CORRUPCIÓN, CORRUPTOS Y CORRUPTELAS

HERNANDEZ MATEO DELEGA LA COMPETENCIA DE CONCESION DE LICENCIAS DE OBRA

Un decreto de Alcaldía, fechado el 20 de agosto, en el que entre otras resoluciones, delega en el Delegado de Urbanismo, D. Francisco Moreno Juárez, la competencia de la concesión de licencias de obras y de ocupación de viviendas (cédulas de habitabilidad). La propuesta de Alcaldía se hace el 13 de agosto, 4 días después de la denuncia de IU.

Izquierda Unida anunció mediante comunicado de prensa el pasado 9 de agosto lo que a su parecer era un acto de incompatibilidad del alcalde de Torrevieja, tres decretos que otorgaban licencias de obra a la empresa Edén del Mar, con las que el alcalde mantiene relaciones privadas.

Si Hernández Mateo hubiera tomado esta decisión antes evitando así su firma de esas licencias de obra a Edén del Mar, también se hubierea evitado la denuncia hecha por IU. Hernández Mateo podía haber delegado con anterioridad o haber pospuesto unos días la firma de las licencias de las obras, máxime cuando éstas ya estaban comenzadas. Con este decreto el alcalde Hernández Mateo da la razón respecto a su incompatibilidad para la firma de los decretos anteriormente citados, según el grupo IU.

José Manuel García, desveló que Hernández Mateo autorizó el pasado mes de julio tres licencias de obras mediante sendos decretos a la mercantil Edén del Mar. El regidor firmó los decretos el 3 de julio (para la construcción de un bloque de 43 viviendas en la calle Casanovas), el 6 de julio (bloque de 39 casas en la calle Calera) y el 18 de julio (bloque de 27 viviendas en calle Casanovas).

En opinión de EU, la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas incluye al menos cuatro disposiciones que obligan a Hernández Mateo a abstenerse de participar en expedientes relacionados con la mercantil con la que mantiene una vinculación privada.

 

Foto: Infoville. Hernández Mateo, alcalde de Torrevieja.

El alcalde de Torrevieja adjudica por decreto tres obras a la firma que le compró una finca

El alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, sigue adjudicando contratos a la constructora Edén del Mar, sociedad con la que gestionó la compraventa de una finca. Esta operación inmobiliaria le reportó al regidor, en el espacio de dos años, una plusvalía de 5,2 millones de euros. Hernández Mateo está imputado en el sumario abierto por estos hechos. La investigación comenzó de orden de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante tras una denuncia de EU.

Ayer, el portavoz adjunto del grupo municipal de EU, José Manuel García, desveló que Hernández Mateo autorizó el pasado mes de julio tres licencias de obras mediante sendos decretos a la mercantil Edén del Mar. El regidor firmó los decretos el 3 de julio (para la construcción de un bloque de 43 viviendas en la calle Casanovas), el 6 de julio (bloque de 39 casas en la calle Calera) y el 18 de julio (bloque de 27 viviendas en calle Casanovas).

El edil de la coalición de izquierdas señala que los tres decretos de Hernández Mateo han sido una de sus primeras iniciativas en el este nuevo mandato al frente de la alcaldía con mayoría absoluta (Hernández Mateo ocupa el cargo desde 1987). El concejal de EU subraya que los decretos autorizan el comienzo de las obras "cuando dos de ellas tienen ya la estructura terminada".

El portavoz adjunto de EU considera que Hernández Mateo ha podido incurrir en incompatibilidad a la hora de autorizar los permisos. "Vamos a pedir un informe a la secretaria general del Ayuntamiento pidiendo la incompatibilidad del alcalde y la nulidad de los actos administrativos en los que haya participado junto con los gerentes de la empresa Edén del Mar o sus filiales", explica García. En opinión de EU, la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas incluye al menos cuatro disposiciones que obligan a Hernández Mateo a abstenerse de participar en expedientes relacionados con la mercantil con la que mantiene una vinculación privada.

Imputado y aforado

La investigación judicial por la compraventa de la finca rústica del alcalde de Torrevieja la dirige el titular del Juzgado número 4 de la localidad. El juez ya tomó declaración al regidor, como imputado por los supuestos delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información, en octubre de 2005. Desde entonces, no se ha practicado ninguna otra prueba testifical, aunque sí otras documentales para averiguar el patrimonio del regidor.

No obstante, con toda probabilidad este juzgado no concluirá la instrucción de esa causa, ya que el primer y hasta ahora único imputado, es decir, Hernández Mateo, acaba de obtener la condición de aforado al ser elegido diputado autonómico. Por imperativo legal, el sumario deberá trasladarse el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/alcalde/Torrevieja/adjudica/decreto/obras/firma/le/compro/finca/elpepuespval/20070810elpval_1/Tes

 

 

Un informe del Síndic de Comptes desvela que Torrevieja carecen del inventario que les exige la ley

Torrevieja.- El control del suelo público no es precisamente el punto fuerte de la gestión de los ayuntamientos valencianos. Un informe elaborado por el Síndic de Comptes sobre la gestión y control de los recursos del patrimonio municipal del suelo señala que ninguno de los consistorios estudiados dispone del correspondiente inventario específico sobre suelo.

En su informe, el órgano que dirige Rafael Vicente Queralt proclama que existe “un incumplimiento relevante de la normativa aplicable de aquellos ayuntamientos que no llevan un inventario o registro específico de los bienes y derechos que integran el patrimonio municipal de suelo, lo que impide su control”.

Respecto a las fiscalizaciones específicas, la sindicatura destaca que, en el caso del Ayuntamiento de Torrevieja, a pesar de preverse en el Plan General de Ordenación Urbana, “no se han aplicado las áreas de reparto ni los aprovechamientos tipo, sin que exista un acuerdo o resolución que ampare esta inaplicación”.

Igualmente, estima que “en general, los bienes adquiridos por el ayuntamiento no se han destinado a los fines que son propios” del patrimonio municipal del suelo, aunque “constituye una excepción la cesión al Instituto Valenciano de la Vivienda de unos terrenos de 4.836 metros cuadrados, destinados a VPO”.

Las conclusiones del trabajo, que forman parte de un estudio de ambito estatal que está coordinando el Tribunal de Cuentas, son relevantes teniendo en cuenta que las poblaciones fiscalizadas coinciden con aquellas que han registrado mayor crecimiento poblacional y auge urbanístico. En concreto, el estudio abarca los ayuntamientos de las tres capitales de provincia (Valencia, Castelló y Alicante) y aquellos con más de 100.000 habitantes y de 20.000 habitantes que mayor crecimiento poblacional han registrado en los últimos cuatro años; a saber: Calp, Dénia, Santa Pola, Orihuela, Elx y Torrevieja. Además, la institución ha estudiado in situ la situación del PMS en Elx y Torrevieja, donde ha detectado, sobre todo en este último municipio, irregularidades relevantes de la normativa urbanística.

El Síndic revela que ninguno de los nueve ayuntamientos estudiados había constituido en el momento del estudio el PMS y sólo en 5, es decir, en el 55,6% de los municipios seleccionados, existe un sistema de registro que permite identificarlo y controlarlo.

A través de un comunicado hecho público hoy, el grupo municipal manifestaba su intención de solicitar al Fiscal General de Medio Ambiente que intervenga en la localidad a causa de lo que denominan - Actuaciones urbanísticas no ajustadas a la legalidad.

 

El órgano fiscalizador recomienda a los ayuntamientos acordar la constitución del patrimonio del suelo, regular su funcionamiento, determinar la unidad o unidades encargadas del mismo, llevarlo de forma separada e independiente del resto de los bienes municipales, controlar las adquisiciones y destinos de los bienes y proporcionar la información al registro autonómico.

De hecho, la recomendación es tan explícita que da a entender que los departamentos urbanísticos de los consistorios estudiados carecen de la más mínima información respecto a las alteraciones de suelo que se producen en su propio límite territorial.

Esquerra Unida de Torrevieja, por medio de su grupo parlamentario en Las Cortes, pedirá la actuación de oficio del fiscal de medio ambiente y urbanismo al evidenciarse en la fiscalización de la Sindicatura de Cuentas importantes irregularidades que podrían constituir algún ilícito penal.

9 puntos son los que destaca el Sindic:

1. El Ayuntamiento de Torrevieja deja de percibir cesiones de suelo y compensaciones económicas que “perdona a los urbanizadores”.

2. Abuso de permutas.

3. Falta de motivación en las permutas.

4. Valoración de los técnicos sin metodología y criterios que cambian valoraciones en sus informes.

5. Permuta de la Plaza de Toros sin subasta no está justificada cambiada por parcela ampliación juzgados.

6. Permuta realizada sin deber puesto que podía haberse conseguido gratuitamente.

7. Se nombran informes que no aparecen.

8. Propietarios privados beneficiados al no aportar el 10% de aprovechamiento medio.

9. Alteración de los valores de los terrenos.

Conclusión:

El ayuntamiento beneficia a los urbanizadores en detrimento del interés público, contabiliza las operaciones inadecuadamente o no las contabiliza en el Patrimonio Municipal del Suelo y no se fiscalizan las operaciones por Intervención.

Ante estos hechos largamente denunciados por Izquierda Unida se hace obligatoria la intervención del ministerio público. La constante vulneración de la legalidad en beneficio de particulares puesta de manifiesto por este informe demoledor deja muy claro cuales han sido los motivos del crecimiento caótico de nuestra ciudad: el fácil enriquecimiento privado y el empobrecimiento de las arcas municipales.

Aparecen en el informe permutas “ejemplares” como la del Sector 27 La Coronelita, La Ceñuela con el Hospital y la Plaza de Toros.

EU exigirá que se fiscalicen todas las permutas, recalificaciones y convenios efectuadas por el PP, la mayoría por decreto del Alcalde.

 

El informe de Greenpeace “Destrucción a toda costa 2007 en la Comunidad Valenciana

“La calificación del suelo urbano es el origen de los mayores casos de corrupción.

España es el país de la OCDE donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años”.

Informe de Transparencia Internacional sobre la corrupción en 2006.

 

La especulación del suelo, y las consiguientes promociones y construcciones inmobiliarias, han venido produciendo unos beneficios extraordinarios que de ninguna manera hubieran sido tales sin la corrupción de cargos públicos municipales, permitiendo no sólo todo tipo de atropellos legales, sino también todo tipo de atentados contra el medio ambiente, aunque debemos tener en cuenta que muchos de esos atentados contra el medio ambiente han sido legales, así como muchos “pelotazos urbanísticos”.

La inmensa mayoría de concejales y alcaldes acusados de corrupción urbanística en Andalucía, y la Comunidad Valenciana , han repito sillón de concejal o alcalde, y en determinados casos, consiguiendo amplias mayorías absolutas o aumentando el número de votos obtenidos en las pasadas elecciones municipales del 27 de Mayo.

Cabe preguntarse si ¿acaso falta información sobre lo que está sucediendo?, ¿falta una cultura política crítica y defensora del medio ambiente? Estamos hablando de cuestiones sumamente importantes que afectan al empleo, el desarrollo económico y social, la calidad de vida, la cultura, etc., en definitiva estamos hablando de la situación de un país

La organización ecologista Greenpeace ha dado a conocer su informe anual sobre el estado del litoral del Estado español titulado “Destrucción a toda costa”.

Según dicho informe la construcción se ha convertido en un potente motor económicoque ha olvidado su finalidad social. Al tiempo que mueve a la economía española, roba al territorio el equivalente a 140 campos de fútbol al día1, tres de ellos en el litoral. Si en 2005 se aprobaron 800.000 proyectos de nuevas viviendas, en 2006 esta cifra aumentó hasta las 920.000.

La conversión a suelo urbanizable de millones de metros cuadrados ha supuesto la construcción de cientos de miles de viviendas a lo largo y ancho de todo el territorio, especialmente en la costa. En ocasiones se trata de suelos calificados para su urbanización, pero cada vez más nos encontramos con la destrucción de suelos rústicos o espacios naturales de alto valor ecológico o incluso protegidos.

 

Los escándalos de corrupción conocidos están íntimamente ligados a la gestión y financiación de los ayuntamientos, que disponen de su territorio como una supuesta fórmula de progreso social y económico, lo que resulta evidentemente insostenible.

El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha establecido una íntima relación entre la construcción desaforada y el blanqueo de dinero procedente de mafias. Liga la corrupción urbanística existente en España al modelo poco transparente y a la tolerancia administrativa, que ha favorecido que grupos criminales internacionales se hayan establecido en nuestro territorio ante la facilidad de blanquear dinero en la construcción y crear sus propias redes. El Fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, destaca que las mafias se organizan con el concurso de testaferros y hombres de confianza españoles, creando grandes redes de sociedades pantalla que les permiten ocultarse con total tranquilidad. Más de una veintena de narcotraficantes detenidos en los últimos años en España contaban con sus propias agencias inmobiliarias, un modelo ya conocido en Cancún, Miami o Nápoles.

La construcción está fagocitando a una industria turística que sigue anclada en el obsoleto modelo de “sol y playa”, que implica la construcción de más y más hoteles y segundas residencias como si la demanda fuera infinita.

El urbanismo valenciano está siendo supervisado muy de cerca por el Parlamento Europeo en los últimos años, debido a lasdenuncias de miles de ciudadanos y asociaciones que vienen señalando las irregularidades e injusticias que acoge la legislación en materia urbanística de esta Comunidad Autónoma. El último informe del Parlamento Europeo, tras visitar la Comunidad Valenciana, resulta demoledor. Y no es el único informe que avisa de la destrucción del territorio valenciano

El estudio, avalado por el Comité Económico y Social (CES), revela la conversión del 25% del suelo agrícola en paisaje de cemento y ladrillos en numerosos municipios, tanto del interior como del litoral.

Los tribunales están saturados de denuncias por delitos urbanísticos o contra la ordenación del territorio. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) estudia cerca de 800 causas judiciales y ya ha paralizado cautelarmente tres Programas de Actuación Integrada (PAIs), los convenios urbanísticos valencianos, en Parcent, Porcinos y Ador.

Por su parte, la Comisión Europea ha anunciado que denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas porque la legislación urbanística valenciana no respeta las directivas de contratación pública que exigen transparencia. Tampoco asegura la competencia en la adjudicaciónde los planes urbanísticos.

Cada kilómetro cuadrado de la Comunidad Valenciana recibió en 2004 una media de 288 toneladas de cemento, una cantidad cinco veces superior a la media de la Unión Europea y tres veces más que la media española. Entre los años 2000 y 2006, el asfalto y el cemento ocuparon una superficie de entre 16.500 y 25.000 hectáreas.

El informe de los europarlamentarios no es el único trabaj que denuncia la insostenibilidad del modelo urbanístico valenciano. El estudio Contribución al estudio de los cambios de uso del suelo en la Comunidad Valenciana, de la Universidad Politécnica de Valencia, elaborado por expertos urbanísticos y 17 economistas y avalado por el Comité Económico y Social (CES), confirma la fuerte presión que ejerce la construcción sobre el medio rural y revela la conversión del 25% del suelo agrícola en paisaje de cemento y ladrillos en numerosos municipios, tanto del interior como del litoral. De los casos analizados, destaca el de Torrevieja, donde la reducción de la superficie de cultivo agrícola y forestal en favor del desarrollo urbanístico es de hasta un 1.600% en las dos últimas décadas.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha emitido un informe negativo sobre 17 proyectos urbanísticos en los años 2006 y 2007, de los cuales se encuentran en el litoral:

Torrevieja Plan Parcial Sector S-29 La Ceñuela-Torrevieja

El informe también detalla como puntos negros de urbanismo destructor los proyectos urbanísticos de Torrevieja siguientes:

■ Proyecto de urbanización de “La Coronelita”: recalificación de 290.000 m2

en el entorno de la Laguna de Torrevieja para construir 1.300 viviendas.

■ Plan Parcial del Sector Norte de Torrevieja: 3.149 viviendas.

 

■ 2.142 viviendas y un hotel junto al PN de las Lagunas de La Mata y Torrevieja.

El urbanismo en Alicante se encuentra bajo sospecha. El pasado mes de agosto la Agencia Tributaria solicitaba información detallada sobre los planes parciales, convenios urbanísticos y licencias de obra concedidas por la Gerencia Municipal de Urbanismo de Alicante durante el periodo 2001-2005.

Ni uno sólo de los 25 PAIs de la provincia de Alicante aprobados por el Consell en los años 2005 y 2006 incluyeron el preceptivo informe de la confederación hidrográfica competente (Júcar o Segura) asegurando la disponibilidad de agua para las necesidades de la futura población, a pesar de que así lo exige la Ley de Aguas.8 De los 25 proyectos urbanísticos sólo uno, el PAI de la Serreta en La Nuncia, cuenta con el informe, pero éste es negativo, a pesar de lo cual, recibió la aprobación
definitiva de la Conselleria de Territorio y Vivienda.

Algunas comarcas como las de la Marina Baixa plantean triplicar su población en los próximos 15 años si se llevan a cabo todos los planes urbanísticos presentados por sus 18
municipios y que abarcan una superficie de 45 millones de metros cuadrados.

En Torrevieja se tramita la construcción de 2.142 viviendas y un hotel en el Plan Parcial del Sector 25, situado en la zona periférica del Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja. La asociación de Amigos de los Humedales de Alicante ha denunciado que los planes generales de urbanismo de las localidades que rodean al parque natural planean la construcción de 100.000 nuevas viviendas.

La planta desalinizadora de Torrevieja se ha visto sometida a una disputa entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Conselleria de Territorio y Vivienda. Su producción inicial será de 80 hectómetros cúbicos anuales, 40 destinados al regadío y otros 40 al abastecimiento urbano de municipios de Alicante, Murcia y Albacete. Junto a los daños a la pradera de Posidonia oceanica otro de los impactos destacados es la ubicación elegida para la planta, dentro del perímetro del Parque Natural de las Lagunas de la Mata.

La Generalitat Valenciana ha abierto un expediente a la desaladora de Torrevieja y ha anunciado su intención de llevarla ante la Fiscalía por un posible delito contra el medio ambiente. También presentó una denuncia ante la Comisión Europea por el impacto ambiental de la planta, que no fue aceptada

 

http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/destrucci-n-a-toda-costas-en-v.pdf

 

Foto: Infoville,web Ayuntamiento de Torrevieja.

 

 

 

 

El Consell abre un expediente a Torrevieja por el pago de facturas sin contratos públicos

Justicia cree que los acuerdos son nulos al usar de forma habitual un sistema previsto sólo para situaciones catastróficas, de grave peligro o que afecten a la defensa nacional

Torrevieja.- El documento de la Consellería manifiesta que los pagos aprobados eran para costear, entre otros, los gastos de mantenimiento de jardines, seguros, servicio de autobuses, o alquiler de locales. Justicia denuncia en el expediente que «es evidente, pues, que estas actuaciones no se ajustan a las disposiciones.

En esta ocasión, las facturas aprobadas corresponden al Instituto Municipal de Cultura «Joaquín Chapaprieta» (IMC) y su valor global asciende a 1.185.531,51 euros, por lo cual posiblemente podemos estar ante una malversación de fondos públicos que pudiera derivar en la inhabilitación de quienes lo cometen, todos del equipo de gobierno popular.

Durante 2006 el equipo de gobierno local, en manos del PP con mayoría absoluta, aprobó facturas sin justificación, por el sistema de reconocimientos extrajudiciales de crédito, por valor de casi 3 millones de euros, informa Efe.

PP sigue sacando de los cajones estas facturas pese a que existen informes contrarios del servicio de Intervención y de la Secretaria General, que las declararon "nulas de pleno derecho" porque en ocasiones carecen de contrato ni hay registro de que se hayan efectuado los trabajos.

El pasado 14 de marzo de 2007 el alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo y dos concejales de su equipo de Gobierno, Pascual Ortiz, de Hacienda, y José Antonio Sánchez, de Contratación, declararon ante el juzgado de instrucción número 2 de Torrevieja en calidad de imputados por un presunto delito de prevaricación por realizar pagos mediante la figura de reconocimientos extrajudiciales de crédito.

Los querellantes estiman que el Ayuntamiento ha desembolsado por este procedimiento más de 15 millones de euros (2.500 millones de pesetas) a lo largo de varios ejercicios económicos para pagar «servicios básicos y previsibles».

En 2005, el Ayuntamiento de Torrevieja, presidido por Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, ha abonado decenas de facturas a un medio de comunicación privado, Radio Televisión Torrevieja, para difundir la gestión que despliega el gobierno local, con mayoría absoluta, a través de varios departamentos municipales. Las facturas se pagan sin que medie contrato y, según la intervención municipal, "adolecen de vicio de nulidad".
Las facturas se abonan a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito y muchas de ellas rozan la cantidad de 3.000 euros, sin alcanzarla, para eludir los preceptivos expedientes de contratación. El Ayuntamiento ha pagado a esta televisión, que opera a través de la empresa Televisión Costa Blanca, SL, por grabar, editar y difundir actividades de varias concejalías municipales, entre ellas la de Juventud, la de Fomento y Desarrollo, Bienestar Social y Obras, y por propagar actos del Instituto Municipal de Cultura.

Los informes de la intervención municipal no dejan lugar a dudas: no existen contratos que amparen esos servicios. Las facturas "adolecen de vicio de nulidad", es decir son irregulares. En la práctica, según varios ediles de la oposición, el gobierno local está contribuyendo a la financiación de la televisión a cambio de influir en los contenidos de la información municipal. Otras fuentes de financiación son las cuotas de los abonados y la publicidad.

Otro caso conocido de utilización de este tipo de pagos es el referente a la restauración del Pascual Flores .

 

Coros Rusos

El concejal de Contratación, José Antonio Sánchez, rechazó en rueda de prensa las acusaciones del PSOE sobre la posibilidad de que se pudiera haber aprobado el pago de las dos facturas del hotel para hospedar a un coro ruso en el transcurso de la Junta del Instituto Municipal del Cultura celebrada el martes y para ello aportó un documento de intervención de fecha 7 de febrero que recoge un solo pago de por una cantidad de 7.074 euros. «La factura es la misma, el mismo concepto y el mismo importe pero solo ha sido validada una», dijo el edil, que afirmó sobre las diferencias entre una y otra que se debe a «un error del hotel» que las expidió.

El coro ruso «Coral Académica de Bryansk» llegó «unicamente» a Torrevieja para actuar el 5 de abril en el auditorio del centro Virgen del Carmen sin preverse pernoctaciones. Pese a no estar previsto el ayuntamiento se hizo cargo de los gastos de hospedaje durante cuatro días y cuya factura se aprobó el martes aplicando el sistema de pago de reconocimientos extrajudiciales de crédito.

Las dos facturas del Hotel Cabo Cervera, que tienen el mismo número 602065, fueron presentadas, junto a otras, el pasado martes en la junta del instituto de Cultura para ser aprobadas mediante el método de reconocimientos extrajudiciales de crédito, «con informes en contra del la secretaría municipal y del interventor municipal .

En la primera de las facturas, de fecha 6 de abril de 2006, figura como ocupante del hotel unicamente «Cultura» mientras que en la segunda, emitida el 14 de abril del mismo año, los ocupantes fueron «coros rusos». En ambos casos, se hace referencia a 69 pernoctaciones en habitaciones de diferentes precios. La más barata cuesta por día 53,36 euros y la más cara a 2.742 euros.

En la segunda factura se refleja que la llegada de los usuarios se produjo el 10 de abril y la salida el 14 del mismo mes, aunque se señala a continuación que la fecha de ocupación se produjo desde el 2 al 5 de abril.Además, la factura con fecha del 6 de abril de 2006 lleva el sello de entrada en el Ayuntamiento del día 7 de octubre de 2005.

El PSPV-PSOE de Torrevieja denunció que la supuesta aprobación de dos facturas «idénticas» por parte del Instituto Municipal de Cultura «Joaquín Chapaprieta» - con mayoría de responsables del PP - puede constituir un caso de «falsedad documental». La entidad habría autorizado dos pagos iguales correspondientes a la utilización del Hotel Cabo Cervera, perteneciente a la Compañía de Viviendas en Alquiler SA, para albergar a los participantes de diferentes actos culturales celebrados en la ciudad. El grupo Psoe
anunció que las dos facturas serán remitidas al fiscal Anticorrupción y al Juzgado de Instrucción.

LA PELA ES LA PELA

El patrimonio económico personal del alcalde de Torrevieja -sin contar sus bienes inmuebles- conocido hasta el momento, se eleva al margen de su sueldo como alcalde y diputado autonómico a unos 6.113.809 euros (unos 1.123 millones de las antiguas pesetas). De la citada cantidad, 5.409.188 euros provienen de la venta de una finca en Almoradí y el resto, 740.521 euros, de cheques que le fueron ingresados en una cuenta bancaria de la CAM desde el año 1996 al 2005.

 

Refuerzos para Felipe Briones. La corrupción en Alicante sobrecarga a la fiscalía.

La propuesta fue analizada ayer en una reunión de trabajo entre Felipe Briones, José Antonio Romero y el teniente fiscal, Juan Carlos López Coig, quien incidió en la necesidad de poner refuerzos en Anticorrupción para que pueda dedicarse a los casos más importantes.

El importante número de expedientes que acumula esta fiscalía alicantina fue subrayado el pasado 24 de mayo por el propio Romero, quien abogó por la incorporación de un segundo fiscal Anticorrupción para la provincia.

Felipe Briones informó al fiscal jefe acerca del rumbo que está tomando la investigación de Orihuela y se analizó el volumen de trabajo que en estos momentos está soportando la Fiscalía Anticorrupción, con varios casos de irregularidades urbanísticas y presunta corrupción en pleno proceso de instrucción. Entre ellos se encuentran el caso Mercalicante y el de los aparcamientos de Alicante.

Respecto a la investigación en torno a Fenoll, desde la Fiscalía se negaron de forma rotunda a hacer ningún tipo de declaración, insistiendo en que las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario. Probablemente, esta medida se prolongue hasta que se haya realizado la transcripción de todas las cintas que tenía en su poder el empresario.

El empresario oriolano Ángel Fenoll y su colaborador y concejal electo del Partido Popular de Albatera, Javier Bru, continúan internados en el módulo de Enfermería de la prisión de Fontcalent. Según fuentes de la prisión, ni Fenoll ni Bru están teniendo un seguimiento especial dentro de Fontcalent. De hecho, aunque los dos tienen la celda en la enfermería, llevan una vida normal con el resto de reclusos, compartiendo con ellos el comedor, la sala común y las horas de patio. Su estado de salud «no ha empeorado» con el ingreso en prisión, sino que se encuentran en la enfermería con fines preventivos «y por prescripción médica».

Briones estudia los supuestos delitos de extorsión del empresario Ángel Fenoll a varios dirigentes populares de Orihuela, que saltaron a la palestra en marzo de 2006 al difundir el empresario una conversación con un edil. La pasada semana comenzaron las detenciones y entradas en prisión de los implicados.

La Fiscalía de Alicante pretende descongestionar de trabajo al fiscal Anticorrupción de la provincia, Felipe Briones, para que éste pueda centrar su atención en aquellas diligencias que precisan de una mayor dedicación por su importancia, según dijo ayer el responsable del Ministerio Público, José Antonio Romero. De esta manera, Briones se ocuparía más en profundidad de los casos protagonizados por cargos del PP, como son las denuncias relacionadas con aspectos urbanísticos y políticos en diversos municipios de la provincia, como Orihuela, Alicante, Elda y Torrevieja.

Anticorrupción también estudia las 16 causas abiertas que pesan sobre el alcalde en funciones del municipio, José Manuel Medina (PP). Además, el fiscal Anticorrupción también investiga al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, que está imputado junto con la edil de Urbanismo, Sonia Castedo, y el concejal de Tráfico, Luis Concepción, por el modificado de un contrato que supuestamente favorece a la constructora Ortiz e Hijos, y que pudieron causar una pérdidas al Consistorio de más de dos millones de euros. Alperi, además, es investigado por un desfalco de unos cuatro millones en Mercalicante, además de otro supuesto delito, denunciado por la formación Vecinos por Alicante, que le acusa de encargar la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a dos arquitectos sin contrato.

Además, el alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, también del PP, fue denunciado por Briones hace dos años tras una compraventa particular en Almoradí -fuera del término municipal de Torrevieja-, en la que considera que pudo servirse de información privilegiada.

El único alcalde socialista entre los investigados por Briones es el munícipe en funciones de Elda, Juan Pascual Azorín. EU denunció a la Fiscalía ocho actuaciones urbanísticas en las que, presuntamente se han cometido irregularidades.

Mientras la fiscalía trabaja, los imputados siguen con su política corrupta como es el caso del alcalde de Orihuela, Medina quien esta mañana trataba de aprobar pagos pendientes a Fenoll antes de marcharse. Las facturas pendientes por valor de más de un millón de euros que deberán abonarse ya por el procedimiento de reconocimiento extrajudicial de crédito en el próximo mandato.

Sin renunciar a su cargo

Javier Bru, número dos del empresario Ángel Fenoll y, a su vez, concejal electo del PP en Albatera, encarcelado en el marco de la operación judicial contra la corrupción en La Vega Baja, no renunciará al cargo, según confirmó ayer su letrado, después de presentar un recurso solicitando su libertad bajo fianza.

Javier Bru es gerente de la sociedad Colsur, SA, empresa matriz del grupo del industrial Ángel Fenoll. Bru fue elegido concejal en la localidad de Albatera, como número 9 de la candidatura del PP, en las elecciones municipales del pasado día 27 de mayo.

Aparte del supuesto soborno, la juez también investiga un posible cohecho por el contrato del plan zonal de residuos sólidos de La Vega Baja, que tiene que adjudicar la Diputación de Alicante, y supuestas ayudas del industrial Fenoll para la campaña de los partidos políticos de Orihuela.

 

Foto Felipe Briones. https://torreviejadigital.blogia.com/upload/externo-7dd81a1bea66c9c064523f4005647025.jpg

Torrevieja aprueba 1,2 millones en facturas fuera del presupuesto

El PP sigue sacando facturas de los cajones correspondientes a supuestos gastos contraídos de manera ilícita, sin ajustarse a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y, posiblemente podemos estar ante una malversación de fondos públicos que pudiera derivar en la inhabilitación de quienes lo cometen, todos del equipo de gobierno popular.

Via El Pais.

El Instituto Municipal de Cultura de Torrevieja aprobó ayer facturas por 1.185.531,51euros a través de los reconocimientos extrajudiciales de crédito, según confirmó el portavoz de Los Verdes, José Manuel Dolón. Son cerca de medio millar de facturas del último semestre de 2006 autorizadas fuera del presupuesto. "Es una forma habitual de gestionar", dijo Dolón que recordó cómo los pagos extraordinarios han llegado al juzgado por la adjudicación de la construcción de dos centros escolares cuyo coste final excedió en un 90% el precio de la adjudicación. La denuncia fue archivada.

El concejal de Esquerra Unida, José Manuel Martínez, acusó al PP de "dilapidar el presupuesto en pagos irregulares contraídos sin ajustarse a la legalidad". Opinó que el PP "sigue sacando de los cajones facturas de gastos contraídos de manera ilícita" sin ajustarse, dijo, a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Por ello, estimó que se podría tratar de "malversación de fondos públicos".

Martínez Andreu puso como ejemplo los pagos realizados en junio de 2006, cuando se abonaron facturas que sobrepasaron los 900.000 euros, como por ejemplo 96.802 por el alquiler de sillas, 78.300 por el servicio de sonido y 35.000 en seguridad privada.

Según el grupo IU de Torrevieja El IMC no hace contratos y dilapida el presupuesto en pagos irregulares contraídos sin ajustarse a la legalidad.
Cabe destacar que todos los miembros de la Junta, incluidos los vocales, están expuestos a las mismas responsabilidades civiles y penales, si aprueban como de costumbre, estas facturas correspondientes a actos nulos de pleno derecho y con posibles implicaciones jurídicas.

 

Foto Eduardo Dolón, concejal de cultura con Hernandez Mateo. Web infoville.

Vecinos de Torremendo y toda la Vega Baja se manifiestan en Orihuela contra la corrupción

Más de un millar de vecinos de la pedanía oriolana de Torremendo y otras localidades de la Vega Baja se manifestaron hoy en Orihuela (Alicante) para exigir que no se ubique un vertedero en esa zona. Plan Zonal XVII de Residuos de la Vega Baja contempla, entre otras actuaciones, la instalación de un vertedero en Torremendo.

Los manifestantes entregaron en el registro municipal de Orihuela y al alcalde en funciones, José Manuel Medina (PP), un escrito en el que se pide la no ubicación "de ninguno de los vertederos previstos" en ese plan.

En relación con el vertedero de Torremendo, la titular del juzgado número 5 de Orihuela dictó el 9 de mayo un acto de imputación por presuntos delitos de prevaricación y falsedad administrativa contra ocho ediles del PP de Orihuela por autorizar esta instalación a Ángel Fenoll. La decisión se tomó a raíz de una querella presentada por un grupo de vecinos, que consideran que el Ayuntamiento otorgó el permiso sobre la base de una documentación falsa.

La Fiscalía Anticorrupción de Alicante considera que el industrial Ángel Fenoll, afín al PP, es la punta de lanza de una trama de corrupción político-empresarial de Orihuela. La trama arroja sospechas sobre la contrata de basuras, dos vertederos y el plan zonal de residuos de la Vega Baja. Fenoll fue detenido el miércoles junto a otras cinco personas y enviado a prisión el sábado por la noche por la juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. Las detenciones, según fuentes del caso, podrían estar relacionadas también con la adjudicación del plan zonal de residuos de Alicante para la zona XVII (La Vega Baja), a la que optan cinco propuestas. El concurso está pendiente de adjudicación, según aseguraron ayer diversas fuentes. El plan zonal prevé ubicar dos vertederos en las pedanías de Torremendo y La Murada, dos puntos en los que ya funcionan sendas plantas de recogidas de basura propiedad de Ángel Fenoll. El industrial abrió estas instalaciones sin permisos, y en 2003 los socialistas de Orihuela denunciaron que el plan zonal pretendía "dar carta de naturaleza" a estas dos plantas puestas en marcha por Fenoll "de manera clandestina y con el beneplácito del Gobierno del PP".

La juez decreta prisión provisional para Fenoll, su hijo y un edil del PP

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela decretó el ingreso en prisión provisional para el empresario oriolano Ángel Fenoll el pasado sábado; el hijo de éste, Antonio Ángel Fenoll y el gerente de la empresa y concejal electo de Albatera, Javier Bru, tras haber prestado declaración por presuntos delitos de extorsión, tráfico de influencias, amenazas y cohecho cuyo origen se atribuye, según fuentes judiciales, a las grabaciones entre el industrial oriolano y el concejal de CL de Orihuela, Jesús Ferrández.

La operación podría saldarse con más detenidos, entre ellos cargos políticos, si bien representantes del mundo de la política estarán presentes «casi con toda certeza en próximas declaraciones como testigos», aseguraron las fuentes.

La conocida como «Operación Brugal» se ha saldado con las primeras detenciones en Orihuela desde la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Felipe Briones (que ayer se encontraba, como no podía ser de otra manera, en la toma de declaraciones) que vio indicios de delito en la grabación. En la cinta, registrada por el detective imputado tanto en vídeo como en audio, el edil de CL, Jesús Ferrández, dice tener conocimiento de sobornos al alcalde y varios ediles a cambio de adjudicar la contrata de la recogida de basuras a Urbaser, firma que competía con la de Fenoll en el concurso, aún en el aire tras los hechos.

Las pesquisas policiales sobre la presunta extorsión a políticos de la Vega Baja se prevén largas porque además de la abundante documentación en papel incautada en los registros realizados en Orihuela, la Policía intervino en propiedades del empresario Ángel Fenoll más de 200 cintas cuyo estudio y análisis será complejo.

Supuesto plan para matar a Medina con un pistolero búlgaro

El supuesto plan para asesinar a Medina surgió en una conversación entre el hijo de Fenoll y el hermano de Mónica Lorente en un bar de Abanilla. En la primavera de 2006 y en pleno escándalo por el supuesto soborno de la contrata de la basura de Orihuela alcalde, José Manuel Medina, denunció un supuesto plan para asesinarlo. La denuncia presentada por Medina, que le llevó a tener vigilancia policial de paisano en aquellas fechas, relataba los hechos que le transmitió en la mañana del 9 de abril en las dependencias del Ayuntamiento un vecino de origen búlgaro, con estancia legal en España. El hombre relató que había sido testigo de varias reuniones, a las que asistieron empresarios y políticos en las que supuestamente se habló de preparar una agresión contra Medina.

Según ha podido saber el diario Información el eslavo fue trabajador de Ángel Fenoll para serlo después del hermano de Mónica Lorente citado en la denuncia de Medina, si bien la relación laboral con ambos habría expirado ya. A su vez, el hermano de Lorente aludido en la denuncia por amenazas habría trabajado en la empresa de Fenoll.
Juntos a estas dos alusiones, según las citadas fuentes, aparecen nombres de cargos públicos. Estos cargos procederían de localidades de Murcia y la Vega Baja que, según la denuncia, se encontraban presentes en las reuniones.

Los juzgados oriolanos recibieron un atestado sobre este asunto fechado el 23 de junio de 2006 procedente de la Comisaría de la Policía Nacional de Alicante.

Además de la denuncia, el alcalde reforzó por aquellas fechas su seguridad con agentes de la policía local que, de paisano, acompañaron el alcalde en todos sus actos públicos, incluidos los desfiles de la Semana Santa.

Ayer, José Manuel Medina se disvinculó de la denuncia. "Ni confirmo ni desmiento", respondió. "Fenoll es caso cada día más ajeno y lejano a mí persona", añadió.

Su sustituta en la alcaldía y máxima oponente del regidor en el seno del PP local expresó su sorpresa al ser preguntada por estos hechos: "Nadie de mi entorno familiar, ni por supuesto mi hermano, me ha comentado nada de eso", señaló. "Tampoco Medina me informó nunca de que hubiera presentado una denuncia contra mi hermano", añadió. La futura alcaldesa también negó que su hermano trabaje en alguna de las empresas del grupo de Fenoll.