grupo municipal de IU pidió el acceso al expediente presentado por la empresa constructora del Balneario con las modificaciones de la II Fase. Seguimos al día de hoy sin tener el acceso al expediente. El PP pretende ocultar el complejo diseñado.
Hay que recordar que el gobierno en respuesta a IU en las Cortes sobre el balneario de lodos confirmó la sanción y la paralización. La multa se elevaba a 298.441 euros, 49 millones de pesetas según estipula el art. 97.1 de la citada ley y el expediente sancionador se archivó al no cumplir el requisito de notificación a las partes como así consta en los documentos que obran en poder de IU.

El pasado mes de junio IU anunció el PP había modificado el proyecto del Balneario  y esta modificación pretendía salvar los impedimentos legales. Entre los edificios proyectados, restaurantes, piscinas y otros destaca una piscina artificial de 2.000 m2 que será alimentada con agua de la red pública de abastecimiento municipal. Un verdadero disparate. Y otras piscinas que pretenden ser alimentadas con lodos provenientes del salmueroducto de Pinoso.

El Partido Popular con sus alcaldes a la cabeza piden agua para todos y lo que en realidad necesitan es agua para estos proyectos insolidarios e inútiles a la par que ilegales.

Izquierda Unida propondrá que se siga con la paralización definitiva de la obra y se deniegue el permiso para este nuevo proyecto modificado que malgasta el agua, invade un parque natural y está construido ilegalmente en terreno público sin permiso de la administración.
Recordar que gracias a las acciones de IU, el expediente sancionador de fecha 20 de junio de 2005 proponía una sanción económica de 149.220 euros así como la demolición y retirada de las obras que invaden el dominio público. Así mismo, el Ministerio de Medio Ambiente declaró la caducidad de ese expediente en virtud de una disposición de la Ley de Costas que dispone que “los procedimientos sancionadores deben ser notificados en un plazo de 12 meses, trascurrido el cual sin que se produzca, por lo que Izquierda Unida preguntará al Ministerio de Medio Ambiente el porqué de esta actuación que deja sin efecto el trabajo del Servicio de Costas de su propia competencia en Alicante y que la grave infracción quede impune hasta la fecha.
El sobreseimiento provisional de la denuncia dictado por el juzgado 4 de Torrevieja no fue recurrido por la Dirección de Costas.
El Ministerio Fiscal de Alicante, Sr. Cabedo, el día 15 de diciembre 2004, vía decreto constata que “nos encontramos con una construcción no autorizada sobre un bien de dominio público y encaja en la figura del art. 319-1 del Código Penal”.

Los portavoces de los grupos políticos en la oposición de Torrevieja coincidieron en señalar sobre la autorización del vertido, que es "ilegal", al existir un expediente que paraliza cualquier actuación o trabajo a todos los efectos.
Tras considerar que se trata de un supuesto delito ambiental la oposición anunció que los hechos serán denunciados ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y en el Servicio Provincial de Costas.

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El fraude del censo

Con motivo de la renovación del convenio con Costa Azul, que seguiremos sufriendo los torrevejenses, Hernández Mateo  mostró su preocupación al haberse detectado, según sus palabras literales,  que un buen número de personas se empadronan en la ciudad y a los pocos días se dan de baja del padrón municipal, aprovechándose en el momento de estar empadronados para sacarse el carnet gratuito del autobús. Para el alcalde de Torrevieja, este tipo de fraude a la administración local, que ya ha sido detectado, está siendo analizado por el consistorio y la empresa Costa Azul para tomar las medidas correctoras y eliminar este fraude lo antes posible. El alcalde afirmó que cuando se tuvieran todos los datos sobre este tema se dará públicamente debida cuenta a todos los ciudadanos.r

Las palabras de Mateo fueron claras: fraude, censo y medidas correctoras. La empresa Costa Azul S.A. es la titular de la concesión de la explotación de las líneas del transporte urbano en la ciudad, y cuenta en la actualidad con siete líneas de transporte (La Mata, Las Torretas, Las Lomas, Rocío del Mar, Los Balcones, Los Altos y San Luis). El nuevo convenio anual entre el Ayuntamiento y la empresa Costa Azul, para el transporte urbano en el término municipal, por un importe de 3.078.383 euros.

Se da la circunstancia que en el sistema de empleo de tarjetas la administración no puede ejercer control alguno, dándose el caso de pase de tarjetas entre ciudadanos y comprobación municipal según datos que facilita la propia empresa. Y a esto se suma las quejas de los ciudadanos que exigen que las paradas de autobús se señalicen y se hagan las marquesinas necesarias para que esperar a los autobuses  no siempre puntuales, no se haga a la intemperie.

En algunas zonas, como es la Ronda Ricardo Lafuente, adivinar dónde se ha de esperar el autobús se vuelve misión imposible al no existir señaliación alguna lo que además provoca que las mujeres usuarias de la linea de la Mata tengan que sufrir como los coches las abordan al confundirlas con prostitutas de la zona pues la parada ni está señalizada, ni se vislumbra, a pesar de ser parada usual para muchos escolares diariamente.

Izzquierda Unida ya ha anunciado que pedirán la fiscalización en Pleno del actual sistema de control y pago a la empresa Costa Azul S.L. sobre los últimos cinco años y  ha acusado al gobierno del Partido Popular de «haber permitido y fomentado el fraude en el empadronamiento» de la ciudad hasta que que «la crisis que sufren las arcas municipales, con una deuda que cifra en torno a los cien millones de euros, ha precipitado el recorte en el despilfarro y descontrol del mal llamado transporte gratuito».

Según IU,  el empradonamiento ficticio y fraudulento no solo repercute en el transporte sino que también evidencia trampas en materia electoral, en las ayudas a pensionistas de 300 euros y las ayudas indiscriminadas que establece el PP por motivos políticos y clientelares. El censo actual es irreal estando inflado por estos motivos.
El PP está actuando como si descubriera ahora el fraude cuando ellos son los que lo han fomentado y establecido. Actúan insultando la inteligencia de los ciudadanos que pagan, utilicen o no el transporte, mas de 350 euros anuales: cada uno de los 100.000 empadronados paga ese dinero vía impuestos municipales.

El Concejal Gil Rebollo responde al grupo municipal de IU

El concejal Gil Rebollo informa a IU (que no a los ciudadanos) de que "el Sistema de Concierto con una empresa prestataria del servicio, ha sido adoptado por considerarlo el más viable, efectivo y menos gravoso a los intereses generales de este Municipio; significando que es esta una figura contemplada en el ordenamiento jurídico y de mayor viabilidad para una ciudad de las características de Torrevieja". Y le recuerda a los dos ediles de IU que, "gracias a Dios, no estamos en un país COMUNISTA, y que Torrevieja no es la decadente ni la dictatorial Cuba de la familia Castro".

Gil rebollo expone que "de esta forma, IU tiene la obligación y el deber de precisar, no solamente el supuesto fraude al que alude sin ningún tipo de pruebas ni documentación, sino también demostrar que es el equipo de gobierno municipal y los trabajadores y funcionarios quienes lo han “fomentado y establecido”. En el caso de no demostrar todas estas acusaciones y hechos imputados, o retractarse públicamente de los mismos, este concejal instará al Ayuntamiento de Torrevieja a interponer contra Martínez Andréu y su formación política las acciones legales que procedan".

 

Indudablemente el PP utiliza las ayudas sociales electoralmente, lo que para Izquierda Unida significa una trampa electoral claramente.

Con estas afirmación, ,Izquierda Unida invita a  E. Gil "si aún tiene dudas sobre la veracidad o legalidad de nuestras declaraciones le instamos a que acuda, sin dilación", a los tribunales a interponer “las acciones legales que procedan” como así ha solicitado a su equipo de gobierno. Y ha querido dejarle claro que:

El Sr. Gil desconoce que nuestras fuentes para hablar de este “fraude” son las declaraciones del alcalde Hernández Mateo, aparecidas en la prensa hace pocos días, y las suyas propias a través de una emisora de radio local. Ellos han sido los que han dicho literalmente la palabra “fraude”.
Creemos que es obligación de E. Gil el leer la prensa, aunque solamente sea en lo que afecta a su concejalía y recordar lo que él mismo dice, esto es lo mínimo que se le puede pedir.

Además IU mantiene que ofrecer la gratuidad del  transporte, sin solicitar más garantía que  dar (a la empresa concesionaria) el DNI y una foto ¿qué podemos esperar sino casos de fraude? ¿Acaso no es fomentar el fraude el no poner medidas para evitarlo?
Por otro lado, el dejar como único sistema de control del pase de tarjetas gratuitas de transporte a una auditoria contratada por la concesionaria es una dejadez de funciones por parte del Ayuntamiento.

Referente  a un “censo ficticio” que conlleva “trampas electorales”, es de la más pura lógica que si una persona se empadrona en Torrevieja con la única intención de conseguir algún tipo de ayuda social, como el transporte gratuito, y con la intención de borrarse de este padrón una vez obtenida esta ayuda: se está incrementando fraudulentamente el padrón.
Si se incrementa fraudulentamente, como así han reconocido el alcalde y su concejal al denunciar el caso, el padrón de habitantes, consecuentemente se incrementa fraudulentamente el censo electoral, dando como resultado un censo ficticio, que puede alterar resultados electorales (porcentaje de votos, abstención,  número de concejales, etc.).
Este incremento ficticio del censo ha sido inducido por el PP, con un claro sentido de rentabilidad electoralista, ya que busca fidelizar votos a través de cierto tipo de ayudas periódicas, diciendo hasta la saciedad que la oposición si llegara a gobernar eliminaría este tipo de ayudas, falseando así la realidad puesto que ningún grupo de la oposición ha planteado jamás su supresión.

Gil Rebollo niega que el actual sistema de transporte sea un despilfarro, como afirma IU; lo que demuestra que para él ahorrar una cantidad estimada de 1.000.000 € es algo insustancial y “cosa de comunistas”.
Su frase “gracias a Dios, no estamos en un país comunista”, demuestra claramente su grado democrático y el del PP local y no deja de recordarnos la acuñada frase “Francisco Franco caudillo de España por la gracia de Dios”. ¿Olvida el concejal Gil Rebollo que el gobierno de este país lo deciden las urnas y no un supuesto poder divino?
Por otro lado, y teniendo en cuenta que IU utilizó como ejemplo al Ayuntamiento de Valencia para su propuesta de municipalización del transporte, el concejal de transporte de nuestro ayuntamiento parece considerar a la alcaldesa Rita Barberá militante del PCE. Y si todo esto no es así, es simplemente que quieren beneficiar a la empresa privada en detrimento de las arcas públicas.

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Una nueva sentencia contra el Ayuntamiento de Torrevieja sobre el antiguo cartel de la Guardia Civil condena a una nueva indemnización y a demoler la Sala de Exposiciones Vista Alegre

El caso del antiguo Cuartel de la Guardia Civil tiene ramificaciones en la obra que el Ayuntamiento de Torrevieja hizo en la antigua casa del Jefe de las Salinas donde, según sentencia nº 101/2008 del juzgado de lo contencioso-administrativo nº1 de Elche, el ayuntamiento invadió 46,28 m2 propiedad de TRAVENSA y condena al consistorio a la “reposición del inmueble a su estado anterior al inicio de la ejecución de las obras así como la restitución de los 46, 28 m2 indebidamente ocupados.” La indemnización se fija en 29.715 euros.

Izquierda Unida se pregunta cual será el montante final de la nefasta operación del alcalde de Torrevieja para “proteger el antiguo cuartel” que tendremos que pagar todos los torrevejenses de las arcas públicas. por lo que exigirá mediante pregunta al pleno las aclaraciones pertinentes del alcalde por esta gestión urbanística judicializada que no sólo obligará a indemnizar a TRAVENSA por la protección del cuartel sino que obliga a demoler la Sala de Exposiciones Vistalegre donde se ocupó terreno indebidamente.

Izquierda Unida sostiene que "una vez mas los caprichos de Hernández Mateo serán asumidos por las arcas públicas y su prepotencia que lleva al ayuntamiento a los tribunales queda también una vez más demostrada con estas sentencias condenatorias de una gestión que no se guía por los intereses públicos".

También el PSOE opina sobre esta sentencia y como ya pidió anteriormente, se reitera en " que los gastos ocasionados por esta nueva sentencia, así cómo, los derivados del traslado de materiales, y la reposición a la situación anterior de los metros ocupados ilegalmente, sean también abonados por el Equipo de Gobierno del Partido Popular y su multitud de Cargos de Confianza. "

lAnte las nuevas sentencias condenatorias que nos esperan, PSOE pide a los ciudadanos de Torrevieja "que se movilicen, abandonen los temores y opinen por cualquier medio a su alcance para que entre todos encontremos la solución a la muy mala situación económica en la que se encuentra el Ayuntamiento torrevejense".

A este respecto, PsOE recuerda que hace unos días, "pedimos públicamente que el Sr. Concejal Delegado de Hacienda dijera a los ciudadanos el importe total de la deuda municipal. La que mantiene con los bancos, que ya la conocemos, (diez mil millones de pesetas) más la que tienen contraída con las empresas que trabajan para el Ayuntamiento. De momento tenemos la callada por respuesta."

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Izquierda Unida solicita a las Cortes la Fiscalización del Ayuntamiento de Torrevieja

Al igual que en la legislatura pasada el grupo parlamentario de Izquierda Unida registró una solicitud de fiscalización al Tribunal de Cuentas para aclarar la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Torrevieja desde el año 1999, sin que al término de esta se hiciera la fiscalización, por que por segunda vez a solicitado que se lleve a cabo.

Izquierda Unida considera de vital importancia para la democracia que los ayuntamientos sean fiscalizados para evitar casos como los de Estepona donde las sucesivas denuncias no fueron atendidas.

En la actualidad la situación del ayuntamiento de Torrevieja no ha cambiado salvo por el agravante dato destacado por el Sindic Major de la Comunidad Valenciana que, en su informe de fiscalización al ayuntamiento destaca la ilegalidad manifiesta de la gestión del Patrimonio Municipal del Suelo y concretamente 8 permutas del año 2004 que fueron lesivas para las arcas públicas, por lo que Izquierda Unida vuelve a incidir en la fiscalización específica del ayuntamiento desde el año 1999 y particularmente en los tres puntos referentes a los numerosos Expedientes tramitados como Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, una a subvención municipal de 450.000 euros a una fundación que preside el Alcalde de Torrevieja y que tiene ánimo de lucro, cuando se otorga precisamente únicamente a entidades sin ánimo de lucro y a proyectos adjudicados con modificaciones que sobrepasan el coste de adjudicación mucho más del 20% legal sin ningún tipo de contrato como han sido los casos del Palacio de los Deportes, el instituto nº1 y el colegio nº8.

Izquierda Unida espera tener, esta vez, el apoyo del PSOE en el gobierno y de los demás grupos de la Comisión Mixta para Las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

 

Reclaman un informe jurídico sobre los bienes del alcalde de Torrevieja

Los consistorios españoles no aplican todavía la Ley de Suelo vigente desde mayo de 2007 que les obliga a hacer públicas las declaraciones de bienes de sus alcaldes y concejales. Los ayuntamientos se escudan en que no se ha regulado aún el instrumento jurídico necesario, llamado Estatuto municipal, para aplicar esa medida contra la corrupción.

Los ayuntamientos que no hacen pública la declaración de bienes de sus concejales y directivos están vulnerando las medidas contra la corrupción recogidas en la Ley del Suelo. Existen instrumentos jurídicos para aplicar la Ley y los concejales tienen la obligación de hacer una declaración pública de todos sus bienes y patrimonio, así como de sus participaciones en las sociedades mercantiles. Los municipios se amparan en que la disposición adicional novena de la Ley del Suelo señala que la publicación de las declaraciones de bienes se haría en los "términos fijados en el Estatuto municipal". Pero el Estatuto municipal es una figura jurídica inexistente en los ayuntamientos porque se incluyó en el proyecto de nueva Ley de Régimen Local que no se llegó a aprobar en la pasada legislatura y sigue empantanado. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunció una "persecución implacable" y un "castigo sin paliativos"

En Torrevieja, las declaraciones de bienes del alcalde de , Pedro Hernández Mateo, serán objeto de un informe jurídico solicitado a la Secretaria Municipal por concejales de los tres grupos de la oposición. La oposición señalan que en estas declaraciones, realizadas por el alcalde en cumplimiento de la ley al inicio de cada legislatura, «se omitieron importantes datos relativos a su patrimonio inmobiliario y a la situación económica de sus cuentas bancarias, lo que imposibilita poder hacer un seguimiento del origen de los recursos utilizados para la adquisición de las fincas de las que obtuvo unas plusvalías de nada menos que de 5′4 millones de euros (900 millones de las antiguas ptas.)».

El informe deberá de valorar el comportamiento del alcalde Hernández Mateo, que no tramitó ni realizó en dos ocasiones las declaraciones producidas por importantes variaciones de su patrimonio durante los mandatos municipales de 1995/1999 y 1999/2003, en lo que hacía referencia a la adquisición, venta y explotación de las fincas rústicas, así como «la ocultación deliberada de la adquisición de otra vivienda de su propiedad en un céntrico edificio de Torrevieja.

Cuentas bancarias

Según los Verdes, otro dato muy curioso "resulta ser la no declaración del montante de los saldos de las cuentas bancarias de Hernández Mateo, requisito indispensable para poder hacer un seguimiento de la evolución y, en este caso, espectacular crecimiento de su patrimonio y riqueza". La formación destaca "numerosos ingresos» en las cuentas del alcalde, por valor de «500.000 euros" que, "a día de hoy todavía no se ha dignado a aclarar".

Ley del Suelo de España - Wikipedia, la enciclopedia libre

Siguen ocultos los bienes de Hernández Mateo.

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La Ley del Suelo Art. 75.7 modificado

"Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades". - "Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así cuando se modifiquen las circunstancias de hecho". - "Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en los términos que fije el Estatuto municipal". - "Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de intereses, que tendrán carácter público".

CASO TOTANA: Por dos millones se contrata a un sicario y que mate al que sea

"Por dos millones [de pesetas] se contrata a un sicario y que mate al que sea". Esta frase fue pronunciada por María del Carmen Jordán, ex esposa de Juan Morales, ex alcalde de Totana y diputado murciano expulsado del PP. Morales es también el principal sospechoso de la trama de corrupción en la localidad murciana y está en libertad tras pagar 200.000 euros de fianza.

La transcripción de esta conversación es parte de las nuevas revelaciones de la investigación realizada por la Guardia Civil en la Operación Tótem, que ha destapado una trama de corrupción en la que han sido detenidas 15 personas. Esa frase, extraída del sumario, era consecuencia del enfado de la ex esposa de Morales tras haber recibido una citación judicial para comparecer en un juzgado. En el informe que redactan los agentes que realizaban las escuchas señalan: "Aunque esta afirmación pueda parecer anecdótica, hay que significar que la mujer vuelve a insistir una vez más en la contratación de unos sicarios, porque está hasta el gorro". Las grabaciones han destapado otras presuntas irregularidades. Así, la Guardia Civil investiga si dos cargos del Gobierno murciano (PP) están implicados en casos de corrupción, tal y como se pone de manifiesto en el sumario.

El primero, Francisco Luis Valdés-Albistur, presuntamente relacionado con el cobro de comisiones, ha sido hasta hace tres meses director general de Cultura del Gobierno de Murcia. En una conversación entre un sobrino suyo y Joaquín Carmona, otro de los detenidos, se asegura que algunas adjudicaciones de obras en ese departamento "se hacen con sobre".

El segundo de los investigados es el consejero de Desarrollo Sostenible del Gobierno regional, Benito Mercader. Pudo haber cometido un delito de tráfico de influencias al ponerse de acuerdo con el actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo -que permaneció en la cárcel dos meses por su presunta implicación en la trama de corrupción- para ayudar a dos personas a entrar a trabajar en la Administración regional.

En concreto, el informe policial relata: "Andreo le pregunta a Mercader si le autoriza a llamar directamente y hablar con Mariano y el consejero le contesta que le llame sin problemas, que está acostumbrado a estas cosas, que ya las ha hecho muchas veces y que no se preocupe". Para los agentes, "en esta conversación se pone de manifiesto que estaríamos ante un claro ejemplo de, cuando menos, de un presunto delito de tráfico de influencias". Fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible aseguran que ninguno de los recomendados obtuvo la plaza de la que se habla.

La Guardia Civil también le sigue el paso a posibles intermediaciones de uno de los detenidos en Totana, el asturiano Emiliano Ovide Castrillo, quien denunció que no había cobrado su comisión en esta localidad. En algunas de las conversaciones, Ovide trata de buscar inversores en Asturias que tengan hasta diez millones de euros en dinero negro, al mismo tiempo que habla en una operación en Oviedo, Jerez y varias ciudades de Madrid.

Fuente: http://www.elpais.com/articulo/espana/millones/contrata/sicario/mata/sea/elpepiesp/20080620elpepinac_14/Tes

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