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Europa fuerza la revisión de la ley urbanística

Europa fuerza la revisión de la ley urbanística

“ Desde 2003 la Eurocámara ha reprobado tres veces los casos de abusos. En palabras de la Comisión Europea, la nueva norma valenciana , aunque mejoró algunos aspectos no acaba de garantizar la transparencia ni la competencia en la adjudicación de los conocidos Programas de Actuación Integrada (PAI).”

 

ELPAÍS/Valencia* : La legislación urbanística valenciana será reformada por segunda vez después de años de estar en entredicho en las instituciones de la Unión Europea. Los palos que la Eurocámara ha dado a la Generalitat a cuenta de esta normativa -incluso los populares europeos la han censurado- y la denuncia al tribunal de justicia europeo exige una adaptación a las directivas europeas.

El primer aviso contra la legislación urbanística valenciana se produjo a raíz de las denuncias de un grupo de afectados contra la entonces vigente Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), sustituida en 2006 por la ley Urbanística Valenciana (LUV), que heredó todavía vicios de la primera. Después de una larga instrucción, la Comisión acabó denunciando en 2007 a España ante el tribunal de justicia comunitario al entender que la ley valenciana vulnera las directivas europeas sobre contratos públicos. A este frente se unió el del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, que tras una avalancha de denuncias ciudadanas sobre abusos urbanísticos, tomó cartas en el asunto. Desde 2003 la Eurocámara ha reprobado hasta tres veces los casos de abusos. En palabras de la Comisión Europea, la nueva norma valenciana -impulsada por el consejero Rafael Blasco en la legislatura de 2003-2007-, aunque mejoró algunos aspectos no acaba de garantizar la transparencia ni la competencia en la adjudicación de los conocidos Programas de Actuación Integrada (PAI). El sistema de fijación del precio del proyecto es uno de los aspectos más polémicos.

La presión no cesa. El Parlamento sigue recibiendo hoy denuncias de afectados de la Comunidad Valenciana -el pasado 2 de abril debatió otras 47 denuncias-. El Comité de Peticiones sopesa en estos momentos, según fuentes de la Eurocámara, la redacción de otro informe duro contra España por no haber corregido el problema. En el pleno del 2 de abril, un eurodiputado austriaco planteó incluso que el PE emplease su potestad para congelar los fondos europeos destinados a España como medida de presión. El 26 o 27 de mayo, los coordinadores de los diferentes grupos políticos con representación en el Comité de Peticiones decidirán qué hacer con esta nueva oleada de quejas ciudadanas.

El Consell, tras años de defensa a machamartillo de sus leyes urbanísticas dentro y fuera de su territorio, se dispone ahora a reformarla, si bien bajo un amplio paraguas de cambios que el Consell quiere ahora consensuar con el principal partido de la oposición. El departamento de Urbanismo se propone una reestructuración de las leyes de Ordenación del Territorio, la Urbanística y la adaptación a la ley estatal del Suelo. A este paquete se añade una decreto con el que se pretende animar a los ayuntamientos a disponer de suelo para vivienda protegida.

Lo admita o no, la Consejería de Urbanismo se ha visto obligada a revisar toda su legislación por las exigencias de Europa. El propio García Antón lo reconoció la pasada semana en Alicante durante la clausura de unas jornadas sobre la construcción. "Coordinar todas las leyes [del ámbito urbanístico] y cumplir bien con Europa", manifestó el consejero. Acerca de un posible pacto urbanístico con la oposición, García Antón manifestó su deseo de que las partes consensuen un texto "antes de vacaciones". "Tratamos de evitar la disfuncionalidad", explicó en referencia a las críticas que despierta el urbanismo valenciano en Bruselas y también en colectivos profesionales autóctonos como el de arquitectos, ingenieros o abogados.

Al otro lado, los socialistas admiten los contactos, pero insisten en que la negociación es de carácter técnico y no son partidarios de "magnificar el nivel de los contactos". "Los socialistas queremos que mientras dure la negociación la consejería no aproveche para colar proyectos urbanísticos controvertidos", explica Francesc Signes, coordinador de Territorio en el Grupo Socialista en las Cortes Valencianas. En resumidas, el PSPV ha pedido al Consell que de los 130 millones de metros cuadrados de suelo pendientes de reclasificación, sólo salgan adelante las revisiones de Planes Generales de Ordenación Urbana y de normas subsidiarias, así como los proyecto que estén claros. "No pedimos una moratoria, sino que este periodo no se convierta en un coladero", concluye Signes.

Así pues, la resolución que dicte el Comité de Peticiones durante la reunión de los coodinadores de cada grupo será crucial. "Se planteará un texto de resolución y luego se votará. Posteriormente se elevaría al presidente del Parlamento Europeo", resume el presidente de Abusos Urbanísticos No (AUN), Enrique Climent. Los europarlamentarios españoles temen que la resolución sea más dura que las anteriores, ya que los avisos previos han servido de poco. Y no sólo eso, desde que se abrió el primer expediente por denuncias de abusos urbanísticos en Bruselas, el catálogo de casos se ha ampliado y, a estas alturas las instituciones europeas miran con lupa los posibles incumplimientos de directivas relacionadas con el medioambiente.

Para el ex eurodiputado socialista Joan Calabuig, que ha seguido el proceso en los últimos años, las Cortes Valencianas deberían de crear una comisión que escuche e investigue a los afectados. "Las peticiones no cesan de llegar a Bruselas porque aquí nadie les escucha ni les atiende", opina. Los últimos informes de la Sindicatura de Greuges coinciden en denunciar la situación, pero la Generalitat no ha dado ningún paso para deshacer un entuerto que dura años.

Calabuig rescata una idea que propuso el ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana,y que nunca se cumplió, y que consiste en abrir oficinas de atención a los residentes extranjeros -muchos de los afectados son ciudadanos de otros países de la Unión-. "Deben [el Consell] de reconsiderar su actitud", añade Calabuig, que todavía recuerda cómo desde el Gobierno valenciano se ha acusado a los eurodiputados socialistas de orquestar estas denuncias con el único objetivo de desgastar al Consell. "Este largo proceso está deteriorando la imagen de los valencianos, es cierto. Pero resulta ridículo a estas alturas en que la CE nos ha llevado ante el tribunal de justicia que todo esto se deba a una conspiración orquestada por ingleses, socialistas, verdes e incluso por eurodiputados conservadores de otros países de la UE", concluye.

"Los ciudadanos se han encontrado con que no pueden luchar contra estos casos ni siquiera con su voto", explica uno de los afectados. Un ejemplo es lo sucedido en Parcent, donde los vecinos votaron contra el anterior equipo de gobierno para impedir que los PAI previstos salieran adelante. Ahora Vecinos de Parcent, grupo político que gobierna, viven una situación imposible. El nuevo ayuntamiento se enfrenta a una querella si se paraliza uno proyecto comprometido el anterior mandato.

* ELPAIS.com - C. VÁZQUEZ / E. MOLTÓ - Valencia / Alicante - 19/05/2008


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El PP veta una interpelación sobre la corrupción alegando que no existe.

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Albiol (EU) sostiene que la censura "es un síntoma de la complicidad con los imputados"

Las Corts no podrán debatir sobre los casos de supuesta corrupción en la Comunitat Valenciana, con varios cargos del PP imputados en procesos judiciales, porque, en opinión de los populares, no hay tal corrupción. Los representantes del PP en la Mesa de la Cámara vetaron en la reunión del martes una interpelación formulada por la diputada de Esquerra Unida en el grupo de Compromís Marina Albiol al conseller de Justicia, Fernando de Rosa, sobre la política general del Consell en materia de corrupción.
Según fuentes de la reunión, la secretaria primera de las Corts, Mª Fernanda Vidal (PP), justificó la negativa a tramitar la interpelación -que habría obligado a De Rosa a explicarse en el pleno de la próxima semana-, invocando el artículo del reglamento que permite no admitir preguntas si incluyen valoraciones que se consideren ofensivas. Vidal dijo que la iniciativa contenía un juicio de valor, ya que, aseguró, aquí no han corrupción, según las fuentes citadas.
Marina Albiol denunció ayer la "censura" sufrida, consideró que "la corrupción afecta al PP de norte a sur del País Valenciano" y subrayó que con su interpelación quería "poner de manifiesto que la Generalitat no está poniendo los medios adecuados para que se haga justicia". "El hecho de que el conseller de Justicia no quiera comparecer en las Corts para hablar de los numerosos casos de corrupción que asolan el País Valenciano es un claro síntoma de la complicidad de todo el PP con los imputados por corrupción. Todo el PP, incluido el presidente de la Generalitat y los consellers que apoyan a personajes como Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castelló, imputado por diversos delitos contra la Administración y un presunto delito fiscal", sentenció. A su juicio, el PP tiene "secuestrado el legislativo" y ha decidido que la corrupción es "tabú".

El incidente en el pleno

El veto se produce tras el incidente de hace meses, cuando en un debate Albiol aludió a la situación judicial del también diputado autonómico y alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo (PP), y éste luego la instó a callar o se vería obligado a "decirle que era una de esas personas a las que se conoce por la profesión de su madre". La presidenta no ha querido reunir a la comisión del Estatuto para enjuiciar esta actitud. "No me harán callar", dijo ayer Albiol, tras aludir a otro diputado con problemas, Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante. Además, instó a De Rosa a aclarar qué medidas ha tomado para evitar el problema del juzgado de Nules que tramita el caso Fabra, tras cuatro años y nueve jueces.


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Izquierda Unida entiende que Hernández Mateo modificando el PGOU para que el propietario legal del viejo cuartel de la Guardia Civil no construyera en él, cometió un abuso de poder.

Izquierda Unida entiende que  Hernández Mateo modificando el PGOU para que el propietario legal del viejo cuartel de la Guardia Civil no construyera en él, cometió un abuso de poder.

García Mañogil dice que la mala gestión de Hernández Mateo sobre el viejo cuartel de la Guardia Civil costará a los torrevejenses pagar una indemnización al actual propietario mayor del que hubiera costado adquirir el inmueble.

El concejal de Izquierda Unida, García Mañogil ha recordado que en septiembre de 2000, la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del Estado (GISE), dependiente del Ministerio del Interior, sacó a subasta pública el antiguo cuartel de la Guardia Civil en Torrevieja. Ante esta subasta, el alcalde Hernández Mateo dijo sentirse “contrariado”, “indignado” y “engañado”, ya que pocos meses antes él mismo, acompañado por el entonces Subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante, Luis Garrido, habían dado por realizada la permuta de este inmueble con la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) a cambio de unos terrenos municipales colindantes al nuevo cuartel de la Benemérita. Sin embargo, y según comunicó el propio Gobierno de la Nación, la DGGC había determinado la subasta “al no haber llegado a ningún tipo de acuerdo con el Ayuntamiento de Torrevieja”.
En octubre del mismo año el Ayuntamiento envió al GISE un borrador del convenio, que había permanecido en sus dependencias un año sin tramitar y que fue rechazado por el GISE al ya encontrarse iniciado el periodo de subasta. Hernández Mateo dijo que hasta el último momento confió en que no se celebraría la subasta y lanzó una amenaza: el futuro comprador “va a malgastar su dinero”, ya que “el Ayuntamiento ha iniciado un expediente urbanístico para catalogar el cuartel como edificio protegido”, “el pueblo quiere para Torrevieja esas instalaciones”.
Izquierda Unida, mediante Moción al Pleno, pidió que se solicitara al Ministerio del Interior la suspensión de la subasta. La Moción fue aprobada por todos los grupos políticos, pero no obtuvo respuesta por parte del Ministerio.
El 23 de ese mismo mes la mercantil TRAVENSA SA, se adjudica la subasta, que tenía un precio de salida de 122.000.000 de pesetas, por un importe de 322.807.967 de pesetas. La mercantil pretendía construir un edificio con 15 viviendas de lujo y bajos comerciales.
Hernández Mateo cumplió su amenaza: el Pleno Ordinario del 29 de diciembre declaraba el viejo cuartel como edificio protegible según la aprobación de modificación 68 del PGOU.
IU se opuso a esta modificación, alegando que si bien siempre habíamos pedido que este edificio debía seguir en poder público en este caso se estaba realizando una modificación ad-hoc del PGOU que castigaba a una empresa en concreto y que eso era abuso de poder. Al mismo tiempo, IU, consideró la obstinación del alcalde como un caro capricho que a la larga nos iba a costar mucho dinero, como ya había ocurrido con la finca “Doña Sinforosa”.
Según apareció recientemente en prensa, el pasado 24 de febrero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) condenaba al Ayuntamiento de Torrevieja a indemnizar a la mercantil TRAVENSA SA por el perjuicio patrimonial ocasionado como consecuencia de la aprobación puntual 68 del PGOU que protegió el antiguo edificio de la Guardia Civil, propiedad de la empresa demandante. El TSJCV considera en su fallo al Ayuntamiento responsable patrimonial por ocasionar “daños y perjuicios” económicos a la mercantil, que valoró la indemnización en su demanda en 2.158.753 euros.

Ante estos hechos, Izquierda Unida opina que:

1- El Gobierno subastó el Cuartel por no llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento.
2- No se llegó a un acuerdo, porque tras un año de que la DGGC presentara al alcalde un Convenio detallado para realizar la operación de compra o permuta éste lo mantuvo en un cajón hasta que la Guardia Civil se cansó de esperar y sacó a subasta pública la venta del edificio.
3- Que la obstinación de Hernández Mateo al modificar el PGOU para que el propietario legal de la finca no construyera en ella, fue un abuso de poder.
4- Que este abuso de poder, ya denunciado por IU en su momento, nos va a costar a todos los torrevejenses una cantidad hoy indeterminada pero que puede superar los 2 millones de euros.
5- Que el Cuartel podía haber sido, en su momento, adquirido por un importe muy inferior al que ahora nos demanda la mercantil propietaria del inmueble, y que tras este pago seguirá siendo propiedad de dicha empresa.
6- Que por suplantar la buena gestión por el “ordeno y mando” se dan estos frutos, una vez más.


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Domingo Soler apoya públicamente al socialista Ángel Giménez.

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Domingo Soler en una rueda de prensa ofrecida ayer, mostró su apoyo a Ángel Giménez y calificó la postura de Ángel Sáez como de "extrema izquierda".

A rio revuelto, ganancias de pescadores. Y como el refrán, el poppular Soler aprovechó la coyuntura que le brindan las disputas entre el secretario del Psoe, Angel Sáez y el concejal del mismo grupo Ángel Giménez para pescar más de lo mismo, la seguridad de que mientras el Psoe siga dividido los poppulares tienen más fácil seguir practicando la política caciquista y la censura con todo aquello que no les beneficie o desvele sus desmanes en materia económica, urbanística, de recursos hidraúlicos o seguridad ciudadana.

Domingo Soler, ha manifestado su "preocupación latente" con ironía ejemplar por la situación del Grupo Municipal Socialista, en el que seis concejales, liderados por Ángel Giménez, han pedido la expulsión de la edil restante, Dora Fernández, motivo por el cual han sido expedientados por la ejecutiva local del partido, encabezada por Ángel Sáez. En cuanto a las retribución por dedicación exclusiva que actualmente recibe Dora Fernández, y que ahora ha pedido la concejal Marisa Zafra, Soler manifiesta que "quien marca la dedicación exclusiva del grupo es el portavoz", en alusión a Ángel Giménez, dejándo al margen a la ejecutiva.. En cuanto al PSOE, Soler señaló que "se tienen que centrar", al considerar que la postura del secretario local, Ángel Sáez, "raya en la extrema izquierda", por celebrar el Primero de mayo, acto en el que también participó el secretario local del PCE, y, según Soler, "luchando por unas reivindicaciones muy antiguas" y que suponemos a él le son ajenas. El dirigente popular, que aseguró que "yo no tengo que ver en lo que está pasando en el PSOE" (por si acaso alguien pensó lo contrario) y agregó que Giménez está situado en el "centro izquierda" y destacó su "visión" a la hora de apoyar la modificación nº93 del PGOU, tendente a liberalizar la implantación de grandes superficies comerciales. "Visón" ajena por cierto a la mayoría de militantes socialistas.


Foto: De Izq a Drcha, Tomás Arenas, Ángel Gimenez, Domingo Soler y Manuel Vera en la Feria de Mayo 2008 :http://www.laverdad.es/murcia/multimedia/fotos/13716.html


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Dossier: Torrevieja, la capital del crimen.

La población en la comarca se ha incrementado un 76% en once años, mientras la criminalidad no deja de crecer.En los últimos cuatro meses se han producido cinco muertes violentas.

De las setenta y cinco bandas de delincuencia organizada detectadas en la Comunidad Valenciana, cincuenta tienen bases, infraestructuras operativas y ramificaciones en Torrevieja. Las más activas proceden de los países del este europeo, cuyos miembros han actuado hasta ahora con impunidad manifiesta.

Mayoría de población extranjera. Esta es una de las realidades que se da en la Vega Baja desde hace años. La comarca más al sur de Alicante ha sufrido un aumento constante de población en los últimos once años y se prevé una evolución de más de 100.000 personas en los próximos cinco. A pesar de su desarrollo, la comarca alicantina ha sido protagonista en los últimos tiempos por los sucesos: en sólo cuatro meses, cinco crímenes violentos han sacudido a la zona, cuatro de ellos en Torrevieja y uno en Pilar de la Horadada.

Un estudio sobre proyecciones de población a corto plazo del Instituto Valenciano de Estadística (IVE) apunta que los habitantes de la Vega Baja alcanzarán los 450.724 en el año 2011, lo que supone un incremento del 25% respecto al año pasado.

Ocurre además que el goteo de ajustes de cuentas entre bandas rivales inquieta profundamente a la población, así como la presencia de delincuentes de muchas nacionalidades dedicados al robo de viviendas y a los atracos personales. La Guardia Civil ha solicitado la colaboración de comunidades internacionales que hay en Torrevieja, mientras se enfrentan a la desididia del gobierno poppular municipal, más preocupado de la metártasis urbanística, los derroches en premios de novelas que no dan cultura a nadie, y en lavar la cara de Torrevieja procurando vender a través de los medios locales una imagen ficticia e irreal de la localidad. Ya dijo el alcalde Hernández Mateo que al que habla mal de Torrevieja "habría que matarlo" , entendiendo por Torrevieja, su gestión municipal, nefasta y sólo beneficiosa para él y sus allegados. Con estas declaraciones y su impronta decisión de traer la planta de basuras a Torrevieja, diríase que hace méritos para parecer una mala copia de un mafioso napolitano.

Esta provincia (Alicante) está plagada de viviendas unifamiliares, aisladas de los centros urbanos. Ahí es donde se están cebando las bandas organizadas para cometer delitos. Hemos tenido secuencias de secuestros exprés espeluznantes: entran anulando todas las medidas de seguridad, retienen a toda la familia y se ensañan con el cabeza de familia mientras arrasan con joyas, dinero en efectivo... En una hora lo cogen todo y dejan en la UVI al padre. Hay dos zonas. Una al Norte, desde Denia a Benidorm, y luego está Torrevieja y la Vega Baja, en el litoral mediterráneo, donde no existe policia Nacional y la Local está dirigida por un personaje que no reune ni la preparación básica para ejercer su cargo, además de estar imputado en varias causas por torturas, omisión del deber, y tener a sus hermanos como compañeros de plantillas e implicados en hechos similares. Han sido varios los registros judiciales practicados en las dependencias de la Policia Local y muchos agentes los que han pasado como testigos o implicados en causas abiertas por la labor que realiza este cuerpo de seguridad, que cuenta con el beneplácito y protección de Hernández Mateo. (Véase el tema DESÓRDENES POLICIALES). Mientras las Guardia Civil, sin efectivos suficientes y sin el apoyo, tiene que atender la seguridad de más de 120.000 habitantes censados y otros muchos de paso o sin censar.

Alta criminalidad
La evolución que ha sufrido la Vega Baja en los últimos años se ha visto marcada en los últimos cuatro meses por cinco crímenes, tres de ellos por violencia de género. Nada más empezar el año, la comarca se despertaba con la muerte de un mujer a manos de su pareja en Torrevieja.

En enero, un joven de 26 años presuntamente acababa con la vida de su compañera, de 33 años, en la vivienda que compartían. Al parecer, el hombre cogió un cuchillo y degolló a la mujer, entregándose después en el cuartel de la Guardia Civil. Al parecer, el joven, de 26 años y nacionalidad ucraniana, llegó al domicilio en estado de embriaguez y comenzó una discusión con la víctima, de nacionalidad rusa, a la que degolló con un cuchillo.

En abril, también en Torrevieja, dos muertes violentas se produjeron en apenas 48 horas. El día 5, el cadáver sin vida de un hombre de 67 años fue encontrado por su nieto en el interior de la vivienda que compartía con su ex mujer, ambos de nacionalidad rusa. Al parecer, la mujer, de 70 años de edad, acabó con la vida del hombre de un hachazo en la cabeza para ingerir, posteriormente, una gran cantidad de pastillas que la dejó inconsciente. Después fue detenida.

Sólo 48 horas más tarde, un hombre, de 35 años y nacionalidad cubana, apuñaló y degolló a su vecina, a una mujer de nacionalidad inglesa en el interior del domicilio de esta última, en la urbanización Lago Jardín II de Torrevieja.
Tras los hechos, que tuvieron lugar sobre las 7 horas de la mañana, el presunto homicida de 35 años que residía en la casa contigua a la de su víctima, de 43 años, se duchó y se cambió de ropa que más tarde arrojó a un contenedor de basura cercano junto al arma blanca que utilizó en el crimen ?-al parecer se trata de un cuchillo de cocina-.
A continuación, sobre las 9,30 horas, se personó en el cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja donde comunicó lo sucedido y se declaró culpable del crimen.

La tercera muerte por violencia machista se produjo el 21 de abril en Pilar de la Horadada. El cadáver de una joven de 19 años apareció en el interior de una balsa de riego cerca de la empresa donde trabajaba su ex novio. La ex pareja de la víctima, un hombre de 30 años y nacionalidad ecuatoriana, fue detenido a los pocos días acusado del crimen. El cuerpo sin vida atado de pies y manos y con una rueda metálica rodeando su cintura corresponde a Laura, una joven de 18 años cuya desaparición fue denunciada el pasado 10 de abril en el cuartel del Instituto Armada por su tía -con quien convivía- seis días después de su ausencia.

La última muerte violenta en la comarca tuvo lugar también en Torrevieja. U n joven argelino murió de madrugada al recibir un disparo de una escopeta cuando se encontraba en un local de ocio del centro de la ciudad. Un hombre de 38 años y nacionalidad argelina fue detenido junto a su pareja por el crimen.

24 horas más tarde otro joven fue apuñalado r en una nueva agresión en la zona de copas de Torrevieja. Los hechos se produjeron de madrugada durante una pelea en las inmediaciones de la conocida discoteca Pachá de Torrevieja, donde su seguridad acumula numerosas denuncias por agresiones y son muchos los testigos que aseguran que más que proteger a los clientes, "fomentan" las agresiones.

En mayo del 2007, Un joven de 22 años sufrió una agresión con arma blanca a las
puertas de una discoteca de Torrevieja. Los hechos ocurrieron en la puerta de la discoteca “Pacha”
donde el joven resultó herido por arma blanca en el abdomen y la espalda. El joven herido ingresó
en el Hospital de Torrevieja con pronostico “grave funcional”, como consta en Informe del 2007, del Movimiento contra la Intolerancia

También la semana pasada Agentes de la Guardia Civil detuvieron ayer en pleno casco urbano de Torrevieja a un hombre, de unos 35 años de edad. como supuesto autor del apuñalamiento de su compañera sentimental, de unos 30 años, para lo cual utilizó presuntamente un cuchillo de cocina
Los hechos tuvieron lugar sobre las 12,30 horas en la vivienda que ambos comparten, situada en un bloque de pisos de la calle La Loma de Torrevieja.
En esos momentos, por razones que no han trascendido hasta el momento, se inició una discursión doméstica entre la pareja de novios, tras lo cual el hombre agredió supuestamente con un arma blanca, un cuchillo de cocina, a su compañera por la espalda.

A estos sucesos recientes hay que añadir como nota las muertes de prostitutas de la zona, que en los últimos tiempos abarrotan las carreteras de salida de la ciudad y las rotondas. La mayoría jóvenes extrangeras sin residencia, sin protección sanitaría alguna, con problemas de drogadicción y victimas en su mayoria de las mafias del Este que las explotan y alejadas de sus familias. Las muertes de estas quedan bajo informes forenses que las califican de "muerte natural" debido a sus supuestas adicciones y que no son contrastados por ninguna segunda autopsia.

Asaltos y robos a viviendas por grupos organizados.

El año pasado, sin ir más lejos, los robos con violencia e intimidación se dispararon un 31,1% respecto a 2006, según consta en las estadísticas anuales de la Guardia Civil

En enero de este año, Agentes del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil detuvieron en Torrevieja a seis personas por su presunta vinculación con una banda a la que se le imputan una veintena de asaltos a viviendas cometidos en las últimas semanas en distintos municipios de la Vega Baja, con lo que se cerró una operación dirigida por el juzgado numero 2 que comenzó en el mes de agosto con la operación Vulakan se saldó con la detención de seis argelinos, dos ingleses y una rumana a los que se atribuye más de una veintena de robos en domicilios de las provincias de Alicante y Almería. Continuó con 8 detenciones más en septiempre, y se calcula que son más de 300 delitos contra el patrimonio los cometidos por una veintena de personas de varias nacionalidades que se detuvieron en la operación Vulakan-Centry.

Actualmente Torrevieja Digital ha podido constatar que algunos de estos detenidos ya gozan de libertad y que otros están a la espera de salir pronto pues le han sido impuestas fianzas que les permitirán volver a las calles en breve.

Delincuentes sexuales.

La Guardia Civil de Torrevieja ha detenido a dos hombres de nacionalidad británica condenados en el Reino Unido por delitos de agresión sexual a menores -uno de ellos- y tenencia de pornografía, y sobre los que pesaban sendas órdenes de entrega emitidas por ese país. B.T., de 67 años, y G.S., de 45 años, que fueron arrestados tras las investigaciones realizadas, que permitieron averiguar que compartían una vivienda en Torrevieja, donde pasar desapecibido resulta fácil para estos delincuentes.

B.T. había sido condenado en el Reino Unido por agresión sexual a menores y tenencia de material pornográfico, mientras que G.S. fue condenado por tenencia de pornografía infantil, y constan contra él denuncias por abuso sexual a menores. Los dos estaban incluidos en el Registro de Delincuentes Sexuales del Reino Unido y catalogados como de "alto riesgo", en el caso de B.T., y de "riesgo medio", en el de G.S.

En octubre del 2007, La Policía Nacional ha detenido en Torrevieja a un ciudadano belga contra el que existía una reclamación internacional por su presunta implicación en las violaciones y agresiones sexuales que sufrieron sus hijos y otros menores en su país. Las autoridades belgas habían advertido a la Policía española de que el fugado, nacido en Herstal (Bélgica) en 1959, era un “individuo extremadamente peligroso, violento y armado”, que estaba bajo tratamiento médico y que podría residir en Torrevieja.


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Travensa SA reclama 2.158.753 euros al Consistorio por modificar el PGOU para proteger el antiguo cuartel de la Guardia Civil en el paseo Vistalegre

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en una sentencia de 24 de febrero, condena al Ayuntamiento de Torrevieja a indemnizar a una mercantil, Travensa SA, por el perjuicio patrimonial ocasionado como consecuencia de la aprobación puntual 68 del PGOU que protegió el antiguo edificio de la Guardia Civil, propiedad de la empresa demandante y situado en el paseo de Vistalegre.
El TSJCV considera en su fallo al Ayuntamiento responsable patrimonial por ocasionar "daños y perjuicios" económicos a la mercantil, que valoró la indemnización en su demanda en 2.158.753 euros.

Sobre este aspecto, el TSJCV demora la ejecución de la sentencia hasta la concreción definitiva de los perjuicios, al no constar en autos elementos suficientes para ello.

El propio Ayuntamiento mostró su interés en adquirir el edificio inicialmente.pero en el año 2000 Travensa SA adquirió el antiguo cuartel de la Guardia Civil, propiedad del Estado, en una subasta publica por 322 millones de pesetas. Al año siguiente la mercantil solicitó al Ayuntamiento licencias de obras de demolición del edificio y construcción de uno nuevo con una altura de seis plantas, tras lo cual y de manera inmediata el Ayuntamiento inició "la modificación puntual 68" del PGOU que protegía el edificio. La sentencia señala textualmente que la modificación "comenzó un tanto sorpresivamente (...) ya pedidas las licencias".
El fallo indica que "es obvio" que las actuaciones del Ayuntamiento han derivado de hecho en una imposibilidad de obtener licencia (al proteger el edificio), y "es legitimo pensar" que han existido una serie de demoras en la tramitación (en 2001) de las licencias. Y añade que a raiz de esa demora "se produce un cambio en la legalidad urbanística que afecta a Travensa y le produce un perjuicio evidente".