El juzgado de Elche abre diligencias sobre la compatibilidad del concejal de Hacienda

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche acepta el recurso presentado por Izquierda Unida de Torrevieja contra la aprobación plenaria de la compatibilidad del concejal del PP, Joaquín Albaladejo; por ello el Tribunal requiere del Ayuntamiento de Torrevieja el expediente administrativo sobre la compatibilidad del Concejal de Hacienda y el Ayuntamiento nombra abogado para su defensa.

El edil de izquierdas afirmó que el próximo lunes se celebrará una Comisión de Personal y Régimen interior, cuyo único punto es "Aprobación, si procede, de nombramiento de letrado para la defensa de este ayuntamiento en el recurso contencioso-administrativo nº 813/2007 interpuesto por D. José Manuel García Mañogil y D. José Manuel Martínez Andreu".
Ambos concejales de IU, como ya anunciaron en su momento, denunciaron ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Uno de Elche el punto del pleno del 24 de septiembre de 2007, referente a la aprobación, por parte de la mayoría del PP, de la concesión de compatibilidad de dedicación exclusiva con sus trabajos privados como abogado, agente de la propiedad inmobiliaria y administrador de fincas de Albaladejo.

Izquierda Unida han manifestado su confianza en la legalidad vigente, la honorabilidad y el estado de derecho espera la justa y pronta resolución de este contencioso, que restablecerá la legalidad una vez más vulnerada por el Partido Popular en Torrevieja . Así mismo, tenemos que decir que lamentamos que estos principios básicos de legalidad los tengan que restaurar los jueces y que en nuestra ciudad no sean la norma habitual que se de de motu propio.
Por ser este un tema de interés público, Izquierda Unida solicitará a la Comisión que este punto se traslade al Pleno Municipal.

Recordemos que el concejal de hacienda Albadalejo pretende seguir ejerciendo sus negocios familiares mientras goza de dedicación exclusiva. Joaquín Albadalejo además de ser concejal de hacienda es miembro de la Junta Local de Gobierno con acceso a información urbanística, privilegiada, y con competencias exclusivas en la misma materia.

A la falta de ética de la petición de compatibilizar sus negocios urbanísticos privados con el cargo público remunerado, 46.200 euros anuales, se une el desconocimiento de la ley o el intentar burlarla con la participación de todo el equipo del PP, aprovechando la mayoría absoluta que el grupo posee.

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