Todo parece indicar que cuando el alcalde de Almoradí promovió la redacción del PGOU en el 2003, las fincas propiedad de Hernández Mateo, vendidas posteriormente a una mercantil que opera habitualmente tanto en Torrevieja como en la Vega Baja, estaban previstas para la recalificación a urbanizable. Por lo tanto el PP de Almoradí, parece evidente, tenía que conocer la existencia de esta recalificación prevista.
Antonio Ángel Hurtado, del PP, aseguró ayer que desconoce la ubicación exacta y la calificación en el nuevo Plan General de Almoradí de los terrenos que el alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, revendió a la promotora Edén del Mar por un precio 30 veces mayor de lo que pagó por ellos. Por esta compraventa, Mateo está imputado por la Fiscalía Anticorrupción por presunto tráfico de influencias.
Aseguró que sobre estos terrenos sólo sabe de ellos «por lo que se dice» y que están por la zona sur de Almoradí en dirección a Benijófar y Los Montesinos. Tras negar cualquier tipo de traspaso de información privilegiada, el primer edil almoradidense abrió ante los periodistas uno de los planos del PGOU para buscar la zona, cuya calificación aparece en el mapa como No Urbanizable Común Convertible, es decir, terrenos con proyección urbanística una vez se agote el 75% del suelo urbanizable del municipio.
El alcalde de Almoradí en un certificado solicitado por Hernández Mateo y en poder del fiscal, declaró que los terrenos vendidos por el alcalde de Torrevieja no estaban calificados como urbanizables pero parece que obvió decir que estaban previstos en el PGOU promovido desde el 2003. Es de suponer también que la información podía haber existido y supuestamente transmitida, explicándose así el importante sobreprecio de unos terrenos que eran en ese momento rústicos y que sólo se podían utilizar para la cría de animales como así declaró el alcalde de Torrevieja.
El alcalde de Almoradí instó al grupo municipal de Izquierda Unida (IU) a denunciar en los tribunales cualquier atisbo de sospecha sobre la falta de transparencia en relación al Plan General así como «si ha habido tráfico de influencias». Hurtado pidió que «los de la cantimplora y la bicicleta», refiréndose a IU, «dejen de sembrar nubes sobre mi persona». «Cuando encargué en Plan General la única orden que di al equipo de redacción es que sirviera a los intereses de Almoradí y que no fuera un plan a la carta». «Recibí cuatro o cinco propuestas importantes y a cada una de ellas dije que este alcalde no abordaría recalificaciones aisladas al margen del PGOU», añadió en contestación a las manifestaciones del portavoz de IU, José Mateo, que tildó el PGOU de «barbaridad» por sus ambiciosas pretensiones (recortadas a la mitad por la Conselleria de Territorio) y quien afirmó que algunas personas habían comprado terrenos en la localidad a partir de información privilegiada.
Según Hurtado, el retraso en la tramitación del concierto previo se debió a que la documentación remitida por el Ayuntamiento de Almoradí estuvo «paralizada» ocho meses en la Conselleria de Territorio y se devolvió exigiendo su adaptación a la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) pese a que el expediente del Plan General fue abierto en base a la ley anterior, la derogada LRAU. Según Hurtado, que culpó a la Conselleria de Territorio de la legislatura anterior de no haber dado celeridad al Plan General, hubo una lucha importante porque «la Generalitat me quiso someter a dos aspectos de la nueva ley con los que yo no estoy de acuerdo», en referencia a la cesión del propietario de un metro cuadrado por cada metro vendido y a la cuota de sostenibilidad porque, a su juicio, «perjudica a los propietarios que toda la vida han tenido unas tahúllas y ahora vienen a decirles que tienen la mitad».
Hurtado insistió, como ya hizo durante el pleno municipal de la semana pasada, en que acordó con la Dirección de Urbanismo de la Conselleria tramitar el concierto previo del Plan General conforme a la ley anterior debido a que su tramitación se efectuó estando vigente la LRAU, aunque esta ley afectará directamente sólo al suelo con desarrollo más inmediato. Finalmente, el suelo a recalificar supone un total de diez millones de metros cuadrados, exento del uno por uno y la cuota de sostenibilidad (condiciones que sí contempla la nueva ley urbanística). Cabe destacar que preguntado el alcalde en pleno municipal por el grupo socialista respecto a la documentación que avale la existencia de tal acuerdo por el que el Consell admite la tramitación en base a la anterior ley, Antonio Ángel Hurtado contestó que se trata de un «pacto verbal».
Por otro lado, el alcalde anunció que en el plazo de una semana aproximadamente se someterá a información pública la documentación relativa al Plan General.
Parque de ocio El nuevo Plan General contempla una zona terciaria para emplazar, según dijo Hurtado, un parque de ocio sobre 600.000 metros cuadrados recalificados, con una zona residencial, y que será «el más grande desde Alicante hasta Murcia». Será ubicado en la zona del Saladar, junto a la Ciudad Deportiva.
Izquierda Unida elevará a la Consellería de Territorio y Vivienda las preguntas que puedan dar a conocer los motivos por los que han recortado el Plan Inicial previsto por Hurtado, por la negativa de este a su adaptación a la LUV, mucho mas beneficiosa para los intereses públicos de Almoradi, por el conocimiento por parte del Consell de la existencia de los terrenos comprados a Hernández Mateo por los que se encuentra imputado judicialmente y si este conocimiento ha influido en la decisión de apartarlos hasta nueva orden.
Según el grupo IU, el Consell evita recalificar unos terrenos que propiciaron la denuncia de Izquierda Unida de Torrevieja ante la Fiscalía Anticorrupción por lo que se imputó judicialmente al alcalde de Torrevieja por un presunto delito de uso de información privilegiada y se supone que pospone su recalificación para cuando en Almoradi se agote el suelo urbanizable o la situación política lo aconseje y permita. Imputación que se eterniza en el juzgado nº 4 de Torrevieja.
El alcalde de Almoradí en un certificado solicitado por Hernández Mateo y en poder del fiscal, declaró que los terrenos vendidos por el alcalde de Torrevieja no estaban calificados como urbanizables pero parece que obvió decir que estaban previstos en el PGOU promovido desde el 2003. Es de suponer también que la información podía haber existido y supuestamente transmitida, explicándose así el importante sobreprecio de unos terrenos que eran en ese momento rústicos y que sólo se podían utilizar para la cría de animales como así declaró el alcalde de Torrevieja.
La sentencia absolutoria argumenta que, como se recoge en sentencias del Tribunal Supremo, la noticia que tiene interés y relevancia general y que es veraz en lo sustancial no produce intromisión en el derecho al honor, que la veracidad no es preciso que sea absoluta y total, cabiendo inexactitudes parciales que no afectan al fondo.
Via Información.es
