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Torrevieja Digital

CORRUPCIÓN, CORRUPTOS Y CORRUPTELAS

El constructor de Murcia, su bisoñé, la 'nena', el alcalde, su jefe de prensa y el consejero

Si la Operación Tótem contra la corrupción en Totana (Murcia) hizo alucinar en colores a algunos agentes de la UCO de la Guardia Civil que realizaron el servicio de escuchas telefónicas, el levantamiento parcial del secreto del sumario de las investigaciones por supuesta corrupción en los también murcianos ayuntamientos de Torre Pacheco y Fuente Álamo ha desvelado, entre otras cosas, que esos agentes ya debían estar curados de espanto cuando grabaron las cintas de Totana. Si en ésta última hablamos en su momento de la brasileña, el diputado, su ex mujer y el alcalde, en Fuente Álamo y Torre Pacheco habría que hablar del constructor, su amada edil, el alcalde, su querida, el consejero y el diputado. Mucho más escandaloso, aunque no haya club de alterne que dé nombre al operativo ni brasileña de por medio, como en Totana.

Porque resulta que las grabaciones de Torre Pacheco y Fuente Álamo, hechas antes que las de Totana y conocidas ahora, ponen al descubierto un cutre entramado de intereses creados, traiciones rastreras, celos, encuentros (sexuales o no) y desencuentros de la más baja estofa, al lado de los cuales Falcon Crest queda como paradigma de la finesse de una ópera, aunque sea bufa, y el personaje de la Celestina sería una bendita alma de la caridad al lado de los "grabados" en Torre Pacheco y Fuente Álamo.

Buena parte del contenido de esas cintas –que el sumario califica prudentemente de "asuntos privados no sometidos a investigación"– revelan la íntima relación del afamado constructor portador de arcaico bisoñé con una joven alcaldesa a la que aquél se refiere telefónicamente como "la nena". "Dile a la nena...", "que lo arregle la nena...", son algunas de sus expresiones grabadas por los agentes.

También se deduce de las cintas magnetofónicas que Daniel García Madrid , ex abogado de ese constructor y ahora joven alcalde felizmente casado y con hijos, se veía a escondidas con la jefa de prensa de su ayuntamiento con más frecuencia de lo que las buenas costumbres católicas harían desear.

Y que más de media docena de concejalas y concejales de ambos ayuntamientos le cuentan, cada uno por su lado y por teléfono, al afamado constructor con peluquín cualquier chismorreo relacionado directa o indirectamente con la vida social o política del municipio. "La alcaldesa María Antonia Conesa estuvo bailando con todo el mundo" en una fiesta oficial. "Y yo le dije, ¿pero tú ves al alcalde de Murcia bailando con alguien?", le cuenta una concejal, probablemente envidiosa, al constructor. Pero el receptor de la confidencia tampoco se anda a la zaga, pues en más de un caso y acto seguido a obtener la confidencia usa su propio móvil: "Oye, que me acaba de decir la concejal que piensa de ti que eres un tal y un cual".

En las mismas larguísimas grabaciones todo un entonces consejero de Presidencia del Gobierno de Murcia, Fernando de la Cierva, que vive en un chalet de Polaris World, se permite el lujo de advertir al alcalde y al diputado en el Congreso de los Diputados de que un "chivatazo" le ha hecho saber que sus conversaciones están siendo grabadas por la Guardia Civil. Es el mismo personaje que ya como ex consejero precisó con mucha suficiencia a El Confidencial en septiembre pasado que no trabajaba para Polaris World, sino para "una de las muchas empresas de Pedro García Meroño", principal socio de ese holding inmobiliario, y ahora "separado provisionalmente" del sumario por la juez instructora y, por tanto, también provisionalmente no imputado.

En las cintas hay confidencias, chismorreos, dimes, diretes y cutrez hasta la saciedad. Los periodistas que han visto las transcripciones e, incluso, oído algunas cintas alaban los quintales de paciencia que han tenido los agentes de la Guardia Civil para hacer los seguimientos telefónicos. Y es que algunos de los investigados eran capaces de tirarse más de una hora hablando por el teléfono celular de cómo iban a ir en avión privado a un partido de fútbol en el Camp Nou o cómo había resultado la corrida de toros de Sevilla a la que habían ido por el mismo medio y, entretanto, era cuando revelaban los favores y negocietes que han dado lugar a la investigación sobre corrupción urbanística.

Ahora bien, fuentes conocedoras del sumario y de la misma investigación opinan que muy posiblemente la candidez de los investigadores pueda devenir en que todo el asunto quede en nada, judicialmente hablando. "No se puede pedir oficialmente unos expedientes determinados a un alcalde o a una alcaldesa que saben que están siendo investigados: te los da cribados, limpios", o mandar a la Guardia Civil al ayuntamiento después de que se haya avisado de las investigaciones, aseguran. Sobre todo si el que dio ‘el queo’ del peligro inminente fue todo un consejero de la Presidencia regional que advirtió de que el propio presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y el diputado nacional oriundo de la zona, Alberto Garre, también estaban al tanto.

Por eso es que la Operación Tótem, que se hizo en noviembre, cuando ya se sabía que lo de Torre Pacheco y Fuente Álamo estaba en marcha desde seis meses antes, tiró por el camino de en medio aunque causara un escandalazo: cincuenta agentes de la UCO aparecieron de buena mañana en el ayuntamiento totanero sin aviso previo, lo cercaron, lo cerraron y se llevaron toda la documentación que el fiscal consideró oportuno. Y esta actuación de Totana, con brasileña o sin brasileña, pero con un alcalde popular que no dimite ni en broma y un diputado regional ex del PP y ahora convenientemente en el Grupo Mixto, dicen que sí dará frutos muy tangibles. Aunque sea "a la sombra".

Publicado en El Confidencial. http://www.elconfidencial.com/cache/2008/02/12/73_constructor_murcia_bisone.html

La Audiencia sigue sin resolver un recurso de hace un año sobre las imputaciones del alcalde

La Audiencia sigue sin resolver un recurso de hace un año sobre las imputaciones del alcalde

Casi un año después de que la titular del Juzgado número 4 de Torrevieja solicitara una fianza de 20.000 euros, que fue recurrida, a los grupos municipales de Izquierda Unida (IU) y PSPV-PSOE, por estar personados en la investigación que imputa al alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada, la Audiencia Provincial no ha resuelto todavía si la acepta.


Lo que sí se sabe es que la causa abierta contra Mateo ya se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) por su condición de aforado al resultar elegido diputado autonómico en las últimas elecciones locales y autonómicas de 2007.


A partir de ahora, el TSJ-CV debe pronunciarse sobre si la actuación del alcalde es o no delictiva en relación a la compra de tres fincas en Almoradí por 180.000 euros y su venta 28 meses después por 5,4 millones de euros a la mercantil Edén del Mar que tiene intereses urbanísticos en Torrevieja.


IU y PSOE estan personados en la causa como acusación particular al considerar que tienen intereses legítimos y directos en la investigación al formar parte de la corporación municipal de Torrevieja.


Por esta razón ambos grupos políticos entienden que no procede que la juez les haya solicitado la fianza a instancias del Fiscal Anticorrupción y lamentan la tardanza que se está produciendo en la resolución del recurso.


La fianza tiene como objeto cubrir económicamente al encausado en caso de que no sea condenado finalmente, e inicie acciones legales contra las partes personadas, pero siempre y cuando que se consideren que éstas no tenían intereses directos para la personación.
"Son cosas que no se entienden bien (la demora)" señaló el portavoz municipal del PSOE en Torrevieja, Ángel Giménez, a la vez que el portavoz municipal de IU, José Manuel Martínez, consideró por un lado que estamos ante un caso de "indefensión" y por otro "de impunidad" hacia el alcalde de Torrevieja.

 

Publicado en Informacion.es

El Ayuntamiento adjudica el servicio de la grúa con un coste de casi 400.000 euros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrevieja ha adjudicado la contratación del servicio de retirada, depósito y custodia de vehículos mal estacionados en la vía pública a la empresa Servicleop SL. El importe de la contrata asciende a 397.659 euros como parte fija y 43,51 euros como parte variable, indicaron fuentes municipales. El alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, indicó que la duración del contrato será por un plazo de 10 años, y la ubicación del nuevo depósito municipal de vehículos será en una parcela en el Polígono Industrial Casa Grande, en concreto la número 14, con una superficie de 5.000 metros cuadrados.

El regidor ha manifestado que han sido dos las empresas que han presentado ofertas para la adjudicación de este servicio, Servicleop SL y la mercantil representada por José Lorenzo Martínez. Servicleop S.L pertenece al Grupo CLEOP, del que dependen SERVICLEOP, SL. y CONSULTORÍA LEVANTINA DE PROYECTOS, S.A. Del mismo modo se consideran "asociadas" al grupo RESIDENCIAL SANTO DOMINGO S.A Y ON CAMPUS TECHNOLOGY S.A. Y GESTION DEL SUELO DE ALICANTE S.A.

Según el informe de EURORAI , que es un proyecto de cooperación entre órganos de control del sector público en Europa, Gestión del Suelo de Alicante S.A. (GSA) ,

Por Acuerdo del Gobierno Valenciano de 16 de marzo de 1992 se aprueba la constitución de una sociedad de economía mixta, en forma de anónima, denominada Gestión del Suelo de Alicante, S.A., con el anagrama GSA, S.A., para proceder a la urbanización y preparación del suelo contenido en el ámbito del PAU número 2 de Alicante, y
para adjudicar posteriormente las obras de ejecución en régimen de libre concurrencia, sin que en ningún caso pueda
GSA, S.A. ejecutarlas directamente.

Se aprueba una participación del Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. (IVVSA) en el capital social de GSA, S.A. del 51%, y el restante porcentaje por parte de la sociedad Compañia Levantina de Edificaciones y Obras Públicas, S.A. (CLEOP, S.A.) y, en su caso, del Ayuntamiento de Alicante.


Con fecha 8 de mayo de 1992 se otorga la escritura pública de constitución de la entidad mercantil GSA, S.A., inscrita en el Registro Mercantil con fecha 12 de junio de
1992.
Según el artículo segundo de sus estatutos, el objeto social de GSA, S.A. será, en el ámbito del PAU-2 de Alicante, la realización de alguno o algunos de los fines siguientes:


a) Estudios urbanísticos, incluyendo en ellos la redacción
de planes y programas de ordenación, proyectos de
urbanización y la iniciativa para su tramitación y aprobación.


b) Actividad urbanizadora que puede alcanzar tanto
la promoción propia, la promoción de la preparación de
suelo y renovación o remodelación urbana como a la de realización
de obras de infraestructura urbana, y dotación de
servicios, para la ejecución de los planes y programas de
ordenación.

 

c) Gestión y explotación de obras y servicios resultantes
de la urbanización, en caso de obtener la concesión
correspondiente, conforme a las normas aplicables en cada
caso.


d) Adquirir, transmitir, constituir, modificar y extinguir
toda clase de derechos sobre bienes muebles o inmueb
l e ~q ue autorice el ordenamiento jurídico, en orden a la
mejor consecución de la urbanización, edificación y aprovechamiento
del área de actuación.


e) Realizar convenios con los organismos competentes,
que deban coadyuvar, por razón de su competencia, al
mejor éxito de la gestión.


f) Enajenar, incluso anticipadamente, las parcelas
que darán lugar a los solares resultantes de la ordenación,
en los términos más convenientes para asegurar su edificación
en los plazos previstos.


g) Ejercitar la gestión de los servicios implantados,
hasta que sean formalmente asumidos por la Corporación
Local u organismo competente.
La Sociedad tendrá la duración necesaria para el cumplimiento
de su objeto social, con un plazo máximo de 10
años a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.
GSA, S.A. depende de la Conselleria de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes (COPUT).

La Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas S.A. fue
constituida con el nombre actual el 30 de Diciembre de 1946, aunque
sus antecedentes se remontan a 1926, fecha en que comenzaron sus primeras
actuaciones en el sector de la construcción y obra pública.


Las actividades desarrolladas giran fundamentalmente en torno a la
edificación y obra publica tanto en la provincia de Valencia, donde
comenzó su actividad, como en Castellón y Alicante. Actualmente el
ámbito de las actuaciones ha sobrepasado la Comunidad Valenciana,
transcendiendo al mercado internacional, donde actualmente se están
realizando actividades en América Central.


Los trabajos realizados se complementan con la construcción de
edificios industriales, de instalaciones deportivas, centros para la
enseñanza, centros comerciales, edificios hospitalarios, centros
penitenciarios y urbanizaciones residenciales.


También se incluyen entre las actuaciones de la Compañía actividades
inmobiliarias cuyo objeto es la comercialización de las edificaciones
resultantes de la utilización del suelo para construir, en forma de venta
o arrendamiento, así como la explotación de Concesiones Administrativas
Siguiendo con los objetivos estratégicos de la empresa, además de la
búsqueda de nuevos mercados en el ámbito internacional, la
diversificación juega un papel importante. Esta se ha llevado a cabo a
través de la generación del grupo CLEOP, al cual pertenecen los
participantes SERVICLEOP (cuya misión es aglutinar los servicios públicos
y concesiones administrativas
) ; CLECOP (en este caso en el sector de la
consultoría); ARICLEOP (dedicado a la gestión de áridos); TERRAMIT
(dedicada a la Gestión y Construcción de programas de actuación
integrada); STURM 2000, S.L. (Gestión de Centros Residenciales para la
3ª edad) y LUCENTUM OCIO, S.L (Promoción y Gestión de Centros
Comerciales).

El Grupo CLEOP está siendo el encargado de construir geriátricos en las localidades afines al PP en la Comunidad Valenciana. Carlos Turro Homedes es el presidente de CLEOPS S.A. , y conocido especulador financiero que tras artimañas ha conseguido que el grupo entre en bolsa.

Eso es lo que dicen, con insistencia, sus seguidores en Bolsa. Sostienen, además, que Cleop muy bien puede ser la puerta de entrada a la Bolsa de otra constructora que no cotiza, pero que lo ha intentado ya varias veces.

Mientras la especulación se transforma en noticia, o sigue en el terreno de la fantasía, como sucede en la mayor parte de las ocasiones, los movimientos accionariales en Cleop se han intensificado en las últimas semanas aprovechando el desfonde del sector en Bolsa, más tarde recuperado.

Las últimas referencias son que el consejero de la inmobiliaria Roberto Salazar ha invertido 875.000 euros en la adquisición de algo más de 35.000 títulos de la constructora. Así, Salazar pasa a controlar el 8,366% de las acciones frente al 7,924 con el que contaba con anterioridad.

Antes, Carlos Turro Homedes, consejero de la inmobiliaria, compraba entre los días 18 y 24 de abril 11.500 acciones por 272.950 euros. El precio pagado por cada título está comprendido entre 21 y 27 euros. Eleva, así, su participación al 32,971%. Valenciana de Negocios también ha aumentado su presencia en Cleop desde el 10,681 al 10,693% tras comprar 1.000 títulos pro 20.960 euros, mientras que Francisco Perelló, a través de Cirilo, se ha hecho con 5.800 acciones por unos 125.000 euros. Todas las adquisiciones se han efectuado por debajo del precio de mercado, aún cuando la compañía llegó a bajar en una sesión el 12% a 24 euros. El precio más bajo por el que ha transitado Cleop en estos días, tras la debacle inmobiliaria, es de 23 euros por acción.

Cerca de 450 VPO esperan comprador en Alicante - 20minutos.es

Grupo Cleop cerró 2006 con beneficio de 5,2 millones euros, un 31 ...

- EL MUNDO | Suplemento de Su vivienda 467 - La diversificación ...

http://www.cnmv.es/FE/FEO3089.PDF.

 

 

 

 

 

El TSJ recibe el caso del alcalde de Torrevieja

El TSJ recibe el caso del alcalde de Torrevieja

Era cuestión de tiempo, y ayer fue el día. La causa abierta en el Juzgado de Instrucción número cuatro de Torrevieja contra el alcalde del PP Pedro Ángel Hernández Mateo entró ayer el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Era la consecuencia inmediata al pasar Hernández Mateo a tener la condición de diputado, por tanto, aforado y en consecuencia competencia del TSJ.

La sala de Lo Civil y Penal nombró ayer un instructor y será éste quien determine los siguientes pasos de un asunto cuyo origen se remonta a 2000. Fue entonces cuando Mateo compró una finca rústica 180.000 euros. Dos años después, la vendió por 5,4 millones. A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, se inició una investigación en 2005 por un supuesto delito de tráfico de influencias y uso privilegiado de información. Mateo declaró en calidad de imputado el 28 de octubre de 2005.

El avance de la instrucción ha sido lento. Entre otras razones porque la práctica de las pruebas se ha enredado mucho. La causa sufre ahora otro importante parón. El instructor tiene que conocer del conjunto de la documentación para tomar alguna decisión sobre la progresión de la causa. Ese retraso no es gratuito, el PP convirtió en las pasadas elecciones en diputados a buena parte de los cargos de su partido afectados por procesos judiciales. Ganaba tiempo.

Publicado en El País

Torrevieja no ejecuta los derribos en el 90% de los casos de infracción urbanística

Torrevieja no ejecuta los derribos en el 90% de los casos de infracción urbanística

Un informe del Defensor del Pueblo resalta la pasividad del equipo de gobierno a la hora de restituir la legalidad urbanística

Un informe del Defensor del Pueblo revela que el Ayuntamiento de Torrevieja (100.000 habitantes) no ejecuta las órdenes de demolición incluidas en el 90% de los expedientes por infracción urbanística incoados por el Consistorio. El departamento que dirige Enrique Múgica resalta la pasividad del equipo de gobierno, del PP, a la hora de restituir la legalidad urbanística en el municipio en la resolución de los expedientes sancionadores.

El pasado año, el Consistorio, presidido por Pedro Ángel Hernández Mateo, abrió 400 expedientes por otras tantas infracciones. El regidor, en el cargo desde 1997, está imputado por un supuesto delito de tráfico de influencias derivado de la compraventa de una finca que le reportó una plusvalía de 5,2 millones de euros.

El informe del Defensor del Pueblo, desvelado hoy por el Grupo Municipal de Los Verdes y con fecha del pasado 1 de diciembre, se produce a raíz de la queja de una vecina de Torrevieja que denunció la arbitrariedad del Consistorio al resolver dos expedientes por infracción urbanística en una misma finca. Según esta denuncia, en uno de los casos se ejecutó la demolición de la obra ilegal, y en el otro el Ayuntamiento no cumplió la orden de ejecutar subsidiariamente el derribo.

Un ayuntamiento singular

El Defensor del Pueblo pone de manifiesto "su extrañeza" ante el hecho de que una Administración pública no ejerza sus competencias -en este caso, de disciplina urbanística- para impedir la comisión de actos ilegales. "Este Ayuntamiento [Torrevieja] constituye una rara avis (caso singular) en el mundo local al tener previsto en el negociado correspondiente la ejecución subsidiaria, aunque en la práctica se llegue a un porcentaje bajo por la caducidad de la acción", señala la resolución de Múgica, que anuncia a la alcaldía que dará traslado de su informe a la Cortes.

El portavoz del grupo de Los Verdes, el edil José Manuel Dolón, ha señalado que el informe de Múgica pone de manifiesto "que el Ayuntamiento de Torrevieja no protege la legalidad urbanística. Es más, pensamos que, en muchos casos, el Ayuntamiento se convierte en el principal infractor urbanístico". "El hecho de que sólo se cumpla el 10% de las órdenes de demolición implica una clara discriminación con respecto al 90% de los infractores amnistiados", ha añadido el edil. En este apartado, Dolón incluye las obras ilegales en una finca de la familia del ex concejal del PP Pascual Ortiz "donde los servicios municipales no sólo no persiguieron la infracción urbanística cometida, sino que se prestaron a dar la apariencia de legalidad de las obras".

http://www.elpais.com/articulo/espana/Torrevieja/ejecuta/derribos/90/casos/infraccion/urbanistica/elpepuesp/20080128elpepunac_16/Tes

 

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Primer Pleno Municipal del año. Más de lo mismo.

Primer Pleno Municipal del año. Más de lo mismo.

Un aburrido pleno el del viernes 25 de enero del 2008 y primero del año nuevo. De los doce puntos a debatir tan sólo merecen destacar el décimo sobre la Moción presentada por Esquerra Unida referente a la municipalización del transporte urbano en Torrevieja y el doce de ruegos y preguntas donde excepcionalmente se formó el alboroto entre el público asistente al pleno, algo inusual en nuestro ayuntamiento donde no suelen acudir ni las águilas a estos actos.

La Moción sobre la munipalización del transporte urbano fue presentada por el concejal de EU García Mañogil como “una propuesta meramente económica destinada a evitar el actual sobrecoste del precio del servicio” (3.300.000 €), según sus palabras
Tomando como ejemplo una licitación de la Empresa Municipal de Transporte del Ayuntamiento de Valencia, (Ayuntamiento gestionado por la neoliberal Rita Barberá) Esquerra Unida analizó mediante la exposición de cifras el sobrecoste del transporte en nuestra ciudad, demostrando un desfase de 1.000.000 de euros entre el precio del servicio que realizan en Torrevieja las empresas Costa Azul y Vega Bus y el de la Empresa Municipal de Transporte de Valencia.

Es decir , que Torrevieja podría ahorrarse alrededor de 1 millón de euros anuales y probablemente mejorar el servicio que hoy ofrecen estas empresas privadas y "amigas" del PP local.

La escueta respuesta del Alcalde, Pedro A. Hernández Mateo, ante la exposición de EU fue, literalmente: “Es evidente que nosotros no estamos de acuerdo con este invento porque en muchas ocasiones se lo hemos dicho a su anterior representante, único aquí en el ayuntamiento, que no estamos por el comunismo ni estamos por estas cosas ¿no?, no estamos por eso…”

Y pasó al siguiente tema sin entrar en más polémica, ni debatir las cifras presentadas por la oposición, negándose a ceder la palabra en contrarréplica al grupo EU sobre su contestación ante la indignación de la oposición y el público presente entre los que se oyó alguna voz acusándole de "fascista" .

Según EU, para Hernández Mateo el ahorro a las arcas municipales de 1.000.000 de euros anuales son inventos y comunismo. Ante la petición de EU de entrar a valorar las cifras y los cálculos de la Moción, Mateo retiró la palabra al concejal de EU, que tuvo que esperar hasta el punto de Ruegos Preguntas para recriminarle al alcalde su clara apuesta por el beneficio privado en detrimento de la economía municipal; nuevamente el silencio fue su respuesta y, como dice el refrán, el que calla otorga. Hernández Mateo tampoco permitió el uso de la palabra al Portavoz de EU, Martínez Andreu, que llamó la atención sobre que el alcalde estuviera llamando comunista a la alcaldesa de Valencia Rita Barberá, puesto que el ejemplo denostado por H. Mateo provenía de ese ayuntamiento.


Al final del pleno, durante las preguntas del público asistente, Hernández Mateo, ante la intervención de un asistente disgustado que exigió el respeto del alcalde a los representantes elegidos democráticamento por los ciudadanos torrevejenses con su postura en este punto, Hernández Mateo le respondió con que él tenía el derecho democrático a guardar silencio y que no iba a fomentar una lucha entre comunistas y fascistas. Se pueden deducir de estas palabras que si anteriormente había llamado comunista a EU él, ahora, se reconocía como fascista.

Es la segunda vez que el PP utiliza como único argumento el llamar comunistas a los concejales de EU cuando no encuentra maneras de rebatir. La primera fue utilizada por el Portavoz Domingo Soler para justificar la no concesión de una dedicación exclusiva EU, la única denegada de las 19 solicitadas. El Partido Popular de Torrevieja se está convirtiendo cada vez más en algo similar a una vieja imagen sacada de un NO-DO de aquellos tiempos de despotismo y anticomunismo, aunque se quieran hacer llamar el “centro-derecha del siglo XXI”.

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IU propone la municipalización del transporte urbano en Torrevieja.

VER MOCION (archivo pdf)

El futuro Supercor de Torrevieja deja en suspenso su apertura mientras cierra su local en Bassa El Moro al no cumplir sus expectativas de venta y negocio.

El futuro Supercor de Torrevieja deja en suspenso su apertura mientras cierra su local en Bassa El Moro al no cumplir sus expectativas de venta y negocio.

Supercor, la cadena de supermercados filial de El Corte Inglés, cerrará las puertas de su local en el centro comercial Bassa El Moro de Petrer tras la decisión de no renovar su contrato con la empresa Sogestín, gestora del centro, al no haber cumplido con sus expectativas comerciales en los cinco años en que la firma ha permanecido en Petrer, desde la inauguración en 2003 del centro comercial. Supercor cesó en su actividad desde día 1 de enero de 2008, como se viene informando a sus clientes desde hace varios días mediante carteles informativos en el mismo local.

Del mismo modo, el futuro Supercor que tenía previsto abrir sus puertas en Torrevieja, deja en suspenso la fecha de apertura del mismo por motivos financieros y falta de expectativas de negocio en la localidad torrevejense.

Arturo Andreu, jefe de Relaciones Externas de El Corte Inglés, confirmaba ayer que el cierre del establecimiento se debe a que el centro no ha cumplido las expectativas y exigencias comerciales que marca la dirección de la conocida empresa. Andreu manifestó que El Corte Inglés tomó la decisión hace seis meses de no renovar el contrato por cinco años que firmaron con Sogestín, y de esta manera reorganizar la actividad comercial en la zona. Con respecto a los trabajadores que en estos momentos desarrollan su actividad laboral en dicho establecimiento, Andreu señaló que se ha ofrecido a todos la posibilidad de reubicarse en otros centros de la provincia, extremo que han aceptado doce de los quince empleados de la plantilla. Solo tres de ellos han decidido no prorrogar su contrato con la cadena de supermercados. El jefe de Relaciones Externas manifestó que El Corte Inglés no tiene prevista la implantación de ninguna de sus franquicias en la comarca tras el cierre del local situado en Petrer.

La empresa Sogestín fue denunciada por un presunto delito de estafa, la empresa promotora y constructora de las instalaciones , y contra su administrador único, Juan Bernabeu .

Los denunciantes (catorce comercios, las salas de cine, la bolera y el gimnasio) considera que la empresa promotora del centro comercial y de ocio Bassa el Moro, que abrió sus puertas al público a finales de junio de 2003, ha cometido, presuntamente, "graves infracciones urbanísticas" que les han impedido, hasta la fecha, obtener las licencias de apertura y de primera ocupación que debería haberles otorgado el Ayuntamiento. Entre las irregularidades citadas figuran el exceso de volumetría en la edificación, la construcción de una tercera planta para la que no se contaba con permiso, la ocupación de suelo de dominio público y el incumplimiento de la dotación mínima de aparcamientos, que debía haber alcanzado las 1.500 plazas y que se ha quedado en apenas 500. A juicio de los denunciantes, la situación de irregularidad en que se encuentran puede llevar aparejado incluso el cierre de los establecimientos.


Los afectados alquilaron locales en Bassa El Moro con la firme convicción de que el centro contaba con todas las licencias municipales e iba a disponer de 1.500 plazas de parking, lo que aseguraba una importante afluencia de público que garantizaría el éxito de sus negocios. De hecho, la empresa comercializadora facilitó esta información antes de la contratación de los locales. Además, en el momento de la inauguración se desconocían las supuestas infracciones.
Para los comerciantes disponer de un amplio aparcamiento es «imprescindible» porque esta superficie se encuentra lejos del centro de la ciudad, por lo que resulta preciso el uso de vehículos para poder acceder a la misma. También consideran «primordial» contar con los preceptivos permisos municipales porque, al no poder obtenerlos, están teniendo serias dificultades para recibir financiación de las entidades de crédito, debido a las escasas garantías que ofrece un negocio que ni siquiera cuenta con licencia de apertura o de inicio de actividad. Se advierte de que esta situación de irregularidad puede llevar aparejado incluso el cierre de los establecimientos.
En la nota entregada por los querellantes a los partidos políticos se critica la «pasividad de los responsables municipales de Petrer al haber permitido continuar unas obras supuestamente ilegales, dotándolas de una apariencia de normalidad ajena a la realidad, y llegando al extremo de participar en la inauguración del centro comercial, lo que dio una mayor apariencia de legalidad a la apertura».
Las mismas fuentes mantienen que la única posibilidad de «legalizar» el proyecto no pasa por firmar un convenio entre Ayuntamiento y promotora, sino por introducir una modificación puntual del PGOU, para lo que se necesitaría que se apreciase un interés general por parte del Consell.

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Hernández Mateo quiere traer las basuras a Torrevieja.

Cuando nadie quiere que construyan en su ciudad un macro vertedero de basuras, el Alcalde de Torrevieja arremete contra tirios y troyanos porque en días pasados el Consorcio decidió ubicar dicha planta de residuos en Torremendo. Así H. M , amenaza con abandonar el Consorcio de manera unilateral y sin contar con el Pleno – que lo eligió representante - , como protesta ante la Diputación por no haber sido valedora de sus deseos, así se expresa EU ante las declaraciones de Hernández Mateo en su deseo de traer el vertedero a Torrevieja.

El Pleno del Ayuntamiento de Torrevieja a propuesta del PSOE ofreció terrenos para la construcción de la planta de basuras y siendo el municipio que mas basura produce (por eso paga mas), esperaban seguramente que se inclinaran por su proyecto. La reacción vehemente del alcalde demuestra muy a las claras que clase de intereses perseguían Hernández Mateo y sus necesarios colaboradores.

IU ha denunciado públicamente la intención del PP por construir la Planta Comarcal de Residuos, en el mismo lugar donde actualmente existe una Planta de Transferencia ilegal, las empresas: Grupo Generala y Polígono Industrial CV- 942, S.L. y en una superficie de 288.000 m2 de suelo no urbanizable, muy próximos a la laguna de Torrevieja.

Al haberse aprobado la recalificación del suelo, el PP ha logrado PP regularizar una planta que lleva tres años siendo ilegal porque no tiene la autorización de la Consellería de la empresa Necso-La Generala. Se da la circunstancia que un directivo de ACCIONA, creó la empresa Polígono Industrial CV-942, S.L. en julio del 2006 por José Luis López Maeso y su cónyuge Dolores Gómez Bernabeu y con la finalidad de gestionar como agente urbanizador el desarrollo del S-30 donde ACCIONA-GENERALA construirán y explotarán la apetecible planta comarcal de tratamiento de residuos.

Este desarrollo del sector 30 está incluido en la oferta que ACCIONA-GENERALA ha presentado para la construcción y gestión de la planta comarcal en la Diputación de Alicante, concretamente al Consorcio de la Zona XVII, y todo nos hace llegar a la conclusión que la decisión por parte del PP y de la empresa concesionaria del servicio municipal de recogida de basura en Torrevieja, presumiblemente ya estaba tomada de antemano.

Y es que hace unas semanas, en Pleno, y a propuesta del PSOE, se acordó crear suelo industrial para la instalación en Torrevieja de la Planta de Basuras del Plan Zonal, una decisión muy criticada por el grupo de EU y por los ecologistas que consideran que un municipio como el de Torrevieja, turístico y que cuenta con un Parque Natural de la importancia del de Las Lagunas de la Mata y Torrevieja, es el sitio menos apropiado «para unas instalaciones que pueden deteriorar el medio ambiente».

Pero si algo llama notablemente la atención es la posicion que Psoe tomó las votaciones, pese a la moción que fue presentada en la sesión plenaria del 16 de febrero por el portavoz socialista, Ángel Giménez, para impulsar la constitución de suelo industrial en el término municipal. En esta ocasión la llamativa abstención de los socialistas se debe, según Giménez, a que una vez visto el informe sobre esta iniciativa su grupo no ve "clara" la ubicación elegida para el polígono dada su cercanía al parque natural de La Mata.

Para ver claro a parte de gafas hay que tener también la actitud íntegra de ante la duda, negarse a aprobar lo dudoso en intereses y daños al medioambiente. Sin embrago, el Psoe no se ha mojado y se ha abstenido de pronunciarse. Actitud sospechosa la de no haber paralizado la recalificación hasta no tener "claras" estas dudas que ahora le surgen repentinamente al grupo socialista. El voto de los socialistas era clave para paralizar el proyecto y ellos han preferido el ni sí ni no.

El desacuerdo mostrado por el alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, con la instalación del vertedero en Torremendo, planta que calificó de impropia del siglo XXI entre otras cosas, fue también objeto de las críticas de las socialistas. La secretaria comarcal del PSOE, Marylène Albentosa, aseguró que «Orihuela y Torrevieja se pelean por tener la basura porque hablamos de mucho dinero». La guardamarenca se puso a modo de ejemplo y afirmó que nada más llegar al sillón de la Alcaldía de su pueblo «estaba sobre la mesa una propuesta para una planta de compostaje de los lodos de las depuradoras de la Vega Baja y el Bajo Vinalopó, y mis ciudadanos no han tenido que decir que no la querían, porque no la tenemos».

La regidora achacó a una crisis interna de los populares alicantinos esta pugna protagonizada por Ripoll y Hernández Mateo mientras que la portavoz del PSOE en Orihuela la tildó de «guerra política». La reacción de Hernández Mateo llega después de que el Consistorio torrevejense también aprobara un acuerdo de Pleno en el que ofrecían terrenos en la ciudad de la sal para colocar la planta de tratamiento de basuras, cosa que no se aceptó porque el Consorcio decidió que lo mejor era que todo estuviera situado en la misma zona. Los socialistas consideran que todas estas disputas entre alcaldes del mismo signo político, en este caso el popular, vienen propiciadas por la lucha iniciada hace ya varios años entre los afines al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los de Eduardo Zaplana.