Alperi y Hernández Mateo, tanto monta, monta tanto.

Cuando el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, se jactó en un acto de partido con el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, de que la de imputado es su «condición natural» como candidato a la reelección , declaraciones que escandalizaron a la oposición municipal y a más de un ciudadano.

El alcalde de Alicante concurrirá en mayo con dos imputaciones a sus espaldas. La primera la arrastra desde los anteriores comicios. Alperi fue imputado en el «caso Mercalicante» por un desfalco de 900.000 euros en la sociedad mixta alimentaria, de la que el Tribunal de Cuentas culpa exclusivamente a su ex gerente, tras una querella del PSPV, en la primavera de 2003. Es decir, dos meses antes de las últimas elecciones.

Cuatro años después, las diligencias previas que se instruyen todavía en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la capital alicantina, el alcalde sigue imputado.

Cándido Conde Pumpido, solicitó en 2005 al fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, que investigase personalmente la relación del alcalde con el caso. Éste, por su parte, ya anunció que mantendría su acusación contra Alperi hasta el final de las diligencias a pesar de que ya se ha condenado al ex gerente, y la actual instrucción trata de determinar la implicación de otros denunciados. Alperi llegará a las urnas imputado en dos causas que suman seis presuntos delitos.

 

El pasado verano, como consecuencia de una denuncia presentada por la formación de nueva creación Vecinos por Alicante, liderada por el sindicalista José Luis Valdés , el fiscal denunció de nuevo a Alperi por cinco presuntos delitos en la ampliación de una concesión municipal a Enrique Ortiz, denunciado también junto a dos de sus empleados, un técnico municipal y dos concejales del equipo de gobierno local.

El primer edil de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, que se enfrenta a su quinta reelección, sigue imputado tras dos años de instrucción por una operación de compra-venta particular.El alcalde salinero podría todavía concurrir, al igual que Alperi, con dos imputaciones. La titular del juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja, Juana López, lo acusó de prevaricación a principios de año tras una denuncia del PSPV, por el recurso al reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar a los proveederores del Consistorio.

El regidor de Torrevieja compró en 2000 una finca rústica en la vecina localidad de Almoradí por 180.000 euros. El vendedor fue las mercantiles Proyectos de Cañada, SL, y Giménez Cañizares, SL. Dos años más tarde, Pedro Ángel Hernández vendió la finca a una firma del grupo inmobiliario Edén por 5,4 millones de euros, extremo que le reportó al primer edil una plusvalía de 5,2 millones de euros.

La familia que vendió una finca rústica al alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández, del PP, por 180.000 euros y que éste revendió más tarde por 5,4 millones, reclama seis años después al Ayuntamiento 41 millones por la expropiación de un solar en el casco urbano de la población, calificado como suelo urbano, pero de uso dotacional. La propiedad ha presentado un contencioso ante el Jurado Provincial de Expropiación. Esta parte sostiene que ha transcurrido el plazo de cinco años desde la aprobación del programa urbanístico sin hacer efectiva la expropiación.

El juzgado número 4 de Torrevieja descubrió una nueva cuenta bancaria del alcalde del municipio. El PSPV exigió a Hernández Mateo que explique el origen del dinero, que se suma a otros ingresos bancarios de 512.137 euros. Un nuevo documento en poder de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado número 4 de Torrevieja refleja que una cuenta bancaria del alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, registró unos abonos desde el 1 de enero de 1996 al 31 de diciembre de 1999 por un valor de 228.384 euros.

Estos abonos se unen a los ya conocidos ingresados en la misma cuenta bancaria de la CAM entre 2000 y 2005 por un total de 512.137 euros (85.212.500 pesetas) cuyo origen no ha trascendido. El alcalde de Torrevieja ha mantenido hasta el momento un total silencio sobre la procedencia del dinero asegurando que sólo dará explicaciones ante el juez en caso de que sea llamado de nuevo a declarar. Los datos económicos citados figuran en el expediente de diligencias previas número 3416/2005 en el que se imputa al alcalde de los supuestos delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada por las operaciones de compra-venta de las fincas en Almoradí que adquirió por por 180.000 euros, y vendió 28 meses después por 5.409.188 euros a la mercantil Eden del Mar con intereses urbanísticos en Torrevieja. Esta empresa vendió a la vez a Hernández Mateo una finca en San Miguel de Salinas.

Los ingresos en la cuenta de Mateo en la CAM, mediante 89 cheques y con cantidades nunca iguales, según expuso el viernes el portavoz adjunto del PSPV-PSOE , Manuel Vera, se produjeron al margen de sus retribuciones como político -bien como alcalde o como diputado autonómico- por lo que «debe dar explicaciones ya; creo que es el momento». Hernández Mateo declaró ante la titular del juzgado número 4 el 28 de octubre de 2005 que sus únicos ingresos desde que tomó posesión como alcalde eran por su actividad política, la proveniente de los productos que «vende como fruto de la finca» y la venta familiar de una propiedad. Vera denunció también que en la declaración jurada municipal de bienes del alcalde de Torrevieja no figuran estos abonos y cantidades, y además señala que sólo posee una sola cuenta con un saldo de unos cuatro millones de pesetas. «Afirmo con rotundidad que no es la única cuenta del alcalde y que hay muchas, como una en La Caixa donde cobra los pagarés por la venta de la finca de Almoradí o la del antiguo banco de Crédito y Ahorro», señaló Manolo Vera.

A estas dos causas todavía cabe sumar la, a juicio de los imputados, injustificada dilación de las diligencias previas por las supuestas torturas de la Policía Local, por las que están imputados también dos miembros del equipo de gobierno.

Las diligencias se abrieron de oficio en agosto de 2006, en el juzgado número 2 de la localidad, aunque coincidían con otras abiertas en el número 1 tras una denuncia del supuesto agredido. Tras casi nueve meses de instrucción y varias pruebas y declaraciones que exculpan, en principio, a los dos concejales, la juez mantiene las imputaciones. Tanto Hernández Mateo como los agentes consideran que las diligencias se prolongarán, al menos, «hasta después de las elecciones».

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