Un informe del Síndic de Comptes desvela que Torrevieja carecen del inventario que les exige la ley

Torrevieja.- El control del suelo público no es precisamente el punto fuerte de la gestión de los ayuntamientos valencianos. Un informe elaborado por el Síndic de Comptes sobre la gestión y control de los recursos del patrimonio municipal del suelo señala que ninguno de los consistorios estudiados dispone del correspondiente inventario específico sobre suelo.

En su informe, el órgano que dirige Rafael Vicente Queralt proclama que existe “un incumplimiento relevante de la normativa aplicable de aquellos ayuntamientos que no llevan un inventario o registro específico de los bienes y derechos que integran el patrimonio municipal de suelo, lo que impide su control”.

Respecto a las fiscalizaciones específicas, la sindicatura destaca que, en el caso del Ayuntamiento de Torrevieja, a pesar de preverse en el Plan General de Ordenación Urbana, “no se han aplicado las áreas de reparto ni los aprovechamientos tipo, sin que exista un acuerdo o resolución que ampare esta inaplicación”.

Igualmente, estima que “en general, los bienes adquiridos por el ayuntamiento no se han destinado a los fines que son propios” del patrimonio municipal del suelo, aunque “constituye una excepción la cesión al Instituto Valenciano de la Vivienda de unos terrenos de 4.836 metros cuadrados, destinados a VPO”.

Las conclusiones del trabajo, que forman parte de un estudio de ambito estatal que está coordinando el Tribunal de Cuentas, son relevantes teniendo en cuenta que las poblaciones fiscalizadas coinciden con aquellas que han registrado mayor crecimiento poblacional y auge urbanístico. En concreto, el estudio abarca los ayuntamientos de las tres capitales de provincia (Valencia, Castelló y Alicante) y aquellos con más de 100.000 habitantes y de 20.000 habitantes que mayor crecimiento poblacional han registrado en los últimos cuatro años; a saber: Calp, Dénia, Santa Pola, Orihuela, Elx y Torrevieja. Además, la institución ha estudiado in situ la situación del PMS en Elx y Torrevieja, donde ha detectado, sobre todo en este último municipio, irregularidades relevantes de la normativa urbanística.

El Síndic revela que ninguno de los nueve ayuntamientos estudiados había constituido en el momento del estudio el PMS y sólo en 5, es decir, en el 55,6% de los municipios seleccionados, existe un sistema de registro que permite identificarlo y controlarlo.

A través de un comunicado hecho público hoy, el grupo municipal manifestaba su intención de solicitar al Fiscal General de Medio Ambiente que intervenga en la localidad a causa de lo que denominan - Actuaciones urbanísticas no ajustadas a la legalidad.

 

El órgano fiscalizador recomienda a los ayuntamientos acordar la constitución del patrimonio del suelo, regular su funcionamiento, determinar la unidad o unidades encargadas del mismo, llevarlo de forma separada e independiente del resto de los bienes municipales, controlar las adquisiciones y destinos de los bienes y proporcionar la información al registro autonómico.

De hecho, la recomendación es tan explícita que da a entender que los departamentos urbanísticos de los consistorios estudiados carecen de la más mínima información respecto a las alteraciones de suelo que se producen en su propio límite territorial.

Esquerra Unida de Torrevieja, por medio de su grupo parlamentario en Las Cortes, pedirá la actuación de oficio del fiscal de medio ambiente y urbanismo al evidenciarse en la fiscalización de la Sindicatura de Cuentas importantes irregularidades que podrían constituir algún ilícito penal.

9 puntos son los que destaca el Sindic:

1. El Ayuntamiento de Torrevieja deja de percibir cesiones de suelo y compensaciones económicas que “perdona a los urbanizadores”.

2. Abuso de permutas.

3. Falta de motivación en las permutas.

4. Valoración de los técnicos sin metodología y criterios que cambian valoraciones en sus informes.

5. Permuta de la Plaza de Toros sin subasta no está justificada cambiada por parcela ampliación juzgados.

6. Permuta realizada sin deber puesto que podía haberse conseguido gratuitamente.

7. Se nombran informes que no aparecen.

8. Propietarios privados beneficiados al no aportar el 10% de aprovechamiento medio.

9. Alteración de los valores de los terrenos.

Conclusión:

El ayuntamiento beneficia a los urbanizadores en detrimento del interés público, contabiliza las operaciones inadecuadamente o no las contabiliza en el Patrimonio Municipal del Suelo y no se fiscalizan las operaciones por Intervención.

Ante estos hechos largamente denunciados por Izquierda Unida se hace obligatoria la intervención del ministerio público. La constante vulneración de la legalidad en beneficio de particulares puesta de manifiesto por este informe demoledor deja muy claro cuales han sido los motivos del crecimiento caótico de nuestra ciudad: el fácil enriquecimiento privado y el empobrecimiento de las arcas municipales.

Aparecen en el informe permutas “ejemplares” como la del Sector 27 La Coronelita, La Ceñuela con el Hospital y la Plaza de Toros.

EU exigirá que se fiscalicen todas las permutas, recalificaciones y convenios efectuadas por el PP, la mayoría por decreto del Alcalde.