CORRUPCIÓN, CORRUPTOS Y CORRUPTELAS

El caso de tráfico de influencias del Alcalde de Torrevieja, paralizado.

Torrevieja.- Noticia extraida del periódico El Pais

Un recurso bloquea el caso de tráfico de influencias del alcalde de Torrevieja un año.

La investigación judicial abierta por la compra-venta de una finca del alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, está bloqueada desde hace un año como consecuencia del litigio sobre la fianza para que los tres grupos de la oposición municipal (PSPV, EU y Los Verdes) puedan ejercer la acusación popular. El Juzgado número 4 de Torrevieja decretó una fianza de 6.000 euros para esas partes en marzo de 2006, medio año después de iniciar las diligencias con la declaración como imputado del regidor de esta localidad alicantina.

Un año más tarde, ese extremo del proceso no está resuelto y, por tanto, tampoco se ha practicado la prueba testifical que proponían los socialistas, y que incluía la declaración del promotor, de la mujer del primer edil y del alcalde de la vecina localidad de Almoradí.

La juez, a propuesta del ministerio fiscal, acordó fijar una fianza de 6.000 euros a los tres grupos que pretendían ejercer la acusación popular en marzo de 2006. El letrado del Grupo Socialista presentó un recurso de reforma ante el propio juzgado, que la magistrada rechazó. A continuación, el PSPV presentó un recurso de apelación a la Audiencia de Alicante. El letrado de esa parte sostiene que tramitó la apelación el pasado noviembre. No obstante, fuentes de la Audiencia de Alicante aseguran que a la sala correspondiente, la sección 7ª con sede en Elche, no ha llegado ningún recurso sobre esa cuestión.

El juzgado instructor, con una nueva titular desde hace 15 días, ha evitado pronunciarse sobre la cuestión a la espera de revisar con "detenimiento" la causa, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El retraso de la resolución final sobre la fianza ha bloqueado la investigación, especialmente en lo que se refiere a la prueba testifical. Hernández Mateo compareció en juzgado como imputado por los supuestos delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información el 28 de octubre de 2005.

El juzgado esta inventigando la millonaria plusvalía de 5,2 millones de euros que le reportó en el espacio de dos años la compra-venta de una finca rústica en el término de Almoradí. El regidor achacó la ganancia al boom urbanístico que se estaba registrando en toda la comarca de la Vega Baja.

A finales de 2005, el letrado del PSPV, que asistió al interrogatorio de Hernández Mateo, en calidad de acusación popular -la juez admitió esa parte sin establecer fianza alguna- presentó un escrito en el que proponía el interrogatorio a 10 testigos, aparte de otra batería de pruebas documentales, entre ellas, certificados del Registro Mercantil de la Propiedad, así como del Registro de Bienes del Ayuntamiento para verificar el patrimonio del alcalde.

Los testigos más destacados que la acusación popular propuso eran el alcalde de Almoradí, Antonio Ángel Hurtado, del PP, el propietario de la mercantil con la que el alcalde formalizó la compra-venta de la finca, la promotora Edén del Mar, y la esposa de Hernández Mateo. El PSPV justificó el interrogatorio al primer edil de Almoradí porque la finca que Hernández Mateo compró en 2000 pertenece al término de esa localidad. Además, el terreno -18 hectáreas de suelo rústico- fue incluido más tarde en un proyecto para levantar una urbanización, que prevé recalificar 19 millones de metros cuadrados.

Pedro Ángel Hernández Mateo, junto a dos concejales de su equipo de gobierno, está además imputado en un segundo sumario por un supuesto delito continuado de prevaricación derivado de pagos ilegales, mediante la fórmula de reconocimiento extraordinario de crédito y sin consignación presupuestaria, por valor de 6,5 millones de euros. El juzgado abrió las diligencias a raíz de una denuncia presentada por el grupo municipal del PSPV.

 

Viñeta de JRMORA

Las sanciones urbanísticas del Ayuntamiento de Torrevieja dignas de análisis.

Torrevieja.- No queriamos dejar pasar, y transcribir tal cual, la noticia que hoy publica Torreguía. La reucaudación que el Ayuntamiento de Torrevieja hace por las sanciones administrativas dejan entrever la política permisiva en materia de urbanismo que los PPopulares practican. En Torrevieja, la "ilegalidad urbanística" por todos conocida y denunciada por varios colectivos y grupos políticos, para el Consistorio parece ser que no existen, ni son conocida por la Concejalía de Urbanismo.... Y claro, ¿Quién va a tirar piedras sobre su mismísimo tejado?. El ayuntamiento recauda cinco veces más dinero por multas de tráfico que por sanciones urbanísticas, y no es un chiste, que conste.

Aquí os dejamos el artículo publicado hoy en http://www.torreguia.es/

sanciones urbanísticas

Miercoles, 21 de febrero, 2007

Izquierda Unida de Torrevieja ha denunciado que el Ayuntamiento recaudó 450.000 euros en 2006 por retirada de vehículos y multas de tráfico, «mientras que los ingresos por infracciones urbanísticas no superan los 90.000 euros». Según IU, la liquidación del presupuesto de 2006 desglosa, entre los ingresos por sanciones, 208.000 euros por multas de tráfico y 239.000 euros por retirada de vehículos de la vía pública. Para IU, estas cifras denotan «permisividad del gobierno municipal con la construcción», en una ciudad «con el urbanismo descontrolado, con viviendas ilegales y construcciones dispersas», y «celo recaudatorio con los conductores», incluso «rayando en la persecución», en palabras de la formación. El grupo añade que la deuda municipal «se carga una vez mas sobre las espaldas de todos los ciudadanos mediante este sistema de recaudación directa, mientras se tolera, incluso se prima a las empresas constructoras perdonando incluso impuestos como el ICIO», en el caso de la empresa que gestiona la asistencia sanitaria en la comarca.

Camping Misol
IU cita como ejemplo las viviendas construidas en el camping Misol al margen del PGOU, cuyos expedientes de disciplina urbanística fueron «dejados sobre la mesa» en pleno el 26 de mayo de 2006 «cuando el alcalde tomó la iniciativa de negociar la modificación del PGOU que permitiría legalizar las construcciones hechas fuera de la legalidad». IU denuncia esta política de «hechos consumados» que, a su juicio, permitiría construir «en cualquier sitio protegido», y anuncia que pedirá explicaciones al equipo de Gobierno en el próximo pleno.

Viñeta de J. Mora de la Exposición contra la Corrupción Urbanística.

Contrataciones en el Ayuntamiento y un misterioso dedo

Torrevieja.- De nuevo está de actualidad local la mala relación que el alcalde Hernández Mateo se está labrando con el Defensor del Pueblo. Múltiples son las denuncias que el Defensor del Pueblo está investigando sobre la gestíon del Consistorio, y varias ya las quejas tanto de ciudadanos particulares como del grupo Los Verdes por la falta de transparencia y entorpecimiento que el Ayuntamiento pone para que las investigaciones que se vienen realizando en materia urbanística, contratación municipal y presuntas torturas por parte de miembros de la policia local, se lleven a cabo.

Ayer mismo, Jose María Dolón pidió a Hernández Mateo que jugará "limpio" con el Defensor del Pueblo y que ordene a los funcionarios encargados de remitirle los informes solicitados por esta institución que se atengan a la realidad de los hechos y respeten «escrupulosamente la veracidad» en el contenido de sus informes. Según publica hoy el periódico Información Los Verdes criticaron la emisión y el envío de recientes informes al Defensor del Pueblo cuyo contenido dista mucho de la realidad que se viene produciendo en diversos aspectos del funcionamiento de determinados servicios municipales, entre los que destaca el relativo a la contratación de personal municipal y las condiciones de acceso y permanencia en la plantilla.

Ya en junio del 2006, el Defensor del Pueblo denunció que Territorio, Torrevieja y Peñíscola dificultan su trabajo. Según el informe elaborado por el Defensor del Pueblo, las administraciones citadas son “entorpecedoras” porque “han dificultado u obstaculizado” su trabajo, “bien porque lo han hecho sistemáticamente o bien porque han desarrollado alguna actuación que, por negativa, merece ser destacada”. El Defensor reúne a las administraciones que, tras recibir “hasta tres veces” sus quejas, no han dado contestación en 2005.

Anteriormente ya fue censurado el Ayuntamiento de Torrevieja por el Defensor del Pueblo por "permitir que prescriban de manera dolosa determinados expedientes incoados por infracción urbanística". La censura de la institución, que preside Enrique Múgica, se recoge en la respuesta a un ciudadano que denunció una supuesta discriminación por parte del Ayuntamiento en un expediente. El denunciante se quejó de que su obra fue derribada mientras el consistorio dejaba prescribir otras ilegalidades de mayor envergadura.

La polémica que hoy de nuevo está entre los ciudadanos sobre las contrataciones que realiza el Ayuntamiento están siendo investigadas, aunque por parte del mismo no se esté facilitando información fehaciente al Defensor del Pueblo, lo que da que pensar que las denuncias y la negación de crear una bolsa de trabajo como fue solicitado por el grupo socialista en reiteradas ocasiones, no es más que tapar la "adjudicación a dedo" de cargos que se viene denunciando todos los grupos de la oposición.

 

Viñeta de Clarin

Entre comisiones anda el juego.

Torrevieja.- Deben de andar con la mosca detrás de oreja los PPopularísimos torrevejenses. Pero más alarmados se encuentran los ciudadanos europeos que han adquirido viviendas en nuestra comunidad. Por ello, una misión del Parlamento Europeo visitará del 27 de febrero al 3 de marzo la Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía para investigar denuncias de irregularidades urbanísticas que han llegado a la comisión de Peticiones de la Eurocámara. La delegación estará formada por el presidente de la comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, y por el eurodiputado laborista británico, Michael Cashman. El PP, que se opuso a esta visita ya que preferiría que se retrasara al menos hasta después de las elecciones municipales y autonómicas. El 1 de marzo visitarán a la Comunitat Valenciana, donde, al menos, pasarán por 12 municipios: las localidades alicantinas de Orihuela, Torrevieja, Rojales, San Miguel de Salinas y Catral. Después se dirigirán a la ciudad Alicante y, posteriormente a la zona norte de la provincia, a Ibi, Parcent y Benissa. El 2 de marzo estarán en Valencia, donde fuentes cercanas a la comisión de Peticiones confiaron que sea posible una reunión con el conseller de Territorio, Esteban González Pons, y consideraron más incierto un encuentro con el presidente del Consell, Francisco Camps.

Además, se espera que en marzo llegue una nueva demanda a los despachos judiciales de la UE contra la Ley de Urbanismo valenciana (LUV), que viola, según Bruselas, el marco sobre contratación pública. La Generalitat insiste en que su caso no es aislado en comparación con otras regiones. Y recuerda al Gobierno que es él el único interlocutor para defender este asunto.

Como en Torrevieja no ibámos a ser menos, los Ppopulares han creado la Comisión Internacional del Partido Popular de Torrevieja, que por comisiones no quede. Y lo van a dejar por escrito, porque dicha Ccomisionisima ha editado su propio boletin informativo en inglés bajo el título "Serving and improving Torrevieja for almost twenty years". Su traduccion sería algo asó como sirviendo y mejorando Torrevieja durante casi 20 años.

El PP ha editado un total de 10.000 ejemplares de este folletín informativo destinado al ciudadano extranjero de la localidad, y será distribuida entre las numerosas asociaciones, ong´s y salones de convivencia internacionales de la ciudad con el fin de promulgar la gestión realizada por el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Torrevieja.

Graham Knight, presidente de la Comisión Internacional del PP en Torrevieja, informó que la revista incluye un repaso de las actuaciones llevadas a cabo por el equipo de Gobierno del PP en Torrevieja en los últimos años, distribuyéndose en secciones como: Servicios sociales, Parques y Jardines, Salud, Educación, Seguridad Ciudadana, Infraestructuras, Cultura, Turismo, Fiestas y Deportes. En la contraportada de la revista los residentes internacionales podrán escribir sus sugerencias para entre todos mejorar la ciudad de Torrevieja.

No sería sospechosa la edición de la revistilla si esta hubiera sido editada al mismo tiempo en español y para cualquier otro colectivo de residentes en Torrevieja. Como el mismísimo Hernández Mateo declaró en la presentación del folletín “torrevejenses somos todos los que residimos en Torrevieja”, añadiendo que “entre todos los que han elegido esta ciudad para vivir debemos hacer una Torrevieja mejor” . El caso es que tanta por promoción entre los colectivos de habla inglesa dejando de lado a españoles, suecos, alemanes, belgas y un largo etc denota más la preocupación por lo que se encontrará la Comisión del Parlamento Europeo y la Embajada de Gran Bretaña después de sus averiguaciones, que otra cosa.

Viñeta de JRMora.com

Actualizado el 22 de Febrero

Hoy aparece en la prensa que el concejal de IU, José Manuel Martínez Andreu anunció ayer que va a denunciar ante la Junta Electoral Central al PP por «practicas electoralistas». El motivo de esa denuncia está en la presentación el martes, en la sede del PP, de una revista hecha por británicos y para el colectivo británico. Para el concejal de EU, la utilización de un asesor para recabar el voto de la comunidad internacional es susceptible de denuncia ante la Junta Electoral Central, y además se pregunta «quién paga esos diez mil ejemplares». La revista. editada por el PP. se distribuirá en sedes sociales de la localidad, según anunció Hernández Mateo. Martínez Andreu ha manifestado que Knigth «fue remunerado en el 2006 con 31.000 anuales de las arcas municipales, y tiene, al parecer, como misión la fidelización del voto británico para el PP».

Mas información en http://www.laverdad.es/alicante/prensa/20070222/orihuela_vbaja/denunciara-electoralista-presentacion-revista_20070222.html

La embajada de Gran Bretaña investiga denuncias urbanísticas en la Comunidad Valenciana

Torrevieja.- Cuando ya son nueve los alcaldes en la provincia de Alicante implicados en presuntos delitos urbanísticos, la mayoria en la vega baja, la embajada de Gran Bretaña toma cartas en el asunto tras la denuncias sobre las presuntas irregularidades urbanísticas realizadas por ciudadanos ingleses en la provincia. La colonia de residentes británicos en la Costa Blanca se ha convertido en la más grande de España (92.000 ciudadanos censados) duplicando a la de la Costa del Sol e, incluso, se ha convertido en un refugio para la inversión inmobiliaria de los ingleses tras el escándalo de Marbella.

De norte a sur, las comarcas de la provincia están marcadas por la judicialización de su vida política y el cruce continuo de denuncias, declaraciones en los juzgados e investigaciones judiciales relacionadas con las actuaciones de los consistorios. En total, 16 ayuntamientos tienen alguna causa pendiente. Torrevieja, Orihuela, Benijófar, Catral, Bigastro, Los Montesinos, Alicante, Jijona y Hondón de los Frailes son los nombres de los municipios que en estos momentos tienen a sus alcaldes bajo sospecha, cinco de ellos del PP y cuatro del PSOE. En siete casos, se les imputan delitos urbanísticos. En algunas localidades, como Torrevieja o Alicante, existen también otros asuntos abiertos que todavía están en fase de instrucción y en los que se investiga a miembros del Consistorio.

Sin duda, la Vega Baja se lleva la palma. Esta misma semana han declarado como imputados los alcaldes de Benijófar y Catral, José Luis González y José Manuel Rodríguez respectivamente, por presuntos delitos relacionados con irregularidades urbanísticas.

Ayer mismo, un alto cargo de la embajada de Gran Bretaña en España, inició una visita a Alicante como parte de la investigación abierta por la embajada tras las denuncias recibidas. se entrevistó ayer con la nueva cónsul para Alicante y Murcia, Juliet Maric, nombrada a finales de 2006. Hoy está previsto que se desplace a Valencia para recibir información oficial en la Conselleria de Territorio. La embajada ha detectado que tras el relevo del conseller Blasco y la llegada de González Pons el nivel de consultas ha descendido.

La intervención del Consell sobre las competencias urbanísticas de Catral ha desatado los temores y la inquietud de la colonia inglesa afincada en la Vega Baja, tras revelarse la ilegalidad de muchas viviendas, algunas de las cuales fueron adquiridas por ciudadanos británicos, según la información que maneja la embajada. Muchos de los británicos que compran una segunda residencia en la comarca creyendo que lo hacen en Torrevieja acaban haciéndolo en uno de los municipios limítrofes y, según apuntaron desde la embajada, no siempre comportándose con la cautela con la que procederían sin la compra se hiciera en Gran Bretaña. Muchos residentes británicos se vieron afectados en su día por la LRAU y sus disposiciones sobre la ordenación del territorio.

El Reino Unido es el mercado turístico extranjero más importante para la Costa Blanca al representar el 56% del total del turismo foráneo que se aloja en los hoteles. El británico es el primer mercado extranjero alcanzando los 714.754 turistas, según el último balance oficial del Instituto Nacional de Estadística.

Otros colectivos como los turistas procedentes de Suecia, Belgica o Alemania que también adquieron una vivienda en la comarca también podrian tomar acciones antes la preocupación generada por las actuaciones municipales en materia de urbanismo en la provincia.

 

Más información aquí .

Foto obtenida de la Diputación de Alicante

IU pedirá al Conseller la revocación del plan parcial de la Coronelita y el Limonar II

Torrevieja.- Izquierda Unida de Torrevieja ha mostrado su total repulsa al plan recientemente aprobado del sector P27 y el Limonar II, que según su opinión es la prueba evidente del amparo que la Conselleria está dando a las actuaciones urbanísticas realizadas por el alcalde de la localidad, Pedro Hernández Mateo. En consecuencia, solicitará al Conseller en las Cortes Valencianas la revocación de estas resoluciones mientras no se dicte sentencia en las causas abiertas en los juzgados de Torrevieja, en las que el alcalde está imputado por presuntos delitos de prevalicación y uso de información privilegiada. Se da la circunstancias que la empresa beneficiaria de estas recalificaciones es la misma a la que Hernández Mateo vendió una finca por la que obtuvo cerca de 5 millones de euros de beneficio.

IU basará su petición amparándose en la Ley de Ordenamiento Jurídico de Administraciones Públicas, así como en el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. En la tarde de ayer fue presentada en su web su manifestación en contra de dicha recalificación, y los fundamentos de esta solicitud de revocación.

 

La Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, en su artículo 28.2, enumera los motivos por los cuales una autoridad debe abstenerse en un procedimiento, dentro de los cuales está “el tener interés personal en el asunto”. IU considera fundado que Hernández Mateo tiene intereses privados con la mercantil que promueve el Sector 27 y el 17, concretamente Altos del Edén, cuyo representante y administrador selló las operaciones de compra y venta de fincas en Almoradi y San Miguel de Salinas con el Alcalde de Torrevieja.

La Ley 53/1984 de Incompatibilidades en su artículo 1.3 tipifica la incompatibilidad: “el desempeño de cargo por el personal incluido en el ámbito de esta Ley (funcionarios y autoridades) será incompatible con el ejercicio de cualquier actividad, pública o privada, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.” IU considera que la relación con la mercantil menoscaba la imparcialidad e independencia del Alcalde, por lo que es incompatible su actividad como máxima autoridad de la Corporación con cualquier acto de la administración donde participe él y la mercantil o administradores de dicha mercantil.

La misma ley en su artículo 11.1 aclara aún mas el tema: “el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer actividades privadas con particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el organismo donde estuviera destinado.”
El artículo 21 del reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales declara que los actos donde participe un cargo con deber de abstenerse serán invalidados.
La resolución definitiva de la Consellería aprobando los planes a nombre de Altos del Edén demuestra el incumplimiento de la legalidad vigente por parte del alcalde.
El informe solicitado a la secretaria general pidiendo las causas de incompatibilidad y nulidad de los actos administrativos en los que haya participado el alcalde y los gerentes de la empresa Edén del Mar o sus filiales volverá a presentarse al no haber sido contestado todavía hoy 30 de enero de 2007.

Viñeta de Jr. Mora

El fiscal Briones abre nuevas diligencias contra el Ayuntamiento de Torrevieja

Pocos días después de que el Fiscal Anticorrupción, Felipe Briones pida que investiguen las propiedades inmobiliarias de los hijos de Alperi , alcalde Alicante del PP, desde Torrevieja el grupo IU ha anunciado que pedirá al fiscal que incluya una operación de permuta en la investigación abierta acerca de una compraventa que ha reportado más de 5 millones de euros al alcalde, Pedro Hernández Mateo.

IU sostiene que, a través de esta permuta, se recalificaron a urbanizables 6.000 m2 de terrenos de uso docente a la empresa que vendió la finca al alcalde. y luego fueron urbanizados por la empresa que los compró al Alcalde ya para ello, la recalificación que la Comisión Territorial de Urbanismo «exigía para aceptarla que se eligieran otros terrenos para colegios». Sin embargo el terreno que entonces se ofreció para que la recalificación se aceptara, y se convirtiera en dotacional es ahora un parque, "El parque de las Naciones"y que sigue actualmente calificado para uso dotacional docente.

Si esto no era suficiente para Hnadez Mateo; también la fiscalía le ha pedido ahora , en diligencias previas por otra investigación penal paralela, que presente un informe sobre los trámites que realizó el Ayuntamiento de Torrevieja desde el 23 de mayo de 2003, cuando se suspendió provisionalmente una resolución de la alcaldía del 7 de abril que revocaba la licencia de taxi número 26, cuyo titular era Juan Mendizábal.

Según explicaron fuentes del Grupo Socialista la historia se remonta a hace cuatro años cuando un propietario de una licencia de taxi la vendió a otro mediante un contrato por escrito, pero más tarde el comprador denunció al vendedor por cuestiones económicas, y “como venganza”, según el PSPV, el vendedor entregó ese contrato ilegal al Ayuntamiento que inició un expediente disciplinario. El concejal de Transporte, Eduardo Gil, propuso la revocación, es decir, que se quitara la licencia al vendedor y el alcalde revocó esta licencia cumpliendo así con la legalidad. Sin embargo, más tarde decretó la suspensión de la revocación, una circunstancia que es “absolutamente ilegal”, según los socialistas, y que podría constituir un posible delito de prevaricación.

En fin Sr Briones, muchos ánimos y paciencia que desde Torrevieja le dedicamos una canción del Fary.

Noticia extraida del Pais

En comparación, los ladrones somos gente honrada

Proyectos de Cañada, SL, y Giménez Cañizares, SL. que vendió una finca rústica al alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández, del PP, por 180.000 euros y que éste revendió más tarde por 5,4 millones, reclama seis años después al Ayuntamiento 41 millones por la expropiación de un solar en el casco urbano de la población. Han presentado un contencioso ante el Jurado Provincial de Expropiación. Según nos informa el pais los dueños del suelo denuncian la situación de bloqueo de los dos solares, al no poder disponer de ellos dados su uso dotacional público al que se encuentran afectos y al no habérseles permitido edificar. "Han transcurrido casi 20 desde la entrada en vigor del PGOU de Torrevieja y la Corporación no ha sido capaz de gestionar la adquisición de los precitados solares".

Recordemos que el Alcalde de Torrevieja compró en 2000 una finca rústica en la vecina localidad de Almoradí por 180.000 euros y que más tarde vendió a una firma del grupo inmobiliario Edén por 5,4 millones de euros, extremo que le reportó al primer edil una plusvalía de 5,2 millones de euro.

El regidor achacó su generosa ganancia en menos de dos años "al fenómeno que está ocurriendo en La Vega Baja". "Si hubiera esperado, quizás hubiera ganado más dinero, por agotamiento de la costa, y que ha subido por ello en muy poco tiempo", explicó el primer edil en su comparencia ante el juez el 28 de octubre de 2005.

Hernández Mateo tampoco desmintió tener conocimiento de que esas fincas iban a ser recalificadas con el nuevo planeamiento de Almoradí: "Lo sospechaba, pero no había nada claro", dijo.