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El CGPJ archiva la queja del SPPL contra los juzgados 1 y 2 de Torrevieja por presuntos malos tratos a detenidos

Madrid.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado la queja presentada por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de la Comunitat Valenciana por la actuación de los juzgados de Instrucción número 1 y 2 de Torrevieja (Alicante). En la reunión del pasado 17 de diciembre, la comisión acordó desestimar la queja porque entendió que su objeto era expresar la «disconformidad» de los imputados con las resoluciones judiciales dictadas, que no puede hacerse valer por la vía disciplinaria.

El escrito advierte al sindicato policial que debe expresar su disconformidad «por la vía de los recursos establecidos en las leyes contra las decisiones judiciales». El documento, con fecha de salida el pasado día 2 de enero, fue remitido tanto a la titular del juzgado de Instrucción número 1, que investiga las supuestas torturas a un detenido de origen guatemalteco, como al SPPL, que lo recibió ayer.

Así mismo, el CGPJ resalta en su decisión que como "garantía de la independencia de los jueces y magistrados en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, respecto a todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial, no podrán los jueces y tribunales corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan".

El secretario general del SPPL, José María Jiménez, afirmó ayer que esperaba la resolución, dado que el proceso judicial sigue abierto. Jiménez presentó sendas quejas en representación de los policías locales imputados ante el CGPJ y el Síndic de Greuges el pasado mes de noviembre, por considerar que el secreto de sumario se había prorrogado de forma injustificada, que no existían indicios suficientes de delito y que los hechos debían juzgarse como falta de lesiones, y no como delito. Asimismo, afirmaba que las escuchas telefónicas se habían realizado de forma contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional.

La juez imputa a doce agentes, dos ediles y un ATS los presuntos delitos de torturas, falsedad documental y omisión del deber de perseguir delitos.

 

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