Refuerzos para Felipe Briones. La corrupción en Alicante sobrecarga a la fiscalía.
La propuesta fue analizada ayer en una reunión de trabajo entre Felipe Briones, José Antonio Romero y el teniente fiscal, Juan Carlos López Coig, quien incidió en la necesidad de poner refuerzos en Anticorrupción para que pueda dedicarse a los casos más importantes.
El importante número de expedientes que acumula esta fiscalía alicantina fue subrayado el pasado 24 de mayo por el propio Romero, quien abogó por la incorporación de un segundo fiscal Anticorrupción para la provincia.
Felipe Briones informó al fiscal jefe acerca del rumbo que está tomando la investigación de Orihuela y se analizó el volumen de trabajo que en estos momentos está soportando la Fiscalía Anticorrupción, con varios casos de irregularidades urbanísticas y presunta corrupción en pleno proceso de instrucción. Entre ellos se encuentran el caso Mercalicante y el de los aparcamientos de Alicante.
Respecto a la investigación en torno a Fenoll, desde la Fiscalía se negaron de forma rotunda a hacer ningún tipo de declaración, insistiendo en que las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario. Probablemente, esta medida se prolongue hasta que se haya realizado la transcripción de todas las cintas que tenía en su poder el empresario.
El empresario oriolano Ángel Fenoll y su colaborador y concejal electo del Partido Popular de Albatera, Javier Bru, continúan internados en el módulo de Enfermería de la prisión de Fontcalent. Según fuentes de la prisión, ni Fenoll ni Bru están teniendo un seguimiento especial dentro de Fontcalent. De hecho, aunque los dos tienen la celda en la enfermería, llevan una vida normal con el resto de reclusos, compartiendo con ellos el comedor, la sala común y las horas de patio. Su estado de salud «no ha empeorado» con el ingreso en prisión, sino que se encuentran en la enfermería con fines preventivos «y por prescripción médica».
Briones estudia los supuestos delitos de extorsión del empresario Ángel Fenoll a varios dirigentes populares de Orihuela, que saltaron a la palestra en marzo de 2006 al difundir el empresario una conversación con un edil. La pasada semana comenzaron las detenciones y entradas en prisión de los implicados.
La Fiscalía de Alicante pretende descongestionar de trabajo al fiscal Anticorrupción de la provincia, Felipe Briones, para que éste pueda centrar su atención en aquellas diligencias que precisan de una mayor dedicación por su importancia, según dijo ayer el responsable del Ministerio Público, José Antonio Romero. De esta manera, Briones se ocuparía más en profundidad de los casos protagonizados por cargos del PP, como son las denuncias relacionadas con aspectos urbanísticos y políticos en diversos municipios de la provincia, como Orihuela, Alicante, Elda y Torrevieja.
Anticorrupción también estudia las 16 causas abiertas que pesan sobre el alcalde en funciones del municipio, José Manuel Medina (PP). Además, el fiscal Anticorrupción también investiga al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, que está imputado junto con la edil de Urbanismo, Sonia Castedo, y el concejal de Tráfico, Luis Concepción, por el modificado de un contrato que supuestamente favorece a la constructora Ortiz e Hijos, y que pudieron causar una pérdidas al Consistorio de más de dos millones de euros. Alperi, además, es investigado por un desfalco de unos cuatro millones en Mercalicante, además de otro supuesto delito, denunciado por la formación Vecinos por Alicante, que le acusa de encargar la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a dos arquitectos sin contrato.
Javier Bru, número dos del empresario Ángel Fenoll y, a su vez, concejal electo del PP en Albatera, encarcelado en el marco de la operación judicial contra la corrupción en La Vega Baja, no renunciará al cargo, según confirmó ayer su letrado, después de presentar un recurso solicitando su libertad bajo fianza.
Javier Bru es gerente de la sociedad Colsur, SA, empresa matriz del grupo del industrial Ángel Fenoll. Bru fue elegido concejal en la localidad de Albatera, como número 9 de la candidatura del PP, en las elecciones municipales del pasado día 27 de mayo.
Aparte del supuesto soborno, la juez también investiga un posible cohecho por el contrato del plan zonal de residuos sólidos de La Vega Baja, que tiene que adjudicar la Diputación de Alicante, y supuestas ayudas del industrial Fenoll para la campaña de los partidos políticos de Orihuela.
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