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Amnistía Internacional: Reformar el sistema de investigación para poner fin a la tortura y otros malos tratos a manos de la policía.

El derecho internacional establece el derecho de toda persona a no ser sometida a tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante. Es deber de los Estados demostrar su condena absoluta a tales actos, tanto en el plano de su legislación interna como en las actuaciones de todos sus funcionarios. Además de respetar la prohibición de la tortura y los malos tratos, es obligación de los Estados investigar de forma inmediata tales actos, someter a los responsables a un proceso justo, imponerles un castigo y ofrecer a las víctimas una reparación adecuada.

 

Amnistía Internacional trabaja para la erradicación de la tortura en todo el mundo. En España le preocupa en particular la detención de personas en régimen de incomunicación, los casos de tortura y malos tratos de personas extranjeras por parte de las fuerzas de seguridad y la falta de investigaciones imparciales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación a las víctimas cuando se producen estos hechos.

Los actos de tortura y otros malos tratos cometidos por agentes de policía en España no son hechos aislados, han manifestado el 14 de noviembre de 2007, Amnistía Internacional. La falta de medidas de los sucesivos gobiernos españoles para tratar el problema está exacerbando un clima de impunidad que fomenta la aparición de nuevos casos de maltrato, ha advertido la organización de derechos humanos.

"Las autoridades españolas deben dejar de negar la existencia de tortura y otros malos tratos a manos de agentes de policía –ha señalado Rachel Taylor, investigadora de Amnistía Internacional sobre España–. La falta de voluntad política para abordar el problema ha dado lugar a nuevas violaciones de derechos humanos.”

En el informe España: Sal en la herida: La impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos, Amnistía Internacional pone de relieve casos de personas que han recibido golpes, patadas, puñetazos e insultos de agentes de policía, incluso estando esposadas, y tanto en la calle como bajo custodia policial.

En sus denuncias, algunas de estas personas aseguran que los agentes las amenazaron con una pistola o un cuchillo, las azotaron en las plantas de los pies y las amenazaron de muerte. En uno de los casos, los policías dijeron al detenido que si no cooperaba violarían a su novia. En otro, la víctima estuvo varias semanas sin oír por un oído a causa de los golpes que los agentes le habían propinado en la cabeza.

Las investigaciones realizadas por Amnistía Internacional indican que los casos documentados en este informe no son hechos aislados, sino ejemplos de deficiencias estructurales que afectan a todos los aspectos de la prevención, investigación y castigo de la tortura y otros malos tratos.

En muchos casos, las víctimas de malos tratos y tortura a manos de la policía no reciben justicia. Con frecuencia, las decisiones judiciales dan más crédito al testimonio de la policía que al de las víctimas, y éstas pueden acabar en prisión, con su vida personal y profesional arruinada.

"Algunos agentes de policía cometen violaciones de derechos humanos, mientras las autoridades hacen la vista gorda ante los procedimientos que utilizan incumpliendo claramente las obligaciones jurídicas internacionales contraídas por España", ha manifestado Rachel Taylor.

"Es posible que la tortura no sea una práctica habitual, pero, a pesar de los compromisos contraídos por España en virtud del derecho internacional, no se le pone freno."

Amnistía Internacional ha determinado diversos factores que contribuyen a mantener en España la impunidad efectiva de los malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a saber:

  • Obstáculos a la presentación de denuncias.
  • Falta de investigaciones independientes, inmediatas e imparciales o ausencia absoluta de investigación.
  • Informes médicos incompletos o inexactos.
  • Intimidaciones de la policía a los denunciantes.
  • Falta de medidas para imponer las debidas sanciones, o causas judiciales que acaban en absolución por no haberse identificado a los agentes responsables.


"Mientras el gobierno no tome medidas efectivas para investigar las denuncias y llevar ante la justicia a los responsables de tortura y otros malos tratos, los agentes de policía estarán por encima de ley y seguirá extendiéndose el clima de impunidad”, ha afirmado Rachel Taylor.

Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que adopten diversas medidas legislativas, judiciales y administrativas para prevenir la tortura y otros malos tratos. Asimismo, la organización recomienda a las autoridades que garanticen que se abre con prontitud una investigación independiente, imparcial y efectiva si hay razones para creer que se han infligido tortura y malos tratos. Además, se pide a las autoridades que se lleve a las personas responsables de tales violaciones de derechos humanos ante la justicia para que sean sometidas a un juicio justo, y que se proporcione a las víctimas un recurso efectivo que incluya reparación.

 

Más Información:

Sal_en_la_herida.pdf

Foto: https://torreviejadigital.blogia.com/upload/externo-0abe660f5f376132e990d4a253f3276a.jpg

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