Camaradería Peppera: el Alcalde de Almoradí se hace el sueco y niega desconocer lo evidente.

Todo parece indicar que cuando el alcalde de Almoradí promovió la redacción del PGOU en el 2003, las fincas propiedad de Hernández Mateo, vendidas posteriormente a una mercantil que opera habitualmente tanto en Torrevieja como en la Vega Baja, estaban previstas para la recalificación a urbanizable. Por lo tanto el PP de Almoradí, parece evidente, tenía que conocer la existencia de esta recalificación prevista.


Antonio Ángel Hurtado, del PP, aseguró ayer que desconoce la ubicación exacta y la calificación en el nuevo Plan General de Almoradí de los terrenos que el alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, revendió a la promotora Edén del Mar por un precio 30 veces mayor de lo que pagó por ellos. Por esta compraventa, Mateo está imputado por la Fiscalía Anticorrupción por presunto tráfico de influencias.
Aseguró que sobre estos terrenos sólo sabe de ellos «por lo que se dice» y que están por la zona sur de Almoradí en dirección a Benijófar y Los Montesinos. Tras negar cualquier tipo de traspaso de información privilegiada, el primer edil almoradidense abrió ante los periodistas uno de los planos del PGOU para buscar la zona, cuya calificación aparece en el mapa como No Urbanizable Común Convertible, es decir, terrenos con proyección urbanística una vez se agote el 75% del suelo urbanizable del municipio.

El alcalde de Almoradí en un certificado solicitado por Hernández Mateo y en poder del fiscal, declaró que los terrenos vendidos por el alcalde de Torrevieja no estaban calificados como urbanizables pero parece que obvió decir que estaban previstos en el PGOU promovido desde el 2003. Es de suponer también que la información podía haber existido y supuestamente transmitida, explicándose así el importante sobreprecio de unos terrenos que eran en ese momento rústicos y que sólo se podían utilizar para la cría de animales como así declaró el alcalde de Torrevieja.

El alcalde de Almoradí instó al grupo municipal de Izquierda Unida (IU) a denunciar en los tribunales cualquier atisbo de sospecha sobre la falta de transparencia en relación al Plan General así como «si ha habido tráfico de influencias». Hurtado pidió que «los de la cantimplora y la bicicleta», refiréndose a IU, «dejen de sembrar nubes sobre mi persona». «Cuando encargué en Plan General la única orden que di al equipo de redacción es que sirviera a los intereses de Almoradí y que no fuera un plan a la carta». «Recibí cuatro o cinco propuestas importantes y a cada una de ellas dije que este alcalde no abordaría recalificaciones aisladas al margen del PGOU», añadió en contestación a las manifestaciones del portavoz de IU, José Mateo, que tildó el PGOU de «barbaridad» por sus ambiciosas pretensiones (recortadas a la mitad por la Conselleria de Territorio) y quien afirmó que algunas personas habían comprado terrenos en la localidad a partir de información privilegiada.
Según Hurtado, el retraso en la tramitación del concierto previo se debió a que la documentación remitida por el Ayuntamiento de Almoradí estuvo «paralizada» ocho meses en la Conselleria de Territorio y se devolvió exigiendo su adaptación a la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) pese a que el expediente del Plan General fue abierto en base a la ley anterior, la derogada LRAU. Según Hurtado, que culpó a la Conselleria de Territorio de la legislatura anterior de no haber dado celeridad al Plan General, hubo una lucha importante porque «la Generalitat me quiso someter a dos aspectos de la nueva ley con los que yo no estoy de acuerdo», en referencia a la cesión del propietario de un metro cuadrado por cada metro vendido y a la cuota de sostenibilidad porque, a su juicio, «perjudica a los propietarios que toda la vida han tenido unas tahúllas y ahora vienen a decirles que tienen la mitad».

Hurtado insistió, como ya hizo durante el pleno municipal de la semana pasada, en que acordó con la Dirección de Urbanismo de la Conselleria tramitar el concierto previo del Plan General conforme a la ley anterior debido a que su tramitación se efectuó estando vigente la LRAU, aunque esta ley afectará directamente sólo al suelo con desarrollo más inmediato. Finalmente, el suelo a recalificar supone un total de diez millones de metros cuadrados, exento del uno por uno y la cuota de sostenibilidad (condiciones que sí contempla la nueva ley urbanística). Cabe destacar que preguntado el alcalde en pleno municipal por el grupo socialista respecto a la documentación que avale la existencia de tal acuerdo por el que el Consell admite la tramitación en base a la anterior ley, Antonio Ángel Hurtado contestó que se trata de un «pacto verbal».
Por otro lado, el alcalde anunció que en el plazo de una semana aproximadamente se someterá a información pública la documentación relativa al Plan General.
Parque de ocio El nuevo Plan General contempla una zona terciaria para emplazar, según dijo Hurtado, un parque de ocio sobre 600.000 metros cuadrados recalificados, con una zona residencial, y que será «el más grande desde Alicante hasta Murcia». Será ubicado en la zona del Saladar, junto a la Ciudad Deportiva.

Izquierda Unida elevará a la Consellería de Territorio y Vivienda las preguntas que puedan dar a conocer los motivos por los que han recortado el Plan Inicial previsto por Hurtado, por la negativa de este a su adaptación a la LUV, mucho mas beneficiosa para los intereses públicos de Almoradi, por el conocimiento por parte del Consell de la existencia de los terrenos comprados a Hernández Mateo por los que se encuentra imputado judicialmente y si este conocimiento ha influido en la decisión de apartarlos hasta nueva orden.

Según el grupo IU, el Consell evita recalificar unos terrenos que propiciaron la denuncia de Izquierda Unida de Torrevieja ante la Fiscalía Anticorrupción por lo que se imputó judicialmente al alcalde de Torrevieja por un presunto delito de uso de información privilegiada y se supone que pospone su recalificación para cuando en Almoradi se agote el suelo urbanizable o la situación política lo aconseje y permita. Imputación que se eterniza en el juzgado nº 4 de Torrevieja.
El alcalde de Almoradí en un certificado solicitado por Hernández Mateo y en poder del fiscal, declaró que los terrenos vendidos por el alcalde de Torrevieja no estaban calificados como urbanizables pero parece que obvió decir que estaban previstos en el PGOU promovido desde el 2003. Es de suponer también que la información podía haber existido y supuestamente transmitida, explicándose así el importante sobreprecio de unos terrenos que eran en ese momento rústicos y que sólo se podían utilizar para la cría de animales como así declaró el alcalde de Torrevieja.

La homosexualidad de Rajoy. A Dios rogando y con el mazo dando.

Carlos Biendicho, presidente de la Plataforma y amigo de Rajoy, ha afirmado que el número uno de la oposición es homosexual, pero se casó obligado. A pesar de las reclamaciones de dentro el partido de la Plataforma Gay del PP, el PP no dio libertad de voto en el Congreso. Lo que no impidió a Celia Villalobos romper la disciplina de voto y votar a favor de la ley, por lo que ha sido sancionada por el partido. Pero su presidente, Mariano Rajoy, votó, como siempre, en contra de esta ley, lo que ha indignado a los miembros de la Plataforma Gay del PP que, por boca de Biendicho, han decidido explicar la verdad sobre Rajoy.

Para escuchar las declaraciones de Biendicho.

 

El resultado de la polémica dentro del Partido Popular se ha saldado con una querella criminal contra el secretario general del PP, Ángel Acebes, el secretario ejecutivo de comunicación, Gabriel Elorriaga, y el secretario general del Grupo Parlamentario, Jorge Fernández Díaz, por discriminación, incitación a la discriminación y coacción a los alcaldes del PP para que no cumplan la ley que equipara las uniones homosexuales al matrimonio. Esta actitud sólo pone de relieve el sectarismo de la Plataforma Popular Gay y su desprecio hacia la libertad de pensamiento y hacia los instrumentos de que dispone el Estado de Derecho para defenderse de leyes injustas como ésta.

El presidente de la Plataforma Popular Gay, Carlos Alberto Biendicho, explicó a Europa Press que se ha presentado el escrito ante el Juzgado de Guardia de León, dirigido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por tratarse los afectados de aforados. "Están presionando a todos los alcaldes y ediles del PP para que no apliquen una normativa que, a pesar de estar recurrida ante el Tribunal Constitucional, en la actualidad está plenamente en vigor y hay que cumplir, como ya han afirmados otros líderes del PP, como Josep Piqué, Alberto Núñez Feijoo, Celia Villalobos o Manuel Lamela", advirtió.

Rivalizando con la Plataforma Popular Gay está el Grupo de Lesbianas y Gays del PP, coordinados por Javier Gómez, que el mismo día que el PP presentó recurso de incosntitucionalidad contra la llamada "Ley Zerolo" acudió con su novio al Registro Civil para formalizar jurídicamente su relación. Gómez no ha dudado en manifestarse portando pancartas de COGAM, plataforma gay de Madrid beligerante con el PP. Lo curioso es que ninguna de las dos asociaciones está vinculado orgánicamente al partido ni a su estructura, ni tiene dirección postal, ni teléfono, ni correo electrónico.

El PP dice que Javier Gómez no representa a su partidoMientras, en la sede del Partido Popular dicen que conocen a Javier Gómez pero que no representa en ningún sentido a su organización política, y que este colectivo no existe ni está reconocido dentro del organigrama del partido. Lo que sí afirman es que no tienen ninguna opinión ni postura oficial acerca de las declaraciones que hace Javier Gómez en nombre de un colectivo de personas que, según él, está formado por 300 militantes o simpatizantes del PP.

El propio Javier Gómez afirman que este colectivo no está constituido legalmente como asociación y no tiene sede social, aunque dicen que en breve tendrán disponible una página web. La razón que ha dado Javier Gómez para justificar esto es que no quieren constituir una asociación sin el “consentimiento” de su partido ya que, ante todo, respetan al PP. Además dice que lo que ellos quieren “no es formar una ONG”, sino ser parte del organigrama de los populares.

javier Gómez ha insistido en que el Partido Popular ha designado a Ana Pastor, Secretaria Ejecutiva de Política Social y Bienestar del PP, como enlace para poder trabajar juntos en proyectos que atañen a la comunidad gay, como anteriormente designaron a Ana Mato.

Carlos Alberto Biendicho es la cabeza visible de la autodenominada “plataforma popular gay” y que dice representar a una parte de los votantes gays del PP; en concreto, afirma que fueron 500 personas las que comenzaron esta plataforma.

Biendicho asegura que tres ministros del antiguo gobierno del Partido Popular son gays o que el PP tiene un millón de votantes homosexuales. Rajoy contestó en su día a Biendicho afirmando que esta plataforma estaba en su derecho de dar los nombres que quisiera.

Entre otras cosas, la plataforma popular gay ha denunciado al arzobispo Rouco Varela por "incitación a la discriminación".

 

El Blog de Carlos Biendicho

 

 

 

Caiga quien Caiga. Pijos, Crispadores y el Dia de la Hispanidad.

 

La Generalitat recorta en ocho millones de metros cuadrados las pretensiones municipales, entre cuyos terrenos estarían las fincas de Hernández Mateo.

La Conselleria de Vivienda obligó a redactar un nuevo borrador del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Almoradí al Ayuntamiento para tramitar el concierto previo del proyecto en el que se contemple una reducción de la mitad de la superficie urbanizable y la adaptación de éste a la Ley Urbanística Valenciana (LUV), según indicaron fuentes de la oposición.
Izquierda Unida (IU) de Almoradí aseguró que, entre los terrenos excluidos de la recalificación, figuran los adquiridos y posteriormente vendidos por el alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, por los que percibió una cantidad de dinero 30 veces superior al precio al que los compró. Por esta compraventa, Mateo está imputado por la Fiscalía Anticorrupción por presunto tráfico de influencias.
Por su parte, el portavoz del PSOE de Almoradí, Javier Cañizares, preguntó al primer edil por los criterios seguidos por el equipo técnico a la hora de decidir qué suelo se mantenía y cual se eliminaba de los planes municipales. Según Cañizares, el alcalde de Almoradí, Antonio Ángel Hurtado, no dio explicaciones al respecto: «El PGOU es una desmesura y se ha dejado (como suelo urbanizable) lo que se ha podido para salvar algunos intereses», afirmó el portavoz del PSOE. Tanto IU como PSOE señalaron que los terrenos excluídos en el nuevo proyecto se calificaron como «suelo común transformable», lo que supone la posibilidad de recalificación de estos si se acaba con el suelo urbanizable que actualmente compone el plan urbanístico.
Hurtado promovió en 2003 la redacción del PGOU ante una iniciativa empresarial que comenzó la tramitación de un plan parcial que afectaba a 11 millones de metros cuadrados de suelo del municipio. El primer edil ordenó entonces la elaboración de un Plan General según el cual pasarían a urbanizables más de 18 millones de metros cuadrados y que tendría como consecuencia inmediata el aumento de la población de Almoradí hasta 150.000 habitantes.

Desde entonces, poco se supo del Plan General hasta que el pasado jueves se celebró un pleno para aprobar el proyecto reelaborado por el equipo técnico encargado tras la negativa de la Conselleria a conceder el concierto previo al primer proyecto presentado. El nuevo documento contempla una reducción del suelo urbanizable de ocho millones de metros cuadrados de la zona sur del municipio (la que afecta a la parte que queda a la derecha de la carretera que une Almoradí con Los Montesinos) y fue aprobado en solitario por el PP.
En este sentido, el portavoz socialista culpó directamente a Hurtado del retraso en la elaboración y puesta en marcha del PGOU al alcalde cuyo proyecto tildó de «faraónico»y que no responde a los intereses de Almoradí.
Del mismo modo, IU señaló la necesidad planteada por la Conselleria de Vivienda de contar con un informe sobre la existencia de recursos hídricos suficientes para abastecer a la creciente población. El edil de la formación, José Mateo Pertusa indicó que en la misma sesión plenaria, el PP aprobó, también en solitario, la aceleración del trámite para edificar una zona comercial supeditada al Plan General. En este sentido, las intenciones de Hurtado apuntadas por IU responden a la resolución por vía de urgencia de la adjudicación del urbanizador y el inicio de las obras en un plazo de dos o tres meses. IU aseguró que dicha zona comercial se ubicaría en una zona inundable (entre la A-7 y la pedanía de El Saladar) y que la existencia de una gran superficie va en contra de los intereses del pequeño comercio de Almoradí.

Via Información.es

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CC OO dice que la Policía Local autorizó servicios de paisano a interinos sin arma

El sección sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Torrevieja ha respaldado en un comunicado la decisión de Subdelegación del Gobierno de no conceder autorizaciones a la Policía Local para actuar de paisano porque, en su opinión, la Jefatura del cuerpo local ha abusado de esta fórmula.
CC OO asegura que hace ya más de dos años que este sindicato pidió por registro las autorizaciones otorgadas por la autoridad competente para el servicio de paisano de agentes de Policía Local sin haber obtenido respuesta desde entonces.
Los motivos por los que se solicitó esta información trataban de garantizar que estos servicios se hicieran con las suficientes garantías de seguridad para los agentes y de acuerdo con lo ordenado por el Subdelegado de Gobierno. Para la misma fuente «la falta de transparencia del jefe del cuerpo» al «ser sistemáticamente denegada» la información solicitada por CC OO «podría ocultar el abuso o el exceso en el uso de las autorizaciones recibidas que ponen en riesgo la seguridad de los policías». Este sindicato sostiene además que se había observando la realización de dichos servicios por una gran diversidad de agentes, «diversidad que no se suele corresponder con las autorizaciones que se dan» y que deben ir acompañadas por un número determinado de policías, con su indicativo y con las funciones específicas.
CC OO mantiene que son muchos los policías que han indicado el haber visto «a agentes interinos de paisano actuar en cuestiones de seguridad ciudadana». Dichos agentes han manifestado «su preocupación» por la falta de medios de defensa de un policía interino «que no tiene arma reglamentaria y que en esas intervenciones se la estaban jugando» al no contar con la autoridad que impone el uniforme ni arma.
El sindicato afirma que « la falta de transparencia de esta Jefatura» y «de consenso con los sindicatos» hace «que nos mostremos dubitativos de que se puedan solucionar los problemas a través de autorizaciones de paisano». Para Comisiones este cuerpo policial «necesita de un cambio radical en su rumbo, tanto a nivel de organización y funcionamiento como en cuestiones de personal». La Policía Local sigue siendo, indican, una de las policías a nivel autonómico que dispone de menos personal proporcionalmente comparado con la población real del municipio, la precariedad en el trabajo policial roza el 43% de agentes interinos y un 50% de mandos interinos o por designación directa del alcalde por informes de forma discrecional y al libre criterio de Jefatura.

M. PAMIES Para Información.es

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La Policía Local reduce a la mitad sus servicios tras la denuncia por malos tratos

Las actuaciones de la Policía Local de Torrevieja relacionadas con la seguridad ciudadana han descendido más de un cincuenta por ciento en los ocho primeros meses del año con respecto al mismo periodo de 2006, según fuentes próximas a los cuerpos de seguridad de la ciudad.
El inicio de ese descenso coincide en el tiempo con el desarrollo de la investigación judicial que desde agosto de 2006 salpica a la cúpula de la Policía Local de Torrevieja -imputada desde entonces por un presunto maltrato y omisión del deber de perseguir el delito - . Una rebaja que no es atribuible a un descenso de la actividad delictiva en la ciudad que se mantiene en registros similares desde 2005.
Como se observa en el estadillo adjunto, los atestados realizados por causas penales (robos, hurtos y otras causas penales) han descendido en un 49%. Mayor es el descenso sobre diligencias de casos de violencia de género (un 69%) y sobre la de personas que conducen bajo los efectos del alcohol (-27%), mientras que tan sólo aumenta el número de asuntos remitidos a los juzgados vinculados a atestados por accidentes de tráfico con heridos en el casco urbano. Hasta el momento de la investigación judicial sobre la cúpula de la Policía Local, la plantilla de ese cuerpo (en torno a 180 agentes) era reconocida entre el resto de cuerpos de seguridad de la provincia por lograr con éxito asumir servicios de seguridad ciudadana, en una iniciativa impulsada por la conflictividad de una ciudad con más de cien mil habitantes, con una Guardia Civil limitada en efectivos y sin presencia de la Policía Nacional. La junta local de seguridad, con el visto bueno de la Subdelegación de Gobierno aprobó hace casi una década que la Policía Local asumiera esos atestados penales. Este periódico ha podido confirmar casos concretos durante las jornadas con mayor carga de trabajo en el mes de agosto pasado, en los que las llamadas del centro de coordinación de la Generalitat 112 remitidas a la Policía Local eran a su vez redirigidas a la Guardia Civil en asuntos como peleas multitudinarias, violencia de género, denuncias por robo en vehículos o riñas en el interior de establecimientos de hostelería.

Un portavoz autorizado del equipo de gobierno no confirmó esas cifras, aunque admitió que desde la denuncia de malos tratos la Policía Local limita más sus servicios a las competencias de tráfico y a las propias de su Cuerpo. En este sentido, la misma fuente puso como ejemplo la negativa de la Subdelegación a que los agentes de la Policía Local puedan realizar algunos servicios de paisano.
Antecedentes: la investigación por presuntos malos tratos la realizó la Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja a petición de la juez decana de la ciudad, Juana López. El procedimiento, tras la convulsión inicial de agosto de 2006, está paralizado al no estar localizado ni haber comparecido para ratificarse uno de los dos denunciantes de malos tratos de origen sudamericano. Semanas después de la actuación de los juzgados de Torrevieja sobre los agentes de la Policía Local y dos concejales, entre ellos el actual edil de Seguridad, Pedro Valero, el periódico ya recogió en sus páginas esa nueva actitud a la hora de atender algunos de los servicios y que ahora tiene su reflejo estadístico.

 

por Pamies para Información.es

La futura Ley de la Memoria Histórica obligará a ayuntamientos a retirar los símbolos franquistas.

Visto en el Blog de Humor Gráfico Agua Va!!! por Mayoyo©

Los símbolos del franquismo en Torrevieja.

La nueva redacción de la Ley de la Memoria Histórica aprobada este miércoles por la ponencia del Congreso obligará a ayuntamientos, instituciones y particulares a retirar los símbolos franquistas y de exaltación de la Guerra Civil, y faculta a las Administraciones Públicas para retirarles subvenciones y ayudas si no lo hacen.

Las principales modificaciones respecto al texto original del Gobierno que ha asumido el PSOE se refieren a la expresa condena del régimen de Franco, a la declaración de “ilegitimidad” de los tribunales sin garantías y de sus sentencias y al reconocimiento de las creencias religiosas como motivo de la represión. La fórmula consensuada abarca tanto a los tribunales militares de la zona nacional como a los procesos extrajudiciales republicanos.

Después, en otro apartado se declara expresamente la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público (TOP) y los tribunales políticos y consejos de guerra. De esta manera se abre la puerta para posible revisión jurídica de estos procesos, ya que ni los tribunales injustos de esa época ni las leyes que aplicaban para la persecución podrán ser invocadas por el Tribunal Supremo para negarse a anular las condenas que impusieron, como ocurría hasta ahora.

Además, en el capítulo de símbolos y monumentos públicos, cuya retirada limitaba inicialmente el Ejecutivo a las instituciones estatales, ahora se establece que todas las Administraciones Públicas "tomarán las medidas oportunas" para suprimirlos. Esto es, los ayuntamientos, por ejemplo, tendrían que renombrar muchas de sus calles.

En Torrevieja no quedan rastros del antiguo régimen. Nada en calles o plazas recuerda a Franco o a la guerra civil. Desaparecieron todos los símbolos en los años ochenta, cuando regía la ciudad la alcaldesa socialista Rosa Mazón. El concejal de Tráfico de aquellos años, y luego Alcalde, Joaquín García, recuerda que «en la Plaza de Miguel Hernández, entonces llamada de Los Caídos, había una gran cruz con una placa que recordaba a los caídos por Dios y por España. Quitamos la placa y se quedó la cruz sin leyenda».

Nunca hubo en Torrevieja monumentos a Franco. Sólo su perfil en un bajorrelieve del Salón de Plenos, en conmemoración de la ampliación del municipio en los años 50. Sí había amplia representación de nombres del antiguo régimen en el callejero: plazas o calles del Caudillo, José Antonio, General Mola, General Sanjurjo... «Los cambiamos por Miguel Hernández, Antonio Machado, Blasco Ibáñez.» Así, la Plaza del Caudillo se llamó de la Constitución y los paseos costeros pasaron a ser de Vista Alegre y de la Libertad. Nunca se han vuelto a cambiar nombres y apenas los más mayores recuerdan a las vías con nombres de próceres de la dictadura.

La excepción son dos referentes de la dictadura, Ramón Gallud y Juan Aparicio, pero más por razones de vinculación a la localidad que por su condición ideológica. Gallud fue jefe de Falange de Torrevieja, fusilado en Alicante durante la Guerra Civil; y Juan Aparicio, director general de Prensa del Movimiento, fundador de la Falange y padre del Certamen de Habaneras, desde los años cincuenta da nombre a lo que fue durante muchos años el Paseo de las Rocas.