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CORRUPCIÓN, CORRUPTOS Y CORRUPTELAS

La fiscalía estudia reabrir la causa de prevalicación contra Hernández Mateo

Torrevieja.- La Fiscalía podría recurrir el archivo de la denuncia interpuesta contra el alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, por un presunto delito de prevaricación, por los reconocimientos extrajudiciales de crédito. En estos momentos se está estudiando si procede oponerse al sobreseimiento del caso dictado por la juez idel juzgado número 2 el pasado 21 de marzo.

Según el teniente fiscal de la Audiencia, Juan Carlos López Coig, el auto debe de ser comunicado al fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, ya que el togado intervino en el inicio del proceso, a pesar de que la investigación parte de una denuncia interpuesta por el PSOE.

La causa abierta contra el alcalde y los ediles de Infraestructuras y Hacienda se debió a los pagos de facturas por bienes y servicios realizados al Ayuntamiento por diversas empresas, que desde 2002 a 2006 se elevan a más de quince millones de euros, según fuentes del PSOE, y que el edil socialista Manuel Vera recuerda que «fueron realizados sin previos contratos ni licitaciones».

En el auto de sobreseimiento se hacía constar que no hubo vulneración de la legislación vigente en los pagos por reconocimientos extrajudiciales de créditos, «por no quedar debidamente acreditada la perpetración de los hechos, con expresa reserva de las acciones que puedan corresponder a los imputados por la presunta comisión de un delito de calumnias».

La gestión de la concejalía de urbanismo de Torrevieja en el punto de mira.

La gestión de la concejalía  de urbanismo de Torrevieja en el punto de mira.

Torrevieja.- Más de seis años, un montón de papeleo y de gestiones, para que Urbanismo dé la razón al matrimonio Gustavsson-Cubillas. Desde 2001 han venido denunciando la construcción en la vivienda de una ampliación del edificio que les privó de espacio y tranquilidad en su vivienda. Por fin, el servicio municipal de Urbanismo considera ilegal «y no legalizable» la construcción una segunda planta pegada al jardín de los denunciantes, sin respetar la distancia antes existente. Los Gustavsson-Cubillas emprendieron entonces un largo peregrinar por la Administración local, autonómica, e incluso recurrieron al Síndico de Agravios .

El Síndic de Greuges puede iniciar cualquier investigación tendente al esclarecimiento de actos o resoluciones de la Administración, sus autoridades o funcionarios, dentro del ámbito que más adelante señalamos. Tales actos no tienen por qué ser expresos; el silencio de la Administración ante cualquier solicitud de un ciudadano, puede vulnerar un derecho y, por tanto, provocar una investigación del Síndic de Greuges.

Para llevar a cabo esa investigación, el Síndic de Greuges, podrá acceder libremente a todos los archivos y registros de la Administración Pública de nuestra Comunidad Autónoma. Podrá realizar entrevistas, comprobar datos, estudiar los expedientes y la documentación que sea necesaria, e incluso, solicitar de la Administración Pública de la Generalitat, de los Ayuntamientos o Diputaciones, documentos clasificados como secretos por la Ley. Cualquier autoridad o funcionario está obligado a prestarle, con carácter prioritario y urgente, ayuda en esa investigación.

La mediación en este caso ha sido del edil socialista Miguel Seva, que planteó el asunto al concejal de Urbanismo Fernando del Cristo Gómez. Seva manifiesta que no entiende por qué «si no es legalizable no hay una orden de demolición de esa construcción ilegal». Lamenta, además, que «el servicio de Urbanismo no remita la información que reiteradamente ha solicitado el Síndico, y que en una última comunicación del pasado día 7 advierte que de no remitirle la información tendrá que incluir a Torrevieja en su informe sobre los ayuntamientos que no cumplen su obligación con esa alta institución».

El concejal del PSOE dice que «los técnicos de urbanismo no sé por qué no están trabajando en este caso como indica el propio informe, y por qué han tardado 6 años en aceptar que la obra era ilegalizable, pese a las muchas quejas que interpusieron los perjudicados por la obra"

Otro caso donde se ralentiza las decisiones de la concejalía para resolver conflictos es el caso del Camping Misol que está situado en una zona que es prácticamente casco urbano, aunque cuando se abrió era parte de la periferia. Con el paso de los años se ha ido levantando cerca de un centenar de viviendas prefabricadas o de madera que, según expresa el concejal de Urbanismo, Fernando del Cristo Gómez, en ocasiones «no son legales ni legalizables»

Los enfrentamientos entre dos grupos de residentes en el cámping Misol, que incluso han llegado a formar dos comunidades de propietarios negando la legalidad de la parte contraria, podrían acabar con ese recinto. en sus parcelas sólo pueden instalarse caravanas o tiendas de campaña. Algunos propietarios han denunciado irregularidades en los expedientes abiertos contra parte de las viviendas ilegales.

Se quejan de que sus expedientes han sido «debidamente diligenciados, frente a la pasividad del Ayuntamiento con otras irregularidades cometidas por otros propietarios, cuyas obras ilegales no han sido expedientadas o se encuentran paralizadas, sin que exista motivo o explicación alguna para ello». Los vecinos aseguran que en la actualidad «no existe ninguna parcela que mantenga las características urbanísticas y funcionales propias de la tipología de cámping, caravana o tienda de campaña, que se ha construido sin respetar el diseño inicialmente aprobado en todas las parcelas existentes».

Según asegura el concejal de Los Verdes, José Manuel Dolón, «consideran que podrían estar siendo objeto del conflicto que vive la comunidad en beneficio de uno de los presidentes que, según dicen, tendría cierta influencia en el Ayuntamiento, lo que explicaría que sólo se estén tramitando los expedientes del sector de comuneros enfrentados a su junta directiva».

Manifiesta Dolón que todas las viviendas de ese cámping son ilegales, y que, ya que parte de los vecinos viene solicitando desde hace tiempo la recalificación, el Ayuntamiento debería no resolver ninguno de los expedientes «en tanto no se comprueben las denuncias de arbitrariedad y discriminación realizadas por algunos de los afectados».

 

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Las sanciones urbanísticas del Ayuntamiento de Torrevieja dignas de análisis.

 

Viñeta de Jobi

Psoe ejercerá de acusación particular contra Hernández Mateo en las causas por prevalicación.

Torrevieja.- Angel Giménez ha confirmado que el grupo Psoe de Torrevieja ejercerá de acusación particular contra el Alcalde Hernández Mateo. Para ello tendrá que depositar a petición de la jueza instructora del caso la cantidad total de 48.000€ en depósito como aval. La decana de los juzgados torrevejenses sostiene que el grupo socialista está obligado a depositar dicho aval, «por no tener la consideración de ofendido o perjudicado por la comisión de los hechos a las que se contrae la instrucción de la causa», de conformidad con el artículo 270 y 1001» de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Refiriéndose a la presentación de avales por parte del PSOE, el secretario general torrevejense Angel Giménez ha manifestado que entiende «que si la titular del Juzgado considera que no estamos legitimados como partido socialista para personarnos, al acatar las resoluciones judiciales, actuamos en consecuencia». Son dos los casos contra el veterano alcalde, sobre los que los socialistas anuncian el registro de la fianza.

Una de las causas, la que se refiera a la compraventa de una finca en Almoradí fue abierta por la Fiscalía Anticorrupción a instancias del concejal del grupo de Izquierda Unida, José Manuel Martínez Andreu. La última medida tomada por el fiscal Anticorrupción ha sido el solicitar a la Agencia Tributaria un informe sobre el patrimonio del alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo. Respecto a estos hechos Ängel Giménez manisfestó que «no entro a valorar decisiones judiciales ni de la Fiscalía», pero «si el fiscal entiende que para aclarar algún punto en la investigación es necesaria su petición, lo habrá entendido así, y la juez resolverá como le parezca oportuno».

 

 

 

 

 

 

Hernández Mateo irrumpe en el almuerzo de despedida de jueces y personal del Juzgado de Torrevieja

Hernández Mateo  irrumpe en el almuerzo de despedida de  jueces y personal del Juzgado de Torrevieja

Torrevieja.- Según la noticia aparecida hoy en El pais, apenas dos horas después de declarar como imputado, compartió mesa y mantel con los jueces. Entre ellos la magistrada que acababa de interrogarle.

El periódico, menciona que entre los asistentes estaban tres de los magistrados que instruyen varios casos en los que el Alcalde está imputado. El artículo lo mostramos a continuación.

El alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, rompió su costumbre de la última década y el jueves irrumpió en el almuerzo de despedida que los jueces y personal de la planta judicial de Torrevieja ofrecían a la titular del Juzgado número 7, Eva Martínez, trasladada a otra demarcación. La presencia del regidor, pese a que oficialmente y por motivos protocolarios estaba invitado, provocó una "mayúscula sorpresa" entre los asistentes, en palabras de uno de los 59 comensales presentes.

Así, Hernández Mateo comió, prácticamente codo con codo, con la titular del Juzgado número 2, la decana Juana López. Esta magistrada apenas hacía dos horas que había mantenido otro cara a cara con el regidor, en este caso para interrogarle, como imputado, por un supuesto delito de prevaricación derivado del pago de facturas por valor de 15 millones de euros mediante el sistema de reconocimiento extraoficial de crédito.

Esta oficina judicial también instruyó inicialmente el caso de las supuestas torturas de la Policía Local a un arrestado. En la mesa se encontraba la juez que ahora dirige esa investigación, Iris Valero, titular del juzgado número 4. Y entre los magistrados estaba igualmente la juez que en calidad de sustituta se acaba de hacer cargo del juzgado número 4. Esta oficina instruye la segunda causa en la que está imputado el alcalde: la multimillonaria plusvalía (5,2 millones de euros) que le reportó la simple compra-venta de una finca rústica. El fiscal del caso, el titular del departamento de Anticorrupción de Alicante, acaba de pedir a Hacienda un informe sobre el patrimonio del regidor.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana han confirmado que, de acuerdo con el protocolo, el alcalde y el resto de autoridades locales son invitados a este tipo de eventos periódicos que celebran los miembros de la judicatura. Sin embargo, según han confirmado fuentes municipales, Hernández Mateo se había abstenido hasta ahora de asistir a esos almuerzos, dado del carácter semiprivado de esos eventos. Este periódico intentó ayer sin éxito conocer los motivos que llevaron a Hernández Mateo a asistir el jueves al almuerzo con los magistrados.


Acusación popular

Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista aseguró ayer que ha hecho efectiva la fianza fijada por los jueces para poder ejercer la acusación popular en las dos causas que se siguen contra Hernández Mateo. Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, acusó a los socialistas de "judicializar" la vida política. Mientras, el grupo parlamentario de IU en el Congreso de los Diputados pedirá al Tribunal de Cuentas la fiscalización de las arcas del Consistorio de Torrevieja.

SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 17/03/2007

 

Noticia extraida de El Pais. Ver la noticia aquí

Viñeta

tilz.tearfund.org/

IU pedirá al Tribunal de Cuentas que fiscalice las arcas del Ayuntamiento

IU pedirá al Tribunal de Cuentas que fiscalice las arcas del Ayuntamiento

Torrevieja.- Según Martínez Andreu, el grupo IU en el Congreso de los Diputados solicitará que actúe de oficio el Tribunal de Cuentas por 'la generalización de sospecha de irregularidades y corrupción' en el Consistorio de Torrevieja y por 'la alarma social' en el municipio después de haber sido imputado su alcalde por un presunto delito de prevaricación.

El objetivo de la petición es depurar las presuntas responsabilidades de los gestores municipales, 'tanto en el orden administrativo como en el contable o en el penal', si se considerase que se 'ha vulnerado la legalidad', explicó.

A su juicio, las responsabilidades se deben pedir a todos los miembros del pleno municipal y de la Junta Local de Gobierno que votaron en su día a favor del pago de facturas a través de los reconocimientos extrajudiciales de crédito.

El portavoz de EU opinó que 'la fiscalización del Ayuntamiento de Torrevieja es un asunto de interés público urgente', al emplearse reconocimientos extrajudiciales de crédito para pagar facturas 'sin el amparo de contrato y con informes de Intervención y de la Secretaría' del consistorio en los que se declaraba 'nulo de pleno derecho' este procedimiento.

Por otra parte, la acusación pública, que ejerce el fiscal anticorrupción de Alicante, acaba de solicitar al juez instructor la práctica de nuevas pruebas tendentes a verificar el patrimonio del alcalde. Entre ellas, destaca un informe de la Agencia Tributaria, según han confirmado fuentes del caso.

Mientras, la comparecencia de ayer del alcalde y los ediles de Hacienda y Contratación en el juzgado está motivada por una querella presentada por el grupo municipal del PSPV. Los socialistas sostienen que el Ayuntamiento ha abonado desde 2000 más de 15 millones de euros mediante el procedimiento de reconocimientos extrajudiciales de crédito.

Viñeta de Lambert para la exposición contra la especulación urbanística

El alcalde de Torrevieja Hernández Mateo declarará el jueves ante el juzgado por un presunto delito de prevaricación

El alcalde de Torrevieja Hernández Mateo  declarará el jueves ante el juzgado por  un presunto delito de prevaricación

Torrevieja.- Dos concejales del PP y el alcalde Hernández Mateo han sido citados para declarar el próximo jueves por un presunto delito de prevaricación por el caso de los reconocimientos extrajudiciales de crédito.

El PSPV-PSOE de Torrevieja, que interpuso la querella por este asunto en abril de 2006, informó de que tanto el alcalde como los concejales de Hacienda, Pascual Ortiz, y de Contratación, José Antonio Sánchez, declararán como imputados ante el juzgado de instrucción número 2 de Torrevieja. Los socialistas denunciaron que el equipo de gobierno, del PP, ha realizado durante varios años pagos de forma discrecional y 'sin que existiera contrato alguno' y a pesar de contar con los informes contrarios tanto de la Secretaría como del área de Intervención municipal. Según el grupo de la oposición el Ayuntamiento ha desembolsado por este procedimiento más de 15 millones de euros a lo largo de varios ejercicios económicos.

Para los socialistas, este asunto podría haberse evitado si hubiera habido voluntad por parte del equipo de gobierno para haber fiscalizado estos reconocimientos, tal y como pidió el grupo socialista en su momento. Los socialistas de Torrevieja dicen que "'expresamos nuestro más absoluto rechazo a la forma de gestionar el dinero público' por parte del PP, que ha llevado al Ayuntamiento 'a la mayor deuda de su historia."

Foto: losgenoveses.com

 

Actualización miércoles 14 a las 9:00 am

Extraido del periódico La verdad

Mateo declara mañana por un presunto delito de prevaricación continuada que denunció el PSOE

La causa abierta contra el primer edil salinero y los ediles de Infraestructuras y Hacienda se debe a los pagos de facturas por bienes y servicios realizados al Ayuntamiento por diversas empresas, y que desde el año 2002 al 2006 se elevan a más de quince millones de euros según fuentes del PSOE. El edil socialista Manuel Vera recuerda que «fueron realizados sin previos contratos ni licitaciones».

Desde el grupo municipal socialista, el portavoz adjunto Manuel Vera, comentó ayer que «la mayoría de esos pagos, que se han hecho siempre con los informes en contra de la Secretaría y el Interventor, y fueron hechos, como reconoció el edil de Hacienda, a empresas habituales». Asimismo destaca que una de estas mercantiles, dedicada a la seguridad, es propiedad del hermano del concejal de Vías Públicas, «y fue creada cuando era concejal de Policía». La empresa, que se encarga de la vigilancia de todos los eventos que se celebran en la localidad, tiene, según destaca Vera «como gerente a la sobrina del concejal, e hija del propietario, que a la vez es funcionaria municipal, como Policía Local».

La seguridad no es el único servicio que se paga en el Ayuntamiento de Torrevieja a través de los ya famosos y denunciados en reiteradas ocasiones Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito, un procedimiento creado para atender a los pagos de asuntos urgentes que puedan surgir en un municipio, como la reparación de grandes averías o desperfectos.

No obstante, en el de Torrevieja se abonan por ese sistema gastos totalmente previsibles, como el alquiler de algunas dependencias municipales, como el Museo del Mar y la Sal, el mantenimiento de las fuentes ornamentales, la limpieza de centros docentes, y otros gastos que podrían considerarse previsibles. También se abonan por el mismo sistema las pólizas de seguros de los vehículos municipales. Todo esto fue lo que motivó la denuncia del principal grupo de la oposición y que ahora tendrá que dilucidarse ante los tribunales de justicia.

La verdad Actualizado miércoles 14 a la 9:30 am

Los Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito criticados durante dos legislaturas

L. SÁNCHEZ/TORREVIEJA

Antes de llevarlo a los tribunales, exactamente un año antes, los grupos de la oposición en el Ayuntamiento convocaron un Pleno Extraordinario para tratar del asunto, a instancias del grupo municipal socialista. Fue un pleno agrio, en el que las posiciones de unos y otros se mantuvieron inamovibles y en el que una frase del edil de Hacienda sobre que los contratos se hacían «con las empresas habituales», hizo que los socialistas consideraran que era imprescindible la actuación de la Justicia. Sin embargo tardarían un año en presentar la denuncia ante los Juzgados.

Antes aún, en junio del 2005, los socialistas denunciaban a los medios algunas facturas abonadas por ese sistema, una de ellas acompañada por una fotocopia dirigida a la atención de uno de los acreedores con el texto: «Hola Manolo: aquí tienes el número de cuenta (y figuraba el nombre de una empresa). Anoche comentamos que te enviara también mi número de cuenta, pero creo que no es necesario. Además, de esta forma evito hacer movimientos extraños en mi cuenta personal».

El edil de Hacienda quitó importancia al asunto, asegurando que lo único que quería decir era que un acreedor facilitaba el número de cuenta. Y añadió que los socialistas se podrían encontrar «con que se pueda hacer alguna acción contra quienes hacen públicos documentos de uso interno del Ayuntamiento dándoselo a los medios». Aquella fotocopia fue objeto de un importante rifi-rafe entre el grupo socialista y el de Gobierno, aunque el asunto no paso de cruces de acusaciones.

El pago de diversos servicios a través del sistema denunciado, desde la limpieza del submarino Delfín, al pago de comidas del grupo de gobierno popular ha hecho correr ríos de tinta en los últimos años, y ha dado lugar a un sin fin de declaraciones. Ahora tendrá que ser la Justicia la que dictamine si ha habido algo irregular en un procedimiento que el edil Vera piensa que puede ser «la punta del iceberg de la caída judicial de los gobiernos de Hernández Mateo». En cualquier caso, será Justicia la que diga la última palabra.

 

 

La fiscalía tendrá que facilitar informes al Defensor del Pueblo.

La fiscalía tendrá que facilitar informes al Defensor del Pueblo.

Torrevieja.- Los policias locales implicados en la supuestas torturas practicadas en distintas detenciones en la localidad siguen erre que erre, buscando la manera de desacreditar la labor que realiza el juzgado numero uno y dos de Torrevieja, investigando el caso. Primero se quejaron al Tribunal Constitucional , queja fuera de todo orden que fue archivada. Cuando salieron a la luz las conversaciones telefónicas donde se probaban las torturas, denunciaron al juzgado por haberles devuelto un ordenador que fue requisado por el juzgado en su labor de investigar los hechos, y que según los policias locales se les devolvió roto. También destacar la manifestación que organizaron frente al ayuntamiento apoyada por familiares y amigos y afines al PP de la localidad, en donde como toda España pudimos ver por televisión, se instaba a la violencia contra los detenidos, así como fueron amenazados los periodistas que allí se acercaron. Mientras las puertas del juzgado de la localidad se han llenado de gente pidiendo justicia y asegurando haber sido víctimas de amenazas y torturas por parte de algunos de los policias implicados.

Lástima que por culpa de la actuación de unos pocos se desacredite a todo un cuerpo. El alcalde lejos de sancionar a estos policias, o al menos no pronunciarse hasta haber una resolución judicial, les ha apoyado en todo momento de la misma manera que deja permanecer al mando de este cuerpo a un individuo que ni tan siquiera cumple los requisitos mínimos exigidos por la ley para ocupar su cargo .

Quemando naves siguen estos policias locales y después de presentar una queja en noviembre del 2006 por el SPPL al Defensor del Pueblo por la actuación judicial en el caso de las supuestas torturas, han recibido ya contestación. Efectivamente al igual que el Defensor del Pueblo admitió anteriormente las denuncias que emitieron victimas de presuntas torturas por parte de la Policia Local de Torrevieja, también ahora El Defensor del Pueblo ha solicitado un informe de la Fiscalía General del Estado (FGE) para «conocer la situación actual» de los procedimientos abiertos en los juzgados sobre las presuntas torturas infligidas por varios policías locales de Torrevieja a un detenido de nacionalidad guatemalteca.

Aún así, esta Institución ha querido dejar claro en una carta remitida al Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de la Comunidad Valenciana (SPPL), la adjunta primera del Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, que también se han pedido «las previsiones para su resolución, sin que ello signifique que esta institución pueda entrar en el fondo del asunto». La adjunta primera del Defensor indica que este caso «continúa sometido al conocimiento y decisión de los tribunales».

La defensa que están llevando a cabo estos policias locales, mucho se aleja de probar su inociencia. Si bien se centra en desacreditar en todo momento la labor del juzgado, o querer hacer creer que son victimas de una confabulación en su contra. Táctica muy practicada a su vez por el Alcalde Hernández Mateo, cuando se trata de sus alegaciones ante las causas abiertas en su contra. Parecen comer del mismo plato.

Los guardias civiles que llevaron a cabo la investigación de supuestas torturas han denunciado haber sido amenazados reiteradamente tanto a través de sus teléfonos móviles como de los teléfonos de la central de la Guardia Civil de Torrevieja. Los policias locales a su vez piden al Defensor del Pueblo que «verifique la legalidad o no de las actuaciones denunciadas» e inste «el archivo del sumario por la gravedad de las irregularidades cometidas»

El caso promete titulares futuros

Foto extraida de infoville. El Alcalde mostrando su apoyo a Morer

Bienvenido Mr. Marsall.

Bienvenido Mr. Marsall.

Torrevieja.- La llegada de la Comisión Europea encargada de investigar la política urbanística en distintos pueblos entre ellos Torrevieja está causando mucha expectación en los medios de comunicación. Mientras el PP ha rogado que esta visita posponerse hasta después de los comicios electorales, otros grupos políticos aplauden poder plantear sus denuncias por delitos urbanísticos.

Los ecologistas de Torrevieja han programado personarse ante la Comisión Europea para denunciar la disparidad de criterios utilizados por el Gobierno Valenciano y en concreto por ayuntamiento de la ciudad salinera. Uno de las denuncias que se harán, será la referente a diferentes actuaciones que afectan directamente al perímetro de protección y al entorno del Parque Natural de la Salinas de la Mata y Torrevieja. La falta de rigor y la la arbitrariedad con la que viene aprobando las recalificaciones de suelo afectadas por los parámetros de protección de este espacio protegido. Ayer concretamente dieron a conocer la existencia de casas construidas, con licencias que sólo permiten construir almacenes de aperos, en parcelas situadas en el entorno del parque natural, entre la Laguna de Torrevieja y la urbanización Lagosol.

Las viviendas se han construido sin permiso de la Conselleria de Territorio, aunque tenían que haberlo solicitado, porque esos terrenos están calificados como rústicos. José Manuel Dolón, portavoz del grupo Los Verdes manifestó que: «se trata de alrededor de una veintena de casas, que se han edificado en parcelas con licencia sólo para construir casetas de aperos» o, como caso extremo, «viviendas de determinadas dimensiones que se han excedido con mucho, en parcelas segregadas que no podían segregarse».

Otro tema que denunciarán son las obras de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Torrevieja, que se ha ejecutado en su totalidad pegadas a la línea que define el perímetro de protección del Parque Natural y que se encuentran ubicadas a menos de doscientos metros de importantes conjuntos residenciales densamente poblados incumpliendo varias directivas Europeas y la propia legislación valenciana de espacios naturales protegidos y de actividades molestas, nocivas y peligrosas.

Igualmente destacar la desafortunada recalificación de los terrenos en los que hoy se encuentra el nuevo Hospital de Torrevieja. La calificación propuesta por los técnicos de la Conselleria de Territorio y Vivienda para este espacio, era la de suelo agrícola de especial protección, para que sirviera de zona de amortiguación de impactos sobre el Parque Natural, recomendando que para la misma no se utilizarán otros usos que los cultivos tradicionales de agricultura de subsistencia y las infraestructuras blandas relacionas con la conservación del húmeda. Otras dos actuaciones aprobadas por el Gobierno Valenciano incumpliendo todas las directivas medioambientales europeas han sido el denominado Balneario de Lodos o Parque de Relajación, que es una actividad absolutamente incompatible con la conservación de este humedal de importancia internacional incluida en la lista Ramsar, y que ha sido sancionado y paralizado por el Ministerio de Medio Ambiente por incumplir la Ley de Costas y por invadir suelo comprendido en la zona pública de protección marítimo terrestre, así como la descatalogación como suelo rústico de la finca Lago Sol, de unos 600.000 m2.

Los Verdes del País Valenciano rechazan totalmente la política de instrumentalización electoral y partidista del Partido Popular viene haciendo de la gestión del agua.

Otra cuestión que afecta directamente al medioambiente de nuesta localidad y que está provocando un enfrentamiento entre EU y el acuerdo táctico de PP y PSOE es la ubicación en Torrevieja de la planta comarcal de tratamiento de residuos sólidos, por ser ésta una zona de especial protección medioambiental y también debido a que se encuentra saturada por la edificación. Desde EU entienden que la propuesta presentada por el PSOE torrevejense «representa la renuncia a nuestros valores medioambientales y de ciudad de servicios». El apoyo del PP a la iniciativa socialista «lo hace todavía mas preocupante», por lo que el grupo parlamentario de Esquerra Unida «pedirá en el parlamento valenciano descartar la opción, ahora y siempre, de la posible ubicación de la planta en nuestro término municipal». El grupo político sopecha que tras este acuerdo entre PP y PSOE «se encuentre la presión de la empresa adjudicataria del servicio de recogida de basuras en la ciudad, al tratarse de un contrato para veinte años con sustanciosos beneficios».

Hoy mismo hemos tenido noticias el diputado de Izquierda Unida (IU) en las Cortes Valencianas Juan Antonio Oltra presentará una moción en contra de la construcción en Torrevieja de la planta comarcal de tratamiento de basuras, amparándose en el texto aprobado por el parlamento autonómico. EU sustentará su moción en la orden de 15 de abril de 2005 del Conseller de Territorio y Vivienda, por la que se aprueba el Plan Zonal de residuos de la Zona XVII, en la que las zonas protegidas se califican como áreas no aptas para implantación de infraestructuras de gestión de residuos citando la Red Natura 2000, Lugares de Interés Comunitario (LIC) Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Parques naturales, Micro reservas y Catálogo de Zonas Húmedas.

En fin, estas son algunas de los casos que se denunciaran, a los hay que sumar los que ya se encuentran en manos de los juzgados. Estos afectan directamente a cargos de poder en el ayuntamiento y de los que suponemos ya tendrán conocimiento. Mucho, mucho debate para una visita fugaz que la Comisión Europea realizará mañana miércoles.

 

Bienvenidos al urbanismo Salvaje!!!!