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HERNANDEZ MATEO TIENE FOBIA A LO PÚBLICO Y PREFIERE LAS “GUARDERÍAS PRIVADAS”

El 26 de octubre de 2007 el Ayuntamiento en pleno aprobó una moción conjunta de todos los grupos políticos (IU retiró la suya a petición del alcalde) para construir escuelas infantiles de primer ciclo en Torrevieja con el compromiso de financiación de la administración autonómica y central. El ayuntamiento en base a la propuesta aprobada se compromete a ceder terrenos y es lo que requerimos del alcalde de la ciudad y se deje de inventos privatizadores que confunden escuelas infantiles con guarderías.

Lejos de ahí Hernández Mateo hizo la pasada semana declaraciones en sentido contrario, proponiendo incentivos a “guarderías” promovidas por empresas y, para justificar la medida, no dudó en ofender a los funcionarios públicos cuando justificó en el alto absentismo de los mismos su preferencia por las empresas privadas con guarderías. También lo hizo cuando traspasó a SUMA las competencias de recaudación de la Tasa de Construcciones y del ICIO aduciendo falta de competencia técnica y profesional de los funcionarios públicos.

EU en las Cortes Valencianas preguntará al Conseller de Educación por la iniciativa municipal y pedirá que se cumpla con la propuesta municipal con la financiación del Ministerio de Educación en base al acuerdo alcanzado por IU con el PSOE para universalizar la educación infantil de cero a tres años con una dotación inicial para 2008 de 100 millones de euros.

Lo acordado implica que los Presupuestos Generales del Estado de 2008 cuentan con una partida de 100 millones de euros (hasta ahora ésta sólo era de 800.000 euros) para comenzar la universalización de la educación infantil de cero a tres años. Como esta ley debe desarrollarse en colaboración con las Comunidades Autónomas, éstas deben aportar en su conjunto otros 100 millones para su desarrollo el año próximo.

Por todo ello EU exige que se trabaje en este año 2008 para la implantación de escuelas infantiles de primer ciclo en Torrevieja y se deje de financiar con fondos públicos iniciativas privadas.

¿Encuestas engañosas?

¿Encuestas engañosas?

por Manuel Mendiluces 

En este baile de encuestas, a mi entender, engañosas, ya que se habla de la valoración que hacemos los españoles de los lideres de los diferentes Partidos Políticos que se presentan a los próximos comicios electorales, pero nadie explica que los lideres se presentan por la circunscripción de Madrid y solo allí pueden ganar o perder, a mi entender hay que mirar estas Generales desde un punto de vista mucho mas amplios ¿Quiénes van a representar a los Ciudadanos de cada provincia y cuales son sus precedentes y su trabajo como Diputado?

En Alicante se presentan por el PSOE un alicantino Bernal Soria, actual Ministro de Sanidad y Consumo, con unos precedentes de trabajo inmejorables ya que ha puesto en marcha políticas de investigación y su aplicación que, los anteriores Ministros de PP, llegaron incluso a prohibir sin importarle el dolor de los enfermos. Frente a él el Sr. Federico Trillo, cartagenero, en su cuarta vez Candidato por Alicante. Sus precedentes de trabajo, como Ministro, la contratación del Yark con 69 soldados muertos y la invasión del perejil con la que hicimos reír al mundo, creando un conflicto político con nuestros vecinos magrebí es, como Diputado, nunca ha presentado una sola propuesta que mejorara la vida de los alicantinos.

Si esta realidad fuese bien explicada a los votantes; los alicantinos decidimos entre el Sr. Bernal Soria y el Sr. Federico Trillo y nada más, en mi opinión, no hay color. Pero si hablamos del Senado, algo que en los últimos meses hemos podido ver su importancia al haber rechazado los presupuestos generales del Estado. El suegro del Sr. Zaplana representante del PP por la provincia de Alicante, no creo al observar sus precedentes que mire mucho los intereses alicantinos, sino mas bien los intereses propios. Además, el Senado necesita de una reforma que hace imposible el PP.

En estas elecciones no están en juego solo los candidatos Zapatero vs. Rajoy. Cada Ciudad y su provincia elige sus propios representantes y será mejor que veamos quienes son y sobre todo quienes pueden defender mejor nuestros intereses ciudadanos.

MANIFESTACIÓN 16 F EN TOTANA: “ESTO NO ES PLAN. NO A LA CORRUPCIÓN ”

MANIFIESTO

Estamos hoy aquí para recuperar la democracia ciudadana frente a la dictadura del ladrillo.

Ya estamos cansados de que nos tomen el pelo. Desde hace años venimos insistiendo en que no queremos una Región de Murcia llena de ladrillos y cemento, de casas vacías por la especulación, y de paisajes arrasados por la barbarie del todo vale. No hace falta irse muy lejos para ver ejemplos del desastre: Torrevieja, Campo Sol en Mazarrón, y la propia Manga.

La avaricia rompe el saco, y aquí hemos tenido mucho avaricioso, pero sobre todo mucho cegato, que no ve que este disparate de las urbanizaciones es pan para hoy y hambre para mañana. Están matando la gallina de los huevos de oro.

El boom de la especulación urbanística, motivado por un modelo que fomenta la construcción de macro-urbanizaciones, ha disparado el precio de la vivienda. Hacer una casa puede costar doce millones y luego ser puesta a la venta a cincuenta. Mientras unos se forran especulando, otros debemos pagar toda la vida y sin rechistar. ¿No es acaso un abuso revender terreno a precios astronómicos, después de “negociadas recalificaciones”? ¿No es acaso reprochable que políticos desaprensivos cobren comisiones por ello y guarden los cuartos en paraísos fiscales o planeen irse a Brasil a vivir la vida?

Los avariciosos son especialistas en engañar a la gente, en traicionar su buena fe. Si no supieran mentir, no podrían salirse con la suya, que no es otra que enriquecerse ellos y sus amigos. Y para esto, se las pintan solos. Organizan comilonas, conciertos, todo gratis claro, y extienden su red clientelar, enchufando y haciendo favores. ¿De dónde sale el dinero para pagar todo eso? Sale de los convenios urbanísticos. Es más: ¿de dónde sale el dinero de los convenios urbanísticos?...

La Región de Murcia se parece cada vez más a Marbella. Lo extraordinario será encontrar algún ayuntamiento donde no haya alguien imputado o procesado por corrupción.

¿Cómo puede ser que en la Región de Murcia estén muchos gobernantes bajo sospecha? Si gobernasen bien, no habría indicios ni sospechas de nada.

En política, en gestión pública, es insuficiente ampararse en la presunción de inocencia. Los políticos que nos gobiernan tienen especial responsabilidad y tienen la obligación de ser inmaculados porque están administrando nuestros impuestos y nuestro sacrificio para sacar a un pueblo adelante.

Y encima, los especuladores, en varios ayuntamientos, deciden quién va en alguna lista electoral y quién no. ¿Qué se creen que son? ¿Con qué derecho un empresario manipula a los cargos públicos? ¿Es está la democracia que queremos? ¿Queremos partidos títeres?

La Ley del Suelo Regional favorece la corrupción. Por eso exigimos su derogación y la revisión de los convenios urbanísticos aprobados bajo dicho marco jurídico. ¿Y qué pasa con el Código Penal? El incumplimiento de obligaciones legales, por acción u omisión, por parte de un cargo público debería ser delito fuertemente castigado, y el patrimonio acumulado ilícitamente debería ser incautado y destinado a reparar los daños medioambientales generados por la actividad corrupta o a proyectos ecológicos, sociales y culturales en los municipios afectados.

Parece que ahora los honrados debemos estar escondidos y callados. Pues no nos van a callar, y además exigimos que se respete la independencia y el trabajo de las Fuerzas de Seguridad, de la Fiscalía y de la Judicatura.

Resumiendo, la corrupción degrada la democracia, la justicia social y perjudica la economía.

¿Y por qué hoy en Totana?, se preguntan algunos ¿Por qué en Totana esta multitudinaria concentración de murcianos venidos de todos los rincones? Porque el caso de Totana, desgraciadamente, ejemplifica como ningún otro, hacia dónde nos llevan las conductas censurables de ciertos cargos públicos de esta región. Aquí, por decisión judicial, se ha encarcelado a un alcalde (ahora en libertad provisional bajo fianza de 70.000 euros y con cargos por al menos ocho delitos), están imputados la secretaria del ayuntamiento y una decena de empresarios, y un ex alcalde a punto de declarar ante el juez, todos ellos involucrados en una presunta trama de corrupción urbanística (¿nos suena de algo la “Operación Tótem?). Esto es un hecho incuestionable, que sólo las mentes más cerradas se niegan a aceptar.

En Totana, la tramitación del Plan General sirvió de tapadera para desatar una especulación feroz, para llevar a cabo recalificaciones masivas de terreno, y aprobar 60 convenios urbanísticos en un solo pleno. Hemos batido el récord para estar en el Guinness, no sólo por hacer gigantescas tortillas de huevos, y nunca mejor dicho.

El hecho de estar aquí, además, es porque existe un número de ciudadanos de la Plataforma “No a este Plan Urbanístico” que desde hace un año estamos con respeto y dignidad defendiendo un modelo de crecimiento urbanístico inteligente. Hemos contribuido a la paralización del Plan con la presentación de más de 1500 alegaciones que sumadas a las de otros vecinos y vecinas llegaron a casi 4500. Otro récord Guinness....

Amigos, Totana, ciudad que nos acoge, está de suerte. Todos los totaneros de bien deben sentirse orgullosos de está manifestación con ciudadanos venidos de toda la región, sin importar ideologías, comprometidos en conseguir un futuro viable para Murcia, ciudadanos que reclaman ser escuchados por las autoridades, ciudadanos que exigen de éstas un comportamiento responsable y ético en el desempeño de su función, ciudadanos que creen en la democracia, en la justicia, en la libertad de expresión, que luchan para frenar el cambio climático preservando el medio ambiente. Una ciudadanía que no se calla a pesar de las coacciones que recibe. Ciudadanos, en definitiva, que denuncian los abusos de quienes nos representan gritando, con firmeza, con una sola voz: ¡Esto no es plan! ¡No a la corrupción! ¡Gobierne quien gobierne, Murcia no se vende!

Totana, 16 de febrero de 2008

IZQUIERDA UNIDA PRESENTA UNA MOCIÓN PARA LA APLICACIÓN INTEGRAL DEL RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN DE MUNICIPIOS DE GRAN POBLACIÓN

IZQUIERDA UNIDA PRESENTA UNA MOCIÓN PARA LA APLICACIÓN INTEGRAL DEL RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN DE MUNICIPIOS DE GRAN POBLACIÓN

El Ayuntamiento de Torrevieja aprobó a través del Pleno, el 29 de junio de 2007 (según propuesta del Partido Popular y con los votos favorables de Esquerra Unida) , regirse por el Régimen de organización de los municipios de gran población, que recoge el Titulo 10 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local.

El Ayuntamiento de Torrevieja se acogió voluntariamente al Régimen de organización de los municipios de gran población, según el apartado 1-D de la mencionada Ley (“Las normas previstas en este título serán de aplicación a los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales.”) Para poder acogerse a este supuesto Las Cortes Valencianas tuvieron que votarlo favorablemente, votación que también había contado con el apoyo de Esquerra Unida.

Es lógico que al solicitar el Ayuntamiento de Torrevieja de manera voluntaria la aplicación de esta Ley, éste se compromete con todos los derechos y obligaciones que de ella dimanan.

Dicha Ley recoge literalmente en el capitulo 121, apartado 2: “la nueva corporación dispondrá de un plazo máximo de seis meses desde su constitución para adaptar su organización al contenido de las disposiciones de este Título.”

Actualmente, tras nueve meses de mandato, el Ayuntamiento de Torrevieja no ha adaptado su organización a las disposiciones de la Ley; o por lo menos no lo ha hecho en la mayor parte de su contenido. Solamente se han aplicado las modificaciones que resultan beneficiosas para su gestión de gobierno al Partido Popular (nombramiento de dos delegados no electos con funciones ejecutivas, creación de la Junta de Gobierno Local que asume competencias en detrimento del Ayuntamiento Pleno, etc.)

Izquierda Unida entiende que la Ley de organización de los municipios de gran población es una ley controvertida, pero que su parte más positiva compensaría otras posibles deficiencias. Es esta parte que nosotros consideramos más positiva de la Ley la que el gobierno del PP no está aplicando en nuestra ciudad, y que sería todo el articulado referente a la participación ciudadana y a la fiscalización del Gobierno Municipal. De este modo, y a fecha de hoy, no se han creado:


- Artículo 122.4 - La Comisión de Control y Fiscalización:
“Corresponderán a las comisiones las siguientes funciones de seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de gobierno, sin perjuicio del superior control y fiscalización que, con carácter general, le corresponde al Pleno.


- Artículo 128 - Los distritos:
“Los ayuntamientos deberán crear distritos, como divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada, para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio.


- Artículo 129. La asesoría jurídica:
“Existirá un órgano administrativo responsable de la asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos, comprensiva del asesoramiento jurídico y de la representación y defensa en juicio del ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 447 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.” (Recientemente se ha delegado la designación de defensa del Pleno, mediante profesionales externos, en la Comisión Informativa).


- Artículo 131. El Consejo Social de la Ciudad:
“En los municipios señalados en este título, existirá un Consejo Social de la Ciudad, integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas. Corresponderá a este Consejo, además de las funciones que determine el Pleno mediante normas orgánicas, la emisión de informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos
.”


- Artículo 132. Defensa de los derechos de los vecinos:
Para la defensa de los derechos de los vecinos ante la Administración municipal, el Pleno creará una Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones, cuyo funcionamiento se regulará en normas de carácter orgánico.”


- Artículo 135 - Órgano de Gestión Tributaria:
“Para la consecución de una gestión integral del sistema tributario municipal, regido por los principios de eficiencia, suficiencia, agilidad y unidad en la gestión, se habilita al Pleno de los ayuntamientos de los municipios de gran población para crear un órgano de gestión tributaria, responsable de ejercer como propias las competencias que a la Administración Tributaria local le atribuye la legislación tributaria.” (Actualmente, sin que se haya procedido a la creación de este órgano, se han cedido recientemente funciones propias del mismo a la empresa SUMA)
- Artículo 137 - Órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas:
Existirá un órgano especializado en las siguientes funciones: El conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público, que sean de competencia municipal. El dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales. En el caso de ser requerido por los órganos municipales competentes en materia tributaria, la elaboración de estudios y propuestas en esta materia.”

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Esquerra Unida considera que en la actualidad este Ayuntamiento se encuentra en un régimen de organización que no atiende a lo estipulado por la ley. Continúa en vigor un ROM no adaptado a la nueva organización que la ley exige, y al mismo tiempo se hace una aplicación parcial del régimen de organización de municipios de gran población; todo ello se traduce en una incompatibilidad entre las nuevas normas a aplicar y un reglamento no modificado.
Ante la necesidad de terminar con esta situación de alegalidad y deficiente organización, se presenta al Pleno la siguiente

MOCION:

- Fijar una fecha tope, concreta y no dilatada en el tiempo, para la aplicación integral en este ayuntamiento del régimen de organización de municipios de gran población.
- Del mismo modo, hacer efectivo el acuerdo de la Junta de Portavoces para la modificación del ROM y su adaptación al Titulo X de la Ley 7/85, entre todos los grupos políticos

Foto: García Mañogil, concejal por EU en el Ayuntamiento de Torrevieja

El TSJCV rechaza ser competente para tramitar la denuncia contra Hernández Mateo

El TSJCV rechaza ser competente para tramitar la denuncia contra Hernández Mateo

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) no ha aceptado la competencia para tramitar la denuncia por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento público presentada contra el alcalde de esta ciudad y diputado en Les Corts Valencianes, Pedro Angel Hernández Mateo, y varios ediles de esta localidad.

Por ello, la Sala devolverá las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja para que continúe con la investigación y decida lo que estime procedente respecto de los denunciados no aforados y otras personas no aforadas que pudieran resultar implicadas en los hechos denunciados, decisión que puede ser recurrida en súplica ante la misma instancia judicial.

En el auto emitido, el tribunal argumenta que la devolución de la causa debe hacerse, como ya ha manifestado en otras resoluciones, porque cuando un juzgado de instrucción estima que la competencia de una causa corresponde a la Sala Civil y Penal del TSJCV "no debe proceder a formular inhibición con remisión de las actuaciones, sino que lo procedente es elevar exposición razonada de las circunstancias de hecho que le hacen dudar de su propia competencia".

Con ello, añade la resolución, se pretende que "sea esta Sala la que adopte la decisión oportuna y si asume la competencia acuerde la remisión de las actuaciones o si, por el contrario, la rechaza, prosiga el Juzgado de Instrucción las actuaciones".

Por este motivo, si "en la instrucción derivada de la denuncia de que aquí se trata, llegara un momento en el que el Juez de Instrucción creyera que existen concretos y suficiente elementos desde los que imputar un hecho que pudiera ser constitutivo de delito a una persona aforada, deberá elevar la exposición razonada de referencia, sin que baste entonces la afirmación del denunciante o querellante, pues será necesario que sea el propio Juez de Instrucción quien efectúe la afirmación de la existencia de esos elementos de hecho", añadieron las mismas fuentes.

Para que la Sala de lo Civil y Penal asuma la competencia para tramitar una causa contra persona aforada, tal como se indica en el auto, "no es suficiente la mera formulación de una denuncia o querella contra la misma, sino que es preciso y necesario que en ella, y en la documentación que en su caso las acompañe, se le impute y atribuya a dicha persona aforada, la comisión o implicación en un hecho o hechos concretos y determinados, objetivamente constatables, de los que pueda desprenderse la existencia de una concreta imputación fáctica contra dicha persona aforada que aparentemente presenten caracteres de poder ser constitutivos de delito".

De este modo, apunta, no se trata simplemente de que la persona aforada aparezca en la denuncia o en la querella, "sino de que efectivamente se realice de modo directo la imputación de hechos concretos, hechos que pueda estimarse que son en una primera apariencia constitutivos de delito".

Este escrito remarca además que el "rigor en la concreción de la imputación debe extremarse más si cabe, cuando la denuncia o querella se dirige contra varias personas, siendo únicamente una de ellas persona aforada".

En este sentido, recuerda, el Tribunal Supremo de forma reiterada, viene declarando, que cuando se imputan actuaciones criminales a un grupo de personas y alguna de ellas tiene el carácter de aforado, debe individualizarse claramente la conducta concreta que respecto a ese aforado pudiera ser constitutiva de delito, según apuntaron las mismas fuentes

 

El constructor de Murcia, su bisoñé, la 'nena', el alcalde, su jefe de prensa y el consejero

Si la Operación Tótem contra la corrupción en Totana (Murcia) hizo alucinar en colores a algunos agentes de la UCO de la Guardia Civil que realizaron el servicio de escuchas telefónicas, el levantamiento parcial del secreto del sumario de las investigaciones por supuesta corrupción en los también murcianos ayuntamientos de Torre Pacheco y Fuente Álamo ha desvelado, entre otras cosas, que esos agentes ya debían estar curados de espanto cuando grabaron las cintas de Totana. Si en ésta última hablamos en su momento de la brasileña, el diputado, su ex mujer y el alcalde, en Fuente Álamo y Torre Pacheco habría que hablar del constructor, su amada edil, el alcalde, su querida, el consejero y el diputado. Mucho más escandaloso, aunque no haya club de alterne que dé nombre al operativo ni brasileña de por medio, como en Totana.

Porque resulta que las grabaciones de Torre Pacheco y Fuente Álamo, hechas antes que las de Totana y conocidas ahora, ponen al descubierto un cutre entramado de intereses creados, traiciones rastreras, celos, encuentros (sexuales o no) y desencuentros de la más baja estofa, al lado de los cuales Falcon Crest queda como paradigma de la finesse de una ópera, aunque sea bufa, y el personaje de la Celestina sería una bendita alma de la caridad al lado de los "grabados" en Torre Pacheco y Fuente Álamo.

Buena parte del contenido de esas cintas –que el sumario califica prudentemente de "asuntos privados no sometidos a investigación"– revelan la íntima relación del afamado constructor portador de arcaico bisoñé con una joven alcaldesa a la que aquél se refiere telefónicamente como "la nena". "Dile a la nena...", "que lo arregle la nena...", son algunas de sus expresiones grabadas por los agentes.

También se deduce de las cintas magnetofónicas que Daniel García Madrid , ex abogado de ese constructor y ahora joven alcalde felizmente casado y con hijos, se veía a escondidas con la jefa de prensa de su ayuntamiento con más frecuencia de lo que las buenas costumbres católicas harían desear.

Y que más de media docena de concejalas y concejales de ambos ayuntamientos le cuentan, cada uno por su lado y por teléfono, al afamado constructor con peluquín cualquier chismorreo relacionado directa o indirectamente con la vida social o política del municipio. "La alcaldesa María Antonia Conesa estuvo bailando con todo el mundo" en una fiesta oficial. "Y yo le dije, ¿pero tú ves al alcalde de Murcia bailando con alguien?", le cuenta una concejal, probablemente envidiosa, al constructor. Pero el receptor de la confidencia tampoco se anda a la zaga, pues en más de un caso y acto seguido a obtener la confidencia usa su propio móvil: "Oye, que me acaba de decir la concejal que piensa de ti que eres un tal y un cual".

En las mismas larguísimas grabaciones todo un entonces consejero de Presidencia del Gobierno de Murcia, Fernando de la Cierva, que vive en un chalet de Polaris World, se permite el lujo de advertir al alcalde y al diputado en el Congreso de los Diputados de que un "chivatazo" le ha hecho saber que sus conversaciones están siendo grabadas por la Guardia Civil. Es el mismo personaje que ya como ex consejero precisó con mucha suficiencia a El Confidencial en septiembre pasado que no trabajaba para Polaris World, sino para "una de las muchas empresas de Pedro García Meroño", principal socio de ese holding inmobiliario, y ahora "separado provisionalmente" del sumario por la juez instructora y, por tanto, también provisionalmente no imputado.

En las cintas hay confidencias, chismorreos, dimes, diretes y cutrez hasta la saciedad. Los periodistas que han visto las transcripciones e, incluso, oído algunas cintas alaban los quintales de paciencia que han tenido los agentes de la Guardia Civil para hacer los seguimientos telefónicos. Y es que algunos de los investigados eran capaces de tirarse más de una hora hablando por el teléfono celular de cómo iban a ir en avión privado a un partido de fútbol en el Camp Nou o cómo había resultado la corrida de toros de Sevilla a la que habían ido por el mismo medio y, entretanto, era cuando revelaban los favores y negocietes que han dado lugar a la investigación sobre corrupción urbanística.

Ahora bien, fuentes conocedoras del sumario y de la misma investigación opinan que muy posiblemente la candidez de los investigadores pueda devenir en que todo el asunto quede en nada, judicialmente hablando. "No se puede pedir oficialmente unos expedientes determinados a un alcalde o a una alcaldesa que saben que están siendo investigados: te los da cribados, limpios", o mandar a la Guardia Civil al ayuntamiento después de que se haya avisado de las investigaciones, aseguran. Sobre todo si el que dio ‘el queo’ del peligro inminente fue todo un consejero de la Presidencia regional que advirtió de que el propio presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y el diputado nacional oriundo de la zona, Alberto Garre, también estaban al tanto.

Por eso es que la Operación Tótem, que se hizo en noviembre, cuando ya se sabía que lo de Torre Pacheco y Fuente Álamo estaba en marcha desde seis meses antes, tiró por el camino de en medio aunque causara un escandalazo: cincuenta agentes de la UCO aparecieron de buena mañana en el ayuntamiento totanero sin aviso previo, lo cercaron, lo cerraron y se llevaron toda la documentación que el fiscal consideró oportuno. Y esta actuación de Totana, con brasileña o sin brasileña, pero con un alcalde popular que no dimite ni en broma y un diputado regional ex del PP y ahora convenientemente en el Grupo Mixto, dicen que sí dará frutos muy tangibles. Aunque sea "a la sombra".

Publicado en El Confidencial. http://www.elconfidencial.com/cache/2008/02/12/73_constructor_murcia_bisone.html

EU y Los Verdes ratifican que jefe Policía Local carece titulación para su cargo

EU y Los Verdes ratifican que jefe Policía Local carece titulación para su  cargo

El portavoz de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Torrevieja, Jose Manuel Martinez Andreu, y el del grupo municipal de Los Verdes, José Manuel Dolón, han ratificado hoy ante el juez que el jefe de la Policía Local, Alejandro Morer, carece de la titulación necesaria para desempeñar el cargo.

Los dos concejales han declarado hoy ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Torrevieja después de que Alejandro Morer presentara una demanda por daños contra el honor a raíz de unas manifestaciones en las que ambos ediles aseguraban, en agosto de 2006, que carecía de la titulación estipulada por la ley para ostentar esa responsabilidad.

A la vista oral también han asistido como testigos el alcalde del municipio alicantino, Pedro Angel Hernández Mateo (PP), junto al portavoz municipal socialista, Angel Gimenez, y el ex concejal de EU Julián Carcaño.

La defensa del jefe de la Policía Local, que pide el pago de 30.000 euros y las costas del proceso, considera que las declaraciones de los portavoces son 'injuriantes, ofensivas e inciertas', en especial las de Dolon, quien manifestó que el alcalde 'quiere a un jefe servil que no cuestione sus decisiones'.

El responsable policial ha afirmado que ocupa el puesto de intendente jefe porque es 'el cargo de mayor rango' y ha añadido que el decreto marco 19/2003 de 4 enero de la Generalitat 'no dice que para ocupar la jefatura se requiera ninguna titulación'.

Morer, quien ha insistido en que la Policía Local de Torrevieja 'tiene una estructura acorde a la ley', ingresó en el cuerpo en 1984 y asumió la jefatura cinco años después, tras ser destituido el anterior responsable.

Además, el demandante, a través de un curso de dispensa de la Generalitat, fue habilitado para pertenecer al grupo B.

Los portavoces municipales de la oposición alegan que Morer 'no tiene la titulación para ocupar la plaza de intendente general' atendiendo a la Ley de Coordinación de Policias Locales de la Generalitat, que dice que en poblaciones superiores a 100.000 habitantes o con una plantilla superior a los cien agentes, la Jefatura la debe de ostentar un grupo A o licenciado.

Asimismo, el fiscal considera que se debe desestimar la demanda al creer que 'no se falta a la verdad y que se hace uso del Derecho de la Información por parte de los demandados'.

Al juzgado también han acudido el secretario de Organización del sindicato SPPLB-CV, Jose Antonio Valero, y el secretario comarcal y delegado sindical de SEP-CV, Jose Ramón Gomis.

Gomis ha indicado a EFE que ha estado en los juzgados 'en defensa de la Policía porque ambos portavoces no paran de desprestigiar al cuerpo' y, en esta linea, ha solicitado a los partidos que 'bajo ningún concepto se haga un uso de los funcionarios para fines políticos'.

Agencia EFE.

La Audiencia sigue sin resolver un recurso de hace un año sobre las imputaciones del alcalde

La Audiencia sigue sin resolver un recurso de hace un año sobre las imputaciones del alcalde

Casi un año después de que la titular del Juzgado número 4 de Torrevieja solicitara una fianza de 20.000 euros, que fue recurrida, a los grupos municipales de Izquierda Unida (IU) y PSPV-PSOE, por estar personados en la investigación que imputa al alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada, la Audiencia Provincial no ha resuelto todavía si la acepta.


Lo que sí se sabe es que la causa abierta contra Mateo ya se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) por su condición de aforado al resultar elegido diputado autonómico en las últimas elecciones locales y autonómicas de 2007.


A partir de ahora, el TSJ-CV debe pronunciarse sobre si la actuación del alcalde es o no delictiva en relación a la compra de tres fincas en Almoradí por 180.000 euros y su venta 28 meses después por 5,4 millones de euros a la mercantil Edén del Mar que tiene intereses urbanísticos en Torrevieja.


IU y PSOE estan personados en la causa como acusación particular al considerar que tienen intereses legítimos y directos en la investigación al formar parte de la corporación municipal de Torrevieja.


Por esta razón ambos grupos políticos entienden que no procede que la juez les haya solicitado la fianza a instancias del Fiscal Anticorrupción y lamentan la tardanza que se está produciendo en la resolución del recurso.


La fianza tiene como objeto cubrir económicamente al encausado en caso de que no sea condenado finalmente, e inicie acciones legales contra las partes personadas, pero siempre y cuando que se consideren que éstas no tenían intereses directos para la personación.
"Son cosas que no se entienden bien (la demora)" señaló el portavoz municipal del PSOE en Torrevieja, Ángel Giménez, a la vez que el portavoz municipal de IU, José Manuel Martínez, consideró por un lado que estamos ante un caso de "indefensión" y por otro "de impunidad" hacia el alcalde de Torrevieja.

 

Publicado en Informacion.es