Fue un pleno corto pero con sustancia. El PP impuso ayer con su mayoría en las Cortes Valencianas la designación como senador territorial de un ex alcalde imputado por supuesta corrupción.
Alfonso Ferrada , ex regidor de Burriana, resultó elegido por 49 votos a favor, 25 en blanco y 10 nulos entre aplausos de sus compañeros de filas, la protesta de Comprimís , cuyos parlamentarios exhibieron carteles alusivos a la investigación judicial, y el malestar de los socialistas.
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no acudió a la polémica sesión, porque se encontraba de viaje a Roma para una audiencia hoy con el Papa. La ausencia del jefe del Consell abonó los duros reproches que le lanzó tras la sesión el portavoz socialista, Ángel Luna, que comparó su actuación y la del PP con la mafia. El pleno evocó en Luna la imagen "de la mejor de las películas de la mafia", donde el "jefe de la familia que ordena el asesinato nunca está presente en el lugar del crimen". "Hoy el inductor de este pleno tampoco estaba presente", afirmó Luna en referencia a Camps. ¿Y el cadáver? "La dignidad de las Cortes", según el Síndic socialista. El presidente del Consell "abusa" de la institución para convocarla "para lo que se quiere, pero nunca para venir a dar explicaciones", sentenció Luna.
La designación como senador aleja a Ferrada temporalmente de los tribunales, ya que el juzgado que le investiga tendrá que inhibirse en favor del Tribunal Supremo, competente para los casos contra personas aforadas.La elección de Ferrada frena la investigación que lleva un juzgado de Vila-real por supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho y atentado contra la ordenación del territorio en relación con la aprobación de un plan urbanístico en Burriana. En caso de que el Supremo decidiera juzgar al ex alcalde, el alto tribunal sería el encargado de pedir un suplicatorio al Senado.
La entrada de Ferrada en el Senado es fruto de la decisión de Camps de colocar en la lista al Congreso a Andrea Fabra, hija del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. La renuncia de la ahora diputada electa a su cargo de senadora deja libre el puesto para Ferrada.
El PP insistió en el respeto a la presunción de inocencia. El portavoz popular, Ricardo Costa, fue más allá y aseguró que es "plenamente ético" elegir como senador a una persona imputada. Para Costa, no hay incompatibilidad ni otro motivo para rechazar a Ferrada. Tampoco hay "ninguna impunidad ante los tribunales", enfatizó. El nuevo senador se pronunció en la misma línea. "[El Senado] para nada me libra de ningún tipo de cuestión", dijo Ferrada. Afirmar que su cargo le da inmunidad ante la justicia "es pura ignorancia", añadió.
Luna quiso dejar claro que los socialistas también creen "en la presunción de inocencia", pero no se privó de señalar que "empieza a ser sospechoso" que Camps encuentre "habitual" e incluso "cómodo" rodearse de políticos que tienen pendientes asuntos en los juzgados y que consiguen "eludir" al "juez natural" de su caso. Hacía alusión así a la incorporación a las Cortes de los alcaldes de Torrevieja y de Alicante, o al propio Ferrada, los tres con casos en los tribunales.
De las filas socialistas salieron los votos en blanco y parte de los nulos que también entregaron los diputados de Compromís. Al comenzar la lectura de la propuesta de senador y suplente, los cinco parlamentarios de Compromís presentes mostraron carteles con las leyendas "un ple, un imputat" y "som diputats, no imputats", que retiraron tras el segundo aviso de la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez. Al pleno no acudieron los portavoces adjuntos de Compromís Lluís Torró, de baja, y Enric Morera, que había anunciado su ausencia en protesta por la elección de Ferrada. Su compañero del Bloc, Josep Maria Pañella, diputado por Castellón, sí mostró su rechazo en el hemiciclo. Tras la sesión, la portavoz del grupo, Mònica Oltra, criticó que se use a las Cortes "para solventar problemas judiciales" y aseguró que la sesión supone "un ataque a la democracia" y una "burla a los ciudadanos". En otra sesión juraron como diputados del PP Yolanda García, José Ciscar y Vicente Parra, que sustituyen a Esteban González Pons, Adela Pedrosa y Miguel Peralta, elegidos al Congreso.
Publicado en El Pais por Sara Velert
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En relación con la paralización del procedimiento, desde el pasado mes de noviembre, el Defensor del Pueblo ha sido informado de que esta situación responde a las gestiones que la defensa del denunciante está realizando para acreditar que éste se encuentra recluido en la cárcel Modelo de Bogotá, según se lee en el escrito remitido al SPPL. Además, también se está pendiente de la resolución de un recurso de queja interpuesto ante la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche.