El informe de Greenpeace “Destrucción a toda costa 2007 en la Comunidad Valenciana

“La calificación del suelo urbano es el origen de los mayores casos de corrupción.

España es el país de la OCDE donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años”.

Informe de Transparencia Internacional sobre la corrupción en 2006.

 

La especulación del suelo, y las consiguientes promociones y construcciones inmobiliarias, han venido produciendo unos beneficios extraordinarios que de ninguna manera hubieran sido tales sin la corrupción de cargos públicos municipales, permitiendo no sólo todo tipo de atropellos legales, sino también todo tipo de atentados contra el medio ambiente, aunque debemos tener en cuenta que muchos de esos atentados contra el medio ambiente han sido legales, así como muchos “pelotazos urbanísticos”.

La inmensa mayoría de concejales y alcaldes acusados de corrupción urbanística en Andalucía, y la Comunidad Valenciana , han repito sillón de concejal o alcalde, y en determinados casos, consiguiendo amplias mayorías absolutas o aumentando el número de votos obtenidos en las pasadas elecciones municipales del 27 de Mayo.

Cabe preguntarse si ¿acaso falta información sobre lo que está sucediendo?, ¿falta una cultura política crítica y defensora del medio ambiente? Estamos hablando de cuestiones sumamente importantes que afectan al empleo, el desarrollo económico y social, la calidad de vida, la cultura, etc., en definitiva estamos hablando de la situación de un país

La organización ecologista Greenpeace ha dado a conocer su informe anual sobre el estado del litoral del Estado español titulado “Destrucción a toda costa”.

Según dicho informe la construcción se ha convertido en un potente motor económicoque ha olvidado su finalidad social. Al tiempo que mueve a la economía española, roba al territorio el equivalente a 140 campos de fútbol al día1, tres de ellos en el litoral. Si en 2005 se aprobaron 800.000 proyectos de nuevas viviendas, en 2006 esta cifra aumentó hasta las 920.000.

La conversión a suelo urbanizable de millones de metros cuadrados ha supuesto la construcción de cientos de miles de viviendas a lo largo y ancho de todo el territorio, especialmente en la costa. En ocasiones se trata de suelos calificados para su urbanización, pero cada vez más nos encontramos con la destrucción de suelos rústicos o espacios naturales de alto valor ecológico o incluso protegidos.

 

Los escándalos de corrupción conocidos están íntimamente ligados a la gestión y financiación de los ayuntamientos, que disponen de su territorio como una supuesta fórmula de progreso social y económico, lo que resulta evidentemente insostenible.

El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha establecido una íntima relación entre la construcción desaforada y el blanqueo de dinero procedente de mafias. Liga la corrupción urbanística existente en España al modelo poco transparente y a la tolerancia administrativa, que ha favorecido que grupos criminales internacionales se hayan establecido en nuestro territorio ante la facilidad de blanquear dinero en la construcción y crear sus propias redes. El Fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, destaca que las mafias se organizan con el concurso de testaferros y hombres de confianza españoles, creando grandes redes de sociedades pantalla que les permiten ocultarse con total tranquilidad. Más de una veintena de narcotraficantes detenidos en los últimos años en España contaban con sus propias agencias inmobiliarias, un modelo ya conocido en Cancún, Miami o Nápoles.

La construcción está fagocitando a una industria turística que sigue anclada en el obsoleto modelo de “sol y playa”, que implica la construcción de más y más hoteles y segundas residencias como si la demanda fuera infinita.

El urbanismo valenciano está siendo supervisado muy de cerca por el Parlamento Europeo en los últimos años, debido a lasdenuncias de miles de ciudadanos y asociaciones que vienen señalando las irregularidades e injusticias que acoge la legislación en materia urbanística de esta Comunidad Autónoma. El último informe del Parlamento Europeo, tras visitar la Comunidad Valenciana, resulta demoledor. Y no es el único informe que avisa de la destrucción del territorio valenciano

El estudio, avalado por el Comité Económico y Social (CES), revela la conversión del 25% del suelo agrícola en paisaje de cemento y ladrillos en numerosos municipios, tanto del interior como del litoral.

Los tribunales están saturados de denuncias por delitos urbanísticos o contra la ordenación del territorio. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) estudia cerca de 800 causas judiciales y ya ha paralizado cautelarmente tres Programas de Actuación Integrada (PAIs), los convenios urbanísticos valencianos, en Parcent, Porcinos y Ador.

Por su parte, la Comisión Europea ha anunciado que denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas porque la legislación urbanística valenciana no respeta las directivas de contratación pública que exigen transparencia. Tampoco asegura la competencia en la adjudicaciónde los planes urbanísticos.

Cada kilómetro cuadrado de la Comunidad Valenciana recibió en 2004 una media de 288 toneladas de cemento, una cantidad cinco veces superior a la media de la Unión Europea y tres veces más que la media española. Entre los años 2000 y 2006, el asfalto y el cemento ocuparon una superficie de entre 16.500 y 25.000 hectáreas.

El informe de los europarlamentarios no es el único trabaj que denuncia la insostenibilidad del modelo urbanístico valenciano. El estudio Contribución al estudio de los cambios de uso del suelo en la Comunidad Valenciana, de la Universidad Politécnica de Valencia, elaborado por expertos urbanísticos y 17 economistas y avalado por el Comité Económico y Social (CES), confirma la fuerte presión que ejerce la construcción sobre el medio rural y revela la conversión del 25% del suelo agrícola en paisaje de cemento y ladrillos en numerosos municipios, tanto del interior como del litoral. De los casos analizados, destaca el de Torrevieja, donde la reducción de la superficie de cultivo agrícola y forestal en favor del desarrollo urbanístico es de hasta un 1.600% en las dos últimas décadas.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha emitido un informe negativo sobre 17 proyectos urbanísticos en los años 2006 y 2007, de los cuales se encuentran en el litoral:

Torrevieja Plan Parcial Sector S-29 La Ceñuela-Torrevieja

El informe también detalla como puntos negros de urbanismo destructor los proyectos urbanísticos de Torrevieja siguientes:

■ Proyecto de urbanización de “La Coronelita”: recalificación de 290.000 m2

en el entorno de la Laguna de Torrevieja para construir 1.300 viviendas.

■ Plan Parcial del Sector Norte de Torrevieja: 3.149 viviendas.

 

■ 2.142 viviendas y un hotel junto al PN de las Lagunas de La Mata y Torrevieja.

El urbanismo en Alicante se encuentra bajo sospecha. El pasado mes de agosto la Agencia Tributaria solicitaba información detallada sobre los planes parciales, convenios urbanísticos y licencias de obra concedidas por la Gerencia Municipal de Urbanismo de Alicante durante el periodo 2001-2005.

Ni uno sólo de los 25 PAIs de la provincia de Alicante aprobados por el Consell en los años 2005 y 2006 incluyeron el preceptivo informe de la confederación hidrográfica competente (Júcar o Segura) asegurando la disponibilidad de agua para las necesidades de la futura población, a pesar de que así lo exige la Ley de Aguas.8 De los 25 proyectos urbanísticos sólo uno, el PAI de la Serreta en La Nuncia, cuenta con el informe, pero éste es negativo, a pesar de lo cual, recibió la aprobación
definitiva de la Conselleria de Territorio y Vivienda.

Algunas comarcas como las de la Marina Baixa plantean triplicar su población en los próximos 15 años si se llevan a cabo todos los planes urbanísticos presentados por sus 18
municipios y que abarcan una superficie de 45 millones de metros cuadrados.

En Torrevieja se tramita la construcción de 2.142 viviendas y un hotel en el Plan Parcial del Sector 25, situado en la zona periférica del Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja. La asociación de Amigos de los Humedales de Alicante ha denunciado que los planes generales de urbanismo de las localidades que rodean al parque natural planean la construcción de 100.000 nuevas viviendas.

La planta desalinizadora de Torrevieja se ha visto sometida a una disputa entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Conselleria de Territorio y Vivienda. Su producción inicial será de 80 hectómetros cúbicos anuales, 40 destinados al regadío y otros 40 al abastecimiento urbano de municipios de Alicante, Murcia y Albacete. Junto a los daños a la pradera de Posidonia oceanica otro de los impactos destacados es la ubicación elegida para la planta, dentro del perímetro del Parque Natural de las Lagunas de la Mata.

La Generalitat Valenciana ha abierto un expediente a la desaladora de Torrevieja y ha anunciado su intención de llevarla ante la Fiscalía por un posible delito contra el medio ambiente. También presentó una denuncia ante la Comisión Europea por el impacto ambiental de la planta, que no fue aceptada

 

http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/destrucci-n-a-toda-costas-en-v.pdf

 

Foto: Infoville,web Ayuntamiento de Torrevieja.