La gestión de la concejalía de urbanismo de Torrevieja en el punto de mira.

Torrevieja.- Más de seis años, un montón de papeleo y de gestiones, para que Urbanismo dé la razón al matrimonio Gustavsson-Cubillas. Desde 2001 han venido denunciando la construcción en la vivienda de una ampliación del edificio que les privó de espacio y tranquilidad en su vivienda. Por fin, el servicio municipal de Urbanismo considera ilegal «y no legalizable» la construcción una segunda planta pegada al jardín de los denunciantes, sin respetar la distancia antes existente. Los Gustavsson-Cubillas emprendieron entonces un largo peregrinar por la Administración local, autonómica, e incluso recurrieron al Síndico de Agravios .

El Síndic de Greuges puede iniciar cualquier investigación tendente al esclarecimiento de actos o resoluciones de la Administración, sus autoridades o funcionarios, dentro del ámbito que más adelante señalamos. Tales actos no tienen por qué ser expresos; el silencio de la Administración ante cualquier solicitud de un ciudadano, puede vulnerar un derecho y, por tanto, provocar una investigación del Síndic de Greuges.

Para llevar a cabo esa investigación, el Síndic de Greuges, podrá acceder libremente a todos los archivos y registros de la Administración Pública de nuestra Comunidad Autónoma. Podrá realizar entrevistas, comprobar datos, estudiar los expedientes y la documentación que sea necesaria, e incluso, solicitar de la Administración Pública de la Generalitat, de los Ayuntamientos o Diputaciones, documentos clasificados como secretos por la Ley. Cualquier autoridad o funcionario está obligado a prestarle, con carácter prioritario y urgente, ayuda en esa investigación.

La mediación en este caso ha sido del edil socialista Miguel Seva, que planteó el asunto al concejal de Urbanismo Fernando del Cristo Gómez. Seva manifiesta que no entiende por qué «si no es legalizable no hay una orden de demolición de esa construcción ilegal». Lamenta, además, que «el servicio de Urbanismo no remita la información que reiteradamente ha solicitado el Síndico, y que en una última comunicación del pasado día 7 advierte que de no remitirle la información tendrá que incluir a Torrevieja en su informe sobre los ayuntamientos que no cumplen su obligación con esa alta institución».

El concejal del PSOE dice que «los técnicos de urbanismo no sé por qué no están trabajando en este caso como indica el propio informe, y por qué han tardado 6 años en aceptar que la obra era ilegalizable, pese a las muchas quejas que interpusieron los perjudicados por la obra"

Otro caso donde se ralentiza las decisiones de la concejalía para resolver conflictos es el caso del Camping Misol que está situado en una zona que es prácticamente casco urbano, aunque cuando se abrió era parte de la periferia. Con el paso de los años se ha ido levantando cerca de un centenar de viviendas prefabricadas o de madera que, según expresa el concejal de Urbanismo, Fernando del Cristo Gómez, en ocasiones «no son legales ni legalizables»

Los enfrentamientos entre dos grupos de residentes en el cámping Misol, que incluso han llegado a formar dos comunidades de propietarios negando la legalidad de la parte contraria, podrían acabar con ese recinto. en sus parcelas sólo pueden instalarse caravanas o tiendas de campaña. Algunos propietarios han denunciado irregularidades en los expedientes abiertos contra parte de las viviendas ilegales.

Se quejan de que sus expedientes han sido «debidamente diligenciados, frente a la pasividad del Ayuntamiento con otras irregularidades cometidas por otros propietarios, cuyas obras ilegales no han sido expedientadas o se encuentran paralizadas, sin que exista motivo o explicación alguna para ello». Los vecinos aseguran que en la actualidad «no existe ninguna parcela que mantenga las características urbanísticas y funcionales propias de la tipología de cámping, caravana o tienda de campaña, que se ha construido sin respetar el diseño inicialmente aprobado en todas las parcelas existentes».

Según asegura el concejal de Los Verdes, José Manuel Dolón, «consideran que podrían estar siendo objeto del conflicto que vive la comunidad en beneficio de uno de los presidentes que, según dicen, tendría cierta influencia en el Ayuntamiento, lo que explicaría que sólo se estén tramitando los expedientes del sector de comuneros enfrentados a su junta directiva».

Manifiesta Dolón que todas las viviendas de ese cámping son ilegales, y que, ya que parte de los vecinos viene solicitando desde hace tiempo la recalificación, el Ayuntamiento debería no resolver ninguno de los expedientes «en tanto no se comprueben las denuncias de arbitrariedad y discriminación realizadas por algunos de los afectados».

 

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Viñeta de Jobi