El informe de la delegación del Parlamento Europeo sobre corrupción urbanística ya está elaborado.
Unión Europea.- Marcin Libicki y el británico Michael Cashman,son los eurodiputados que investigan por delegación del parlamento europeo, la corrupción urbanística en Almería, Madrid y Valencia. El próximo martes dia 11 de abril presentaran un informe ante la eurocámara sobre su visita a España y la investigación llevada a cabo. 
Gracias a Teleprensa ya se puede leer dicho informe en castellano, ya que la administración de la eurocámara aún no ha terminado las traducciones oficiales a todos los idiomas de la Unión Europea. Teleprensa se ha adelantado y ya ha facilitado su traducción a la opinión pública.
Lo que es más reseñable del informe en lo que respecta a nuestra región y a la Comunidad Valenciana, es que la delegación del Comité de Peticiones se encontró con la mayor arrogancia y las menos explicaciones a cerca de la explotación urbanística de gran número de parques naturales y zonas protegidas. Por otra parte, es la región de donde proceden la mayoría de las quejas. Esto no quiere decir que no existan problemas en otras comunidades.
El informe dice " Lo que se está extendiendo a lo largo de la región costera española del Mediterráneo no es tanto el desarrollo sostenible programado de comunidades locales - aunque tales desarrollos existen; sino la destrucción de comunidades enteras y cultura, así como la destrucción de la frágil flora y la fauna que puebla el litoral. Es decir, el enriquecimiento enorme de una minoría" y otras lindezas.
Ya dijo nuestro alcalde en declaraciones retransmitidas por la televisión local vega baja que estos inspectores "habían venido sólo a JODER e interrumpir el desarrollo de ciudades como Torrevieja". El caso es que no le va a pillar desprevenido un informe que ya se intuía le iba a ser totalmente desfavorable. Quizás Hernández Mateo hubiera preferido acabar con ya casi veinte años de alcaldía recordado por un hombre íntegro y sacrificado por su ciudad y tal vez tan sólo lo sea por sus acumuladas imputaciones judiciales e informes tan alarmantes, claros y concisos como el que la comisión de peticiones debatirá el día once.
Sólo estamos a un paso de las elecciones municipales y los poppularísimos torrevejenses aún no han tenido a bien presentar su lista de candidatos a la alcaldía. ¿Por qué? Misterios políticos....Habrá que aprovechar la Semana Santa para rezar antes del día once.
Introducción.
El comité de Peticiones está interesado y profundamente preocupado como consecuencia de la negación persistente de los derechos legítimos de muchos ciudadanos europeos en España, más notablemente en la Comunidad Valenciana, a su región y a sus casas. Se han convertido en las víctimas colaterales de muchos programas urbanísticos fundados sobre la legislación que proporcionan privilegios y riquezas al promotor y que niegan la integridad a las personas individuales.
En un gran número de casos documentados, los Ayuntamientos han creado los planes de desarrollo urbano de acuerdo con las necesidades del crecimiento de población y del turismo, pero en la mayoría de los casos estos planes se deben únicamente a su codicia y avaricia. Apenas día pasa sin noticias de un Alcalde, o concejal de un pueblo, que han sido investigados o acusados de corrupción urbanística. ¿Cuántos agentes urbanísticos están relacionados de una manera u otra con aquellos encargados de controlar los municipios? Estos últimos reciben a cambio importantes ganancias cuando recalifican terrenos, o al convertir el terreno rústico en urbano.
Lo que se está extendiendo a lo largo de la región costera española del Mediterráneo no es tanto el desarrollo sostenible programado de comunidades locales - aunque tales desarrollos existen; sino la destrucción de comunidades enteras y cultura, así como la destrucción de la frágil flora y la fauna que puebla el litoral. Es decir, el enriquecimiento enorme de una minoría pequeña a costa de una mayoría. Las laderas de las montañas y los acantilados están siendo invadidas por un cáncer de viviendas impersonales, no por necesidad, sino porque proporcionan unos importantes beneficios para el constructor y el promotor, así como para el arquitecto y el abogado.
Durante los últimos veinte años aproximadamente ha habido una creciente tendencia por parte de los turistas en adquirir propiedades en el acogedor clima del Mediterráneo español. Es el lugar perfecto para empezar una nueva vida o para pasar sus años de jubilación. Los españoles también han pasado a establecer sus residencias en las zonas rurales, dejando las ciudades como lugares exclusivos para trabajar. Las nuevas leyes sobre el territorio acompañan esta tendencia pretendiendo proporcionar un proceso de desarrollo sensato. Ha habido una mina de oro económica sin precedentes en la industria de la construcción cuando la propiedad rural ha sido urbanizada
Muchos decidieron comprar sus propiedades en pequeñas comunidades rurales; comprando viviendas rurales viejas restaurándolas ellos, viviendas que fueron adquiridas perfecta y legalmente y legítimamente. Los derechos de propiedad una vez han sido adquiridos legalmente deben permanecer normalmente, excepto en el caso del interés público justificado y apropiadamente definido cuando la compensación correcta deba ser proveída. Sin embargo los edificios construidos y renovados sobre región rural son precisamente aquellos que son los más vulnerable al tipo de complejos habitacionales generados por las nuevas leyes de vivienda de España que han creado las situaciones donde una casa no puede ser no más sólida que un castillo hecho de la arena.
Como se ha mencionado anteriormente, los propietarios legítimos se han convertido en las víctimas de leyes como el LRAU y ahora el LUV en Valencia, que les obligan a que den el 10% de su terreno sin recibir una compensación aparentemente, y luego crean un cargo financiero arbitrario de ser pagado en efectivo para la nueva infraestructura sin la consulta de aquellos que poseen el terreno.
Los residentes de pueblo de repente se tienen que adaptar a que el tamaño y la población de su comunidad rural se vea multiplicada, como resultado de las de ambiciones de sus alcaldes, sin recibir por dichas molestias ninguna compensación, beneficio que en cambio si recibirán los promotores. El impacto medio ambiental, la disponibilidad del agua y suministro de energía, no son más que consideraciones secundarias y sin importancia para aquellos nunca tendrán que vivir en el desarrollo urbano que ellos mismos crean.
Además, otro fenómeno inquietante ha surgido cuando los ciudadanos, cada vez más europeos, compran la propiedad de buena fe sólo para aprender que, habiendo pagado a sus abogados, a sus agentes inmobiliarios y a sus constructores, sin contar con los impuestos que pagan, sus casas son consideradas ilegales, convirtiéndose ellos en las víctimas de los despiadado Ayuntamientos que, a sabiendas, aprueban la nueva construcción en terrenos que habían sido previamente certificados para tal objetivo.
El ciudadano se convierte en el culpable, las autoridades municipales un intermediario pasivo, el gobierno regional no tiene ninguna responsabilidad y las autoridades nacionales afirman que ellos no pueden interferir a pesar de las obligaciones del Tratado y de la ley de la Unión Europea.
Esta es la Europa de libertad de movimiento, de libertad de bienes y servicios, de libertad de explotar impunemente.
Peticiones.
Las primeras peticiones surgieron a principios de 2003, de manos de un grupo de acción de ciudadanos valencianos formado por víctimas de estos abusos urbanísticos. Fueron las más apoyadas, con más de 15.000 firmas. La plataforma de víctimas se llamó, ¡Abusos Urbanísticos No! (AUN). Otras muchas fueron también presentadas por asociaciones de comunidades locales, que en ocasiones representaban a un grupo de expatriados alemanes, ingleses, y un largo etc. Otras en cambio fueron presentadas por los propios españoles.
La llegada de más y más nuevas peticiones hizo imposible la tarea de registrar cada una de ellas individualmente, por lo que se fueron incluyendo todas dentro de la petición de AUN. Sin duda esto fue un error, cometido debido al enorme volumen de quejas que recibían.
No han dejado de aparecer noticias en los medios de comunicación a cerca del abuso relacionados con la tierra. Y cada vez los periodistas disponen de información de mayor calidad para argumentar sus textos.
El Comité de Peticiones, al abordar esta materia, se percató de que sus responsabilidades estaban limitadas debido al Tratado, y que eran las Comunidades Autónomas españolas y las autoridades nacionales del país, las que tenían la obligación y el deber político y legal de corregir y solucionar este abuso, si era necesario incluso a través de los tribunales. Sin embargo, y desgraciadamente, tres años después de que las primeras peticiones fueran recibidas, muy poco ha cambiado desde entonces. A pesar de las promesas y las nuevas leyes que se han creado, la situación es incluyo peor que entonces. Muchas miles de las personas que han comprado su vivienda, de buena fe, en distintas partes de España viven con la espada de Damocles suspendido sobre sus casas y sus derechos.
Tras una primera visita de investigación en 2004, se elaboró un informe, el cual incluía varias recomendaciones, que fue aprobado por la Comisión de Peticiones. Después de una segunda visita en 2005, el Comité preparó otro informe que fue presentado por el ponente Mme Janelly Fourtou, ante el pleno en diciembre de 2005. La resolución adjunta fue aprobada por 550 miembros contra 45, con tan sólo 25 abstenciones. Se esperaba que tuviera un impacto positivo en aquellos que tomaban las decisiones en España, pero un cambio de gobierno en Madrid condujo a una revisión de la ley de ordenación urbana.
El Comité de Peticiones ha continuado luchando por los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, cuyas propiedades han sido violadas. Además, el Comité tenía serios indicios para creer que la legislación europea específica para la cual el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo tienen la competencia, no estaba siendo respetada por el Gobierno valenciano y las autoridades españolas. La Comisión europea estuvo de acuerdo con esta evaluación en relación con las Directivas de la Unión Europea en materia de procedimiento público, por el cual el artículo infringido 226 fue aprobado.
Parece muy probable, después de las investigaciones de Comité, que otras Directivas tampoco están siendo respetadas, en lo que respecta a grandes proyectos urbanísticos. Estos incluyen: las Directivas de Impacto Ambientales, la Directiva de Marco de Agua, la Directiva de Aguas residuales, la Directiva de Ecosistemas, y la Directiva de Aves y en muchos casos también la Directiva de Blanqueo de Dinero.
El Parlamento Europeo tienen la obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos donde quiera que éstos deseen vivir, pero son las autoridades locales y regionales las que tiene que velar por encontrar una solución a las preocupaciones de los ciudadanos.
Las recomendaciones del parlamento hasta ahora.
Como se ha mencionado anteriormente, muchas de las recomendaciones fueron hechas por el Comité de Peticiones en julio de 2004, tras la primera visita de investigación. Después de una crítica evaluación de la situación, el Comité quiso explorar medios más serios de reparación y compensación para las víctimas valencianas, así como para sancionar los abusos realizados por parte de las autoridades regionales y municipales.
Fue el Parlamento Europeo, cuya función era “respetar los derechos y las obligaciones de la ciudadanía de la Unión Europea”, los únicos en votar las recomendaciones que han sido hasta ahora establecidas sobre la base de un mandato institucional. Entre estas recomendaciones se encuentran las siguientes:
ß Las futuras regulaciones respetan los derechos de los dueños de propiedad y los proyectos de desarrollo urbanístico que muestren un respeto por el desarrollo sostenible, el medio ambiente, y la ecología, ya que éstas son políticas fundamentales de la Unión Europea.
ß La inclusión en la nueva ley de una definición clara de “interés público”, para no dar lugar a confusiones y para prevenir de que la promoción se realice por intereses privados, más que públicos.
ß El establecimiento de criterios obligatorios para el cálculo de la compensación, en casos de daños o pérdidas, sobre la base de estándares y principios reconocidos por la jurisprudencia del ECJ y el ECHR.
ß Las medidas para asegurar que cada propietario de terrenos, preocupado por cualquier plan de desarrollo, sea informado individualmente con eficacia y a debido tiempo de cualquier plan o cualquier aspecto que pueda afectar a su propiedad y derechos fundamentales.
ß Las oficinas de reclamaciones deberían ser establecidas bajo la responsabilidad de las autoridades locales y del Gobierno de la Comunidad Valenciana.
Mientras tanto, el urbanismo ha continuado sin disminuir nada, apareciendo gran número de nuevos proyectos urbanísticos, realizados con celeridad para aprovechar la vieja ley, antes de que entre en vigencia la nueva ley (ley que entrará en vigor en febrero de 2006). Durante este tiempo, las quejas han seguido llegando al Parlamento desde distintos puntos de la geografía española.
Gran número de casos han llegado a los tribunales pero permanecen sin abrir, según la publicación digital de Noticias de Valencia.
Habiendo considerado el problema en varias ocasiones en 2006, y en particular después de reunión del Comité el 28 de noviembre de 2006 donde los solicitantes y las autoridades valencianas estaban presentes, se propuso una nueva visita de investigación. Una carta al presidente del Parlamento Europeo que busca la autorización para realizar la visita el 22 de diciembre.
La visita de investigación 2007.
Ante las tentativas de retrasar la visita y los ataques a la integridad de los miembros de la delegación, que ocurrieron desde dentro y fuera del Parlamento, la Oficina tomó una decisión para aprobar la misión de visitar Valencia, Madrid y Andalucía el 12 de febrero. Se concretaron para tal efecto visitas durante las fechas del 27 de febrero al 3 de marzo.
Habiendo recibido también peticiones de Madrid y Andalucía, estas regiones autónomas también fueron incluidas en la misión a fin de proveer, además de una evaluación de peticiones, una perspectiva distinta de la aplicación de la ley urbana en una comunidad distinta a la valenciana.
Habiendo conocido a algunos de los representantes diplomáticos de la Unión Europea en Madrid, la delegación viajó a Almería, en Andalucía.
La delegación se arrepintió que la reunión no se hubiera realizado antes, ya que las peticiones se enviaron con bastante antelación a los representantes de España en el Parlamento Europeo de Bruselas. Los motivos dados para argumentar la respuesta negativa, no parecieron demasiado creíbles dadas las circunstancias de la visita y los objetivos del equipo de investigación.
Andalucía.
Aunque el día de la visita coincidiera con el Día de Andalucía, los representantes del gobierno regional en la Provincia de Almería se reunieron durante dos horas con los delegados del Comité de Peticiones para hablar de las leyes de urbanismo en Andalucía y su aplicación en las distintas provincias.
Las autoridades informaron a los delegados sobre sus objetivos de un desarrollo ordenado, sostenible y planeado del territorio. Pero admitieron y reconocieron que varias autoridades municipales habían actuado incorrectamente y en algunos casos, como en Málaga, habían actuado ilegalmente, pero que el alcalde y varios de sus concejales habían sido detenidos. Declararon que la construcción ilegal no disponía de los servicios mínimos de agua, electricidad y recogida de basura, reconociendo que las enormes sumas de dinero se habían obtenido a costa de tales prácticas ilegales.
Los representantes del gobierno regional afirmaron que, materia de aplicación de las leyes urbanísticas, las autoridades municipales tenían un elevado nivel de autonomía, pero que estaban obligadas a actuar dentro de ciertas pautas, en cuanto al tamaño y el grado del desarrollo, (desarrollo sostenible que reiteraron era la primera prioridad de la planificación de uso de tierra).
Ellos también indicaron que no todas las autoridades locales consultaban al técnico urbanístico y que las reglas de Valencia no eran aplicables a Andalucía. Afirmaron también que un grupo de promotores locales podría haber combinado sus recursos para desarrollar conjuntamente el terreno, en lugar de hacerlo individualmente.
Cuando las autoridades locales decidieron que el desarrollo era necesario para el público en general, se contrató al constructor que hace su oferta la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, según la ley andaluza.
La información relacionada con proyectos urbanísticos fue publicada y los promotores afectados fueron informados, así como los notarios y registradores ya que fueron los que legitimaron la obra.
La recalificación del terreno de rural urbanizable, implica que el dueño de la tierra tiene que ceder el 10% del terreno a las autoridades locales para la utilidad pública y que el promotor debe pagar una proporción del coste de los nuevos servicios.
Durante la reunión mantenida, las autoridades afirmaron que el interés público debe ser definido según las necesidades específicas de cada desarrollo que tiene en cuenta coacciones ambientales, económicas y sociales de cada comunidad implicada.
Los delegados del Comité de Peticiones, fueron informados que todos los proyectos debían ser notificados al Gobierno Regional para su aprobación final y que los proyectos podían ser desechados si consideran que no cumplían con los principios de la ley regional. Los ciudadanos son capaces de apelar contra la planificación de decisiones a las autoridades regionales y una Corporación de inspectores ha sido establecida para investigar la realización de proyectos urbanísticos. La cabeza del Servicio de Investigación estaba presente para la discusión del mismo. Las prescripciones han sido impuestas a proyectos de urbanización que no han cumplido con los criterios de conservación y de desarrollo sostenible.
Existen cinco casos disciplinarios contra autoridades locales por actividades urbanísticas ilegales.
Sin embargo, era aparente que a pesar de las salvaguardas, los abusos han ocurrido. Dos en particular eran los de mayor interés para los delegados del Comité: la situación en Ronda, y en Albox y el valle de Almanzora. En el segundo caso, existió un tácito entre constructores y las autoridades locales que llevó a la construcción de varios cientos de casas ilegales que fueron compradas sobre todo por expatriados, por agentes inmobiliarios certificados y abogados, de buena fe. Muchos de ellos están ahora bajo la amenaza de demolición. El Alcalde está bajo investigación.
La delegación fue informada por las autoridades regionales que el estado ilegal se aplica sólo a la vivienda y no a la tierra en la cual está construida. Una casa ilegalmente construida puede ser demolida y la tierra repoblada hasta alcanzar su estado original. (Una comparación desafortunada se realizó entre la compra de una casa ilegal y la compra de un coche ilegal, que la ley confisca.) Afirmaron que, nadie que compre una casa ilegal de buena fe, puede emprender acciones legales en contra del vendedor, ya que dicho procedimiento le podría llevar años y podría ser demasiado costoso.
Sin embargo, parece claro que aquellos que han comprado casas ilegales de buena fe, sin saberlo (porque han sido engañados o víctimas de un fraude) según el gobierno regional, no son tantas como aquellos que son responsables de lo sucedido.
Tampoco puede afirmarse que la culpa o responsabilidad se le debe exigir a las autoridades locales, a los constructores que se han beneficiado con la construcción, y las autoridades regionales que eran ignorantes de lo que pasaba o que decidieron no actuar para prevenir tal acontecimiento. No hay, en resumen, ningún procedimiento aparente, fuera de los tribunales, para resolver el problema.
Es cierto que ambos casos de construcciones ilegales son completamente diferentes, a pesar de que ambas construcciones se realizaran sobre zonas prohibidas, bien zonas especiales de conservación o llanuras sujetas a inundaciones designadas.
Para evitar la demolición, el propietario está obligado a conseguir una rectificación del estado de la tierra o los permisos de edificación pueden ser una posibilidad que conservará su propiedad.
Tomando uno u otro camino y considerando la gravedad del asunto, debería existir algún tipo de tribunal administrativo que se dedicara a resolver tales asuntos, ya que en dicho problema están implicados todos los partidos. Sería una forma de aliviar de tal carga a las víctimas inocentes de esta situación. Lo que es evidente es que los residentes de las viviendas ilegales de Albox no recibieron el consejo apropiado por parte de las autoridades locales, topógrafos o abogados.
La Comunidad Valenciana.
Es justificable que una delegación del Comité de Peticiones fuera nuevamente enviada a Valencia por tercera vez. No sólo hay un procedimiento de infracción todavía en curso acerca de la Directiva en la Consecución Pública, sino también que una serie de nuevas peticiones han demostrado que las autoridades han dejado de respetar los derechos individuales y en lo que al agua y al medio ambiente respecta.
Durante la visita dieron a la delegación documentos acerca de casi sesenta nuevas acusaciones del abuso de ley del territorio.
Las diferencias existentes entre la reunión mantenida con el ministro del Gobierno Valenciano responsable, Esteban Gonzalez Pons, y las reuniones que ocurrieron en varias ciudades y pueblos con los ciudadanos afectados, fueron aclaradas.
También hubo un aumento del número de casos que han sido iniciados, investigando a magistrados contra la corrupción urbanística. La delegación visitó, en este sentido, Orihuela, Catral y el distrito Torrevieja. El alcalde de Catral proporcionó a la delegación algunos documentos informativos, mientras que sus miembros atendían las quejas de los solicitantes.
En el octubre de 2006 las Autoridades Regionales destituyeron al alcalde de Catral de sus poderes, a consecuencia del edificio de 1270 viviendas ilegales construido al lado del parque natural de El Hondo. Las medidas tomadas parecieron ser insuficientes ya que la construcción de las viviendas seguía adelante, a pesar de su prohibición. Los constructores siguen trabajando y las casas estaban siendo anunciadas en el Reino Unido.
En San Miguel de Salinas la delegación encontró que aproximadamente unos cien vecinos de la localidad habían presentado sus quejas como consecuencia de la destrucción que estaba sufriendo su entorno, la carencia de los servicios básicos y la contaminación de su abastecimiento de agua, mencionando que las autoridades no habían hecho nada para solucionarlo desde las primeras quejas que se remontaban dos años atrás. Un residente alemán se quejó de una tubería de amianto vieja y rota que estaba todavía en uso, y la contaminación de sulfato de cobre encontrada en el agua potable y una planta de tratamiento de agua que estaba infectada de ratas además de rota.
En Orihuela, la delegación fue obsequiada con de naranjas locales, limones y mosto de uva, que resultaba ser el ultimo producido en el área alrededor de Los Almendros (1129/2003) justo antes de que los grupos promotores tomaran la zona. Cada propietario de la zona esta siendo obligado a ceder el 60% de su tierra, según los solicitantes, y las construcciones procederán en un área previamente designada como parque natural. Según otros vecinos no había ningún concurso público para los trabajos de urbanización de esta zona.
También en esta área, un nuevo grupo de ciudadanos llamado Claro, se presento a la delegación y entregó una nueva petición alegando que los derechos de ciudadanos europeos para votar en las elecciones locales habían sido violados por las autoridades. De 18,000 solicitudes de voto enviados a residentes de la Unión Europea no españoles en el mes septiembre, 11,000 habían sido devueltos en diciembre. Ellos afirmaron que las dos terceras partes de formularios de inscripción de los votos no habían sido entregadas debido a problemas con el servicio de correos.
La reunión que fue organizada con el Mediador Regional, Sra Emilia Caballero, los miembros autorizados de la delegación querían recibir la confirmación sobre muchos de los problemas afrontados por comunidades locales cuando ellos se opusieron a los proyectos de urbanización regionales. Ella expresó sus preocupaciones particulares por la carencia del alojamiento social en la gran mayoría de los desarrollos urbanísticos, que la condujo a preguntarse si las autoridades son capaces de definir por si mismas lo que es de interés público. Ella fue también muy crítica con la falta de participación ciudadana en las decisiones tomadas por ayuntamientos locales en muchas áreas.
Viajando hacia el norte de Alicante, a la delegación le resultó complicado encontrar a los residentes de Tibi y Aljibe con lo que se había reunido, situación triste para los pueblos, ya que lo habían preparado todo para recibir a la delegación, con la finalidad de añadir peso con sus quejas en contra de la amenaza de urbanismo que iba a destruir su comunidad local. La delegación recibió la extensa documentación que actualizaba los informes de los que disponía el Comité, ya que éstos eran de 2005.
En Parcent, la delegación fue recibida con una calurosa bienvenida por todo el pueblo, y una procesión improvisada siguió a los miembros al lugar donde la reunión había sido preparada. Los vecinos mostraron sus temores ante una inminente urbanización de la ladera de la montaña de los espacios rurales que rodeaban el pueblo. El presidente de la asociación de residentes local de El Repla -, donde 1496 nuevas casas iban a ser construidas, describió “el efecto catastrófico de construir miles de casas de veraneo no deseadas, millones de metros cuadrados del precioso campo iban a ser devastados. Todo esto había sido planeado sin el estudio de impacto social o ambiental más básico y sin un informe científico apropiado a cerca de la suficiencia de recursos de agua.” Los residentes se quejaron que ninguno de los afectados había recibido aún una carta oficial o el aviso del Ayuntamiento que le explicara los impactos que tal proyecto podía tener. Los proyectos fueron realizados rápidamente los últimos días de vigencia del antiguo LRAU, el 30 de enero de 2006.
En Parcent, tres sectores del terreno habían sido planeados como suelo urbanizable, conteniendo todos ellos discrepancias y problemas los suficientemente serios para ser llevados a los tribunales, el cual muy probablemente los habría detenido. El más serio de todos era por el momento el de El Repla. Pero más allá de este está se había construido una pequeña ciudad, cuya población de 900 habitantes quería aceptar y entender la necesidad de un plan de desarrollo sostenible que planeaba viviendas para 10.000 habitantes en la próxima década.
En efecto, en la reunión que la delegación tuvo con el alcalde en el ayuntamiento, se presentaron los proyectos. Uno de los constructores era el hermano del concejal de Urbanismo. Durante los años anteriores, la mayor parte de la tierra rural del valle había sido comprada en grandes cantidades por los constructores, que obtuvieron una gran ganancia con la recalificación del terreno, a pesar de la las 150 familias que vivían en las laderas tuvieron que acarrear con los problemas que la materialización del proyecto suponía.
En el pueblo, las emociones estaban a flor de piel. Los hombres más viejos que habían vivido toda su vida en esas tierras hablaban sobre el miedo de perder sus tierras. La delegación fue escoltada bajo una multitud de paraguas a lo largo de las estrechas calles del pueblo, hasta el autobús.
En una reunión publica organizada en Benissa, en un pasillo cerrado la delegación tuvo noticias de la gente de varias ciudades y pueblos quiénes eran contrarios a los proyectos de urbanizacion. Ellos incluyeron Tormos, Altea, Villajoiosa, Mutxamel, Alfaz, Val de Lagaurt, Tibi, Rabassa, Denia, Javea, Orxeta, Liber – Collado el-, Orba y Gata de Gorgos. La naturaleza de las quejas era similar y relacionada con la carencia del agua, ninguna evaluación de impacto ambiental, problemas relacionados con la elección de los promotores y las acusaciones de corrupción, contribuciones excesivas y gastos arbitrarios para la nueva infraestructura, la carencia de información, problemas con declaraciones publicas, ningún alojamiento social y poca o ninguna compensación en la pérdida de la tierra legítimamente comprada. El Alcalde de Benissa habló para decir que él era una víctima, no de las leyes de la tierra, pero de acusaciones que habían sido malinterpretadas por sus autoridades en la aprobación de la construcción de su propia casa de campo que no cumplía con lo planificado según la ley vigente.
La reunión con el ministro Valenciano de Contrucción, Esteban Gonzalez Pons resulto difícil de organizar, y solo fue concretado después de la visita de su Jefe de Gabinete a Bruselas el 26 de febrero. Declaraciones hechas en ruedas de prensa celebradas antes de la reunión con el ministro, por dos MEPs y por representantes de la comunidad empresarial tornaron en continuos ataques a la delegación además de a cada uno de sus miembros.
En el último momento el escenario de la reunión cambió, y la cita con la comunidad comercial, la cual se había acordado por separado, se decidió realizar conjuntamente, invitándolos a la reunión con el ministro Éste estuvo rodeado por ambos lados de promotores, constructores, agentes inmobiliarios, agentes de viajes… criticando todos la visita y defendiendo las leyes valencianas de urbanismo así como las actividades de la industria de la construcción.
Se comentó que cada visita de la delegación había costado a la comunidad valenciana, que tras la organización habían intereses escondidos, y que las peticiones recibidas eran falsas o un mero invento de las delegaciones.
La delegación explicó las preocupaciones del Comité de Peticiones y la esperanza que tenían en que los problemas podrían haberse resuelto con la ayuda y cooperación de las autoridades locales. Esto se enfocó únicamente al problema de las viviendas ilegales, sin referirse al tema de medio ambiente.
El ministro rechazó reconocer que existían problemas urbanísticos, afirmando que en que el caso de que los hubiese deberían resolverse en los tribunales. El único caso específico al que se refirió fue el problema de viviendas ilegal en Catral, que la delegación había visitado.
Los representantes de la comunidad comercial eran también bruscamente críticos con la visita, pero sin embargo dieron la bienvenida a la oportunidad de encontrarse con la delegación. Se explicó que la industria de la construcción contaba con el 25% del PIB de la región, y que proporcionaba gran mucho empleo y que cualquier disminución del negocio conduciría a más paro. El representante de la Federación de Bienes Inmuebles sugirió que un comité experto podía ser establecido hasta que se analizaras las quejas.
Después de esta reunión los miembros de la delegación viajaron a la Provincia de Castellón para reunirse con las comunidades locales que también habían presentado sus quejas.
La primera parada estaba en Mestrets.
Es un pequeño pueblo costera donde 42 casas, habitadas permanente, deben hacerle hueco a un proyecto de 6000 viviendas. Los residentes, muchos de los cuales han vivido allí toda su vida, van a tener ahora que afrontar los gastos de esta nueva urbanización, y la mayoría de ellos perderán sus casas. Los habitantes del barrio exigieron la compensación apropiada por sus propiedades y el derecho de ser realojado en circunstancias similares. Pero no fue así, y a cambio de sus terrenos les ofrecieron un pequeño peso dentro de un bloque de viviendas.
No habían recibido ninguna respuesta de las autoridades regionales Valencianas y sólo el sindicato había respondido apoyando sus preocupaciones.
Tras esta visita la delegación viajó a Cabanes y Marina d,Or, urbanizaciones que consistían en una línea de 10 bloques de edificios en primera línea de la playa Torre la Sal. Los solicitantes afirman que la población corriente de menos de 3000 será convertirá en 125000 durante la temporada de vacaciones. 24000 casas van a ser construidas, junto con tres campos de golf y un parque temático, que se llamará Mundo Ilusión. Los apartamentos están en una reserva natural que contiene una especie protegida de ave (aguilucho cenizo) y no hubo ninguna aprobación acerca de la provisión garantizada del agua para el complejo urbano. Sólo una planta desalinizadora está planeada dentro del complejo, la cual requerirá de la financiación de la Unión Europea.
En la reunión pública de Valencia, el presidente de AUN les presentó a los miembros de la delegación, a los representantes de varias asociaciones locales, para discutir todos juntos el polémico tema. Varias nuevas peticiones fueron presentadas a la delegación. Los ejemplos siguientes son indicativos de los problemas encontrados. En Benicalp muchas familias están siendo desplazadas debido a una nueva división del terreno, que está siendo hecha a beneficio del Club de Fútbol de Valencia. En Mestrella, la comunidad está bajo la amenaza de un nuevo proyecto de desarrollo urbano, donde, las ventajas sólo irán para los constructores y promotores, mientras que se obliga a la gente a abandonar sus casas y las tierras que de siempre han sido de sus familias.
En Peñíscola, en el área costera del norte de la región Valencian, 3000 nuevas viviendas son planeadas en un área que es designada como un parque nacional. Los residentes locales han intentado llevar el caso a los tribunales, pero, después de dos años y medio no hay perspectivas de que las autoridades levanten audiencia del caso. No hubo ninguna evaluación sobre el impacto ambiental y las autoridades no están preocupadas por el hecho que esta área ha sido designada como parte de Natura 2000, una zona especialmente protegida por su valor medioambiental. .
Otras quejas fueron recibidas de Alboraia, Picassent, Villalonga, Alboraya, Albalat, el Hosptal de Virgen del Consuelo de Valencia (donde los residentes locales estan expuestos a emisiones tóxicas de bombas de cobalto y helio radiactivo; la tierra pública dada a una sociedad anónima modificó el permiso de planificación sin cualquier consideración a la comunidad local), y Albufera. Muchas personas vinieron a la reunión para expresar su frustración que ellos no estaban siendo totalmente ignorados por autoridades locales que escucharon sólo a las sirenas de constructores y promotores.
De las 540 municipalidades que componen la Comunidad Valenciana, aproximadamente el 15 – el 20 por ciento, concentrado esencialmente en el interior costero, han experimentado problemas serios que resultados de la excesiva urbanización de sus parajes, muchas de estas actuaciones implicadas en posibles episodios de corrupción producidos años anteriores. Pocas autoridades municipales han considerado los procedimientos y repercusiones asociados a este proceso de urbanización, y la activa participación de la comunidad local ha pasado inadvertida como por ejemplo en Xabia.
Parecería por lo tanto, que las debilidades en las leyes de urbanismo, eran las que facilitaban que los terreros fueran fáciles de explotar. Las autoridades locales son las que tienen que velar por los derechos de los pequeños propietarios, y ser las responsables de evitar los desastres medioambientales que los proyectos urbanísticos causan.
Los derechos fundamentales de ciudadanos europeos sobre su propiedad no son reconocidos del mismo modo aquí como en otros países europeos y es evidente que hay un nivel del abuso persistente del terreno.
La región de Madrid.
La Comunidad de Madrid no ha sido inmune del desarrollo urbano, al contrario, el éxito de la economía española en los últimos veinte años ha atraído un influjo masivo de población desde distintos países, no sólo europeos. El crecimiento de la riqueza también ha creado un sector importante de la población urbana que procura comprar segundas casas lejos del ruido de la ciudad, como en las laderas de la Sierra de Guadarrama.
Los promotores han sido rápidos para aprovechar las oportunidades que esta situación ha creado y se ha obligado que ayuntamientos tengan que crear Planes Generales de Ordenación Urbana para planear el desarrollo en las próximas décadas. Tal desarrollo ha traído con ellos, como en otras partes de España, las acusaciones de las prácticas injustas y corruptas.
El Comité de Peticiones ha recibido quejas de varias localidades al norte de Madrid y, en el tiempo disponible, la delegación pudo visitar Torrelodones y Galapagar, dejando sin visitar Rascafria, pero llevándose la documentación e informes urbanísticos sobre el municipio, ya que es un área especialmente protegida conforme a la Directiva de Aves.
La delegación mantuvo una reunión con el ministro responsable de urbanismo de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. Sin embargo, el cambio de impresiones fue bastante superficial, pero útil ya que permitió realmente que la delegación aprendiera más sobre prioridades y procedimientos en cuanto al ambiente y los derechos de los propietarios, en esta comunidad autónoma. En cuanto a los dos municipios que la delegación iba a visitar, el ministro informó que el proyecto para Torrelodones había sido retirado de momento y el de Galapagar todavía no había sido aprobado. También informó que se había compensado económicamente a todos los propietarios.
A la llegada a Galapagar, la delegación se reunió con el alcalde y varios de miembros del Ayuntamiento. Las preocupaciones de la delegación estaban basadas en las quejas recibidas en cuanto a los programas de desarrollo urbanísticos planeados en esa zona. Las quejas giraban principalmente en torno a la orilla del río Guadarrama y al problema de tratamiento de aguas residuales. El Alcalde dio una explicación detallada del proyecto e identificó todas las áreas claves en un mapa, antes de perfilar las etapas principales del procedimiento que conduce a la aprobación del plan general. Él dijo que el plan esperaba ahora la aprobación final de Madrid.
Dijo que las autoridades locales habían actuar (si el proyecto era aprobado) sin la ayuda de un promotor, ya que lo consideraban innecesario. Afirmó que el foco de atención se había centrado en el posible impacto medioambiental y que se habían realizados 16 informes sectoriales para medir el impacto en el parque regional de Manzanares y la ladera de la Sierra de Guadarrama.
Para una población de aproximadamente 33,000 el alcalde consideró que la proporción de quejas no era excesiva. Por parte comentó el informe hidrográfico y el proyectos de construcción de una estación y de cables de alta tensión, afirmando que no era una responsabilidad del municipio.
Se le informó a la delegación que casi todo Galapagar era zona protegida, pero en cambio existe un proyecto de construcción de 6900 viviendas, a lo cual el alcalde explicó que era un desarrollo controlado y sostenible, ya que no era un número exagerado en relación con la población existente. La delegación estuvo satisfecha por las explicaciones dadas.
La visita a Torreledones fue la más útil e informativa de todas, a pesar de que era un proyecto de urbanización de menor impacto. La propuesta era crear un campo de golf y aproximadamente 1500 nuevas.
En la última reunión realizada en Galapagar, se compararon las explicaciones dadas por el alcalde con los sentimientos expresados por la comunidad local. Dieciocho declaraciones fueron hechas, incluyendo entre ellas algunos comentarios sobre el desarrollo urbanístico en zonas como El Escorial. El foco principal de la preocupación era la envergadura del proyecto y su posible impacto medioambiental, ya que se encontraba en parques naturales con especies en peligro de extinción.
Conclusiones.
La aplicación de las leyes de urbanismo han resultado ser problemáticas en algunas de las Comunidades Autónomas. Las presiones para realizar proyectos de desarrollo urbanístico, están promovidas principalmente por la comunidad comercial, ya que son las que más se lucran con estas actividades.
Los residentes locales, español o no, son los principales afectados en tales proyectos urbanísticos, e inevitablemente son los que más tienen que perder. El algunos casos se arriesgan a perderlo todo, principalmente los residentes de la Comunidad Valenciana.. Fue en esta región donde la delegación del Comité de Peticiones se encontró con la mayor arrogancia y las menos explicaciones a cerca de la explotación urbanística de gran número de parques naturales y zonas protegidas. Por otra parte, es la región de donde proceden la mayoría de las quejas. Esto no quiere decir que no existan problemas en otras comunidades.
La solución al problema de excesivo urbanismo, podría solucionarse con la colaboración de las autoridades locales y las asambleas regionales. El gobierno nacional tiene que desempeñar el papel de asegurar el cumplimiento del Tratado y la legislación de la Unión Europea, en asuntos como derechos fundamentales. La Constitución española tampoco ha sido probada en relación a la explotación urbanística que tantas víctimas ha creado. La única tentativa, de un importante abogado valenciano, de llevar el caso al Tribunal Constitucional, en una materia procesal.
No fue mucho antes, cuando el tema llegó a la Corte Europea de Justicia, cuya decisión fue en contra de España y de las Autoridades Locales, ya que se las consideró las responsables de los problemas causados a las víctimas.
El Comité de Peticiones continúa decidido a cumplir con sus responsabilidades haciendo cumplir el Tratado, para defender al ciudadano europeo y darle su firme apoyo. Existe sin duda una carencia en el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, en materia de defensa de sus propiedades. El Parlamento Europeo y las demás instituciones de Unión Europea tienen una obligación clara de asegurar a los ciudadanos que nadie viole sus derechos fundamentales. Es de interés general que esto suceda lo antes posible.
El comité de Peticiones está interesado y profundamente preocupado como consecuencia de la negación persistente de los derechos legítimos de muchos ciudadanos europeos en España, más notablemente en la Comunidad Valenciana, a su región y a sus casas. Se han convertido en las víctimas colaterales de muchos programas urbanísticos fundados sobre la legislación que proporcionan privilegios y riquezas al promotor y que niegan la integridad a las personas individuales.
En un gran número de casos documentados, los Ayuntamientos han creado los planes de desarrollo urbano de acuerdo con las necesidades del crecimiento de población y del turismo, pero en la mayoría de los casos estos planes se deben únicamente a su codicia y avaricia. Apenas día pasa sin noticias de un Alcalde, o concejal de un pueblo, que han sido investigados o acusados de corrupción urbanística. ¿Cuántos agentes urbanísticos están relacionados de una manera u otra con aquellos encargados de controlar los municipios? Estos últimos reciben a cambio importantes ganancias cuando recalifican terrenos, o al convertir el terreno rústico en urbano.
Lo que se está extendiendo a lo largo de la región costera española del Mediterráneo no es tanto el desarrollo sostenible programado de comunidades locales - aunque tales desarrollos existen; sino la destrucción de comunidades enteras y cultura, así como la destrucción de la frágil flora y la fauna que puebla el litoral. Es decir, el enriquecimiento enorme de una minoría pequeña a costa de una mayoría. Las laderas de las montañas y los acantilados están siendo invadidas por un cáncer de viviendas impersonales, no por necesidad, sino porque proporcionan unos importantes beneficios para el constructor y el promotor, así como para el arquitecto y el abogado.
Durante los últimos veinte años aproximadamente ha habido una creciente tendencia por parte de los turistas en adquirir propiedades en el acogedor clima del Mediterráneo español. Es el lugar perfecto para empezar una nueva vida o para pasar sus años de jubilación. Los españoles también han pasado a establecer sus residencias en las zonas rurales, dejando las ciudades como lugares exclusivos para trabajar. Las nuevas leyes sobre el territorio acompañan esta tendencia pretendiendo proporcionar un proceso de desarrollo sensato. Ha habido una mina de oro económica sin precedentes en la industria de la construcción cuando la propiedad rural ha sido urbanizada
Muchos decidieron comprar sus propiedades en pequeñas comunidades rurales; comprando viviendas rurales viejas restaurándolas ellos, viviendas que fueron adquiridas perfecta y legalmente y legítimamente. Los derechos de propiedad una vez han sido adquiridos legalmente deben permanecer normalmente, excepto en el caso del interés público justificado y apropiadamente definido cuando la compensación correcta deba ser proveída. Sin embargo los edificios construidos y renovados sobre región rural son precisamente aquellos que son los más vulnerable al tipo de complejos habitacionales generados por las nuevas leyes de vivienda de España que han creado las situaciones donde una casa no puede ser no más sólida que un castillo hecho de la arena.
Como se ha mencionado anteriormente, los propietarios legítimos se han convertido en las víctimas de leyes como el LRAU y ahora el LUV en Valencia, que les obligan a que den el 10% de su terreno sin recibir una compensación aparentemente, y luego crean un cargo financiero arbitrario de ser pagado en efectivo para la nueva infraestructura sin la consulta de aquellos que poseen el terreno.
Los residentes de pueblo de repente se tienen que adaptar a que el tamaño y la población de su comunidad rural se vea multiplicada, como resultado de las de ambiciones de sus alcaldes, sin recibir por dichas molestias ninguna compensación, beneficio que en cambio si recibirán los promotores. El impacto medio ambiental, la disponibilidad del agua y suministro de energía, no son más que consideraciones secundarias y sin importancia para aquellos nunca tendrán que vivir en el desarrollo urbano que ellos mismos crean.
Además, otro fenómeno inquietante ha surgido cuando los ciudadanos, cada vez más europeos, compran la propiedad de buena fe sólo para aprender que, habiendo pagado a sus abogados, a sus agentes inmobiliarios y a sus constructores, sin contar con los impuestos que pagan, sus casas son consideradas ilegales, convirtiéndose ellos en las víctimas de los despiadado Ayuntamientos que, a sabiendas, aprueban la nueva construcción en terrenos que habían sido previamente certificados para tal objetivo.
El ciudadano se convierte en el culpable, las autoridades municipales un intermediario pasivo, el gobierno regional no tiene ninguna responsabilidad y las autoridades nacionales afirman que ellos no pueden interferir a pesar de las obligaciones del Tratado y de la ley de la Unión Europea.
Esta es la Europa de libertad de movimiento, de libertad de bienes y servicios, de libertad de explotar impunemente.
Peticiones.
Las primeras peticiones surgieron a principios de 2003, de manos de un grupo de acción de ciudadanos valencianos formado por víctimas de estos abusos urbanísticos. Fueron las más apoyadas, con más de 15.000 firmas. La plataforma de víctimas se llamó, ¡Abusos Urbanísticos No! (AUN). Otras muchas fueron también presentadas por asociaciones de comunidades locales, que en ocasiones representaban a un grupo de expatriados alemanes, ingleses, y un largo etc. Otras en cambio fueron presentadas por los propios españoles.
La llegada de más y más nuevas peticiones hizo imposible la tarea de registrar cada una de ellas individualmente, por lo que se fueron incluyendo todas dentro de la petición de AUN. Sin duda esto fue un error, cometido debido al enorme volumen de quejas que recibían.
No han dejado de aparecer noticias en los medios de comunicación a cerca del abuso relacionados con la tierra. Y cada vez los periodistas disponen de información de mayor calidad para argumentar sus textos.
El Comité de Peticiones, al abordar esta materia, se percató de que sus responsabilidades estaban limitadas debido al Tratado, y que eran las Comunidades Autónomas españolas y las autoridades nacionales del país, las que tenían la obligación y el deber político y legal de corregir y solucionar este abuso, si era necesario incluso a través de los tribunales. Sin embargo, y desgraciadamente, tres años después de que las primeras peticiones fueran recibidas, muy poco ha cambiado desde entonces. A pesar de las promesas y las nuevas leyes que se han creado, la situación es incluyo peor que entonces. Muchas miles de las personas que han comprado su vivienda, de buena fe, en distintas partes de España viven con la espada de Damocles suspendido sobre sus casas y sus derechos.
Tras una primera visita de investigación en 2004, se elaboró un informe, el cual incluía varias recomendaciones, que fue aprobado por la Comisión de Peticiones. Después de una segunda visita en 2005, el Comité preparó otro informe que fue presentado por el ponente Mme Janelly Fourtou, ante el pleno en diciembre de 2005. La resolución adjunta fue aprobada por 550 miembros contra 45, con tan sólo 25 abstenciones. Se esperaba que tuviera un impacto positivo en aquellos que tomaban las decisiones en España, pero un cambio de gobierno en Madrid condujo a una revisión de la ley de ordenación urbana.
El Comité de Peticiones ha continuado luchando por los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, cuyas propiedades han sido violadas. Además, el Comité tenía serios indicios para creer que la legislación europea específica para la cual el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo tienen la competencia, no estaba siendo respetada por el Gobierno valenciano y las autoridades españolas. La Comisión europea estuvo de acuerdo con esta evaluación en relación con las Directivas de la Unión Europea en materia de procedimiento público, por el cual el artículo infringido 226 fue aprobado.
Parece muy probable, después de las investigaciones de Comité, que otras Directivas tampoco están siendo respetadas, en lo que respecta a grandes proyectos urbanísticos. Estos incluyen: las Directivas de Impacto Ambientales, la Directiva de Marco de Agua, la Directiva de Aguas residuales, la Directiva de Ecosistemas, y la Directiva de Aves y en muchos casos también la Directiva de Blanqueo de Dinero.
El Parlamento Europeo tienen la obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos donde quiera que éstos deseen vivir, pero son las autoridades locales y regionales las que tiene que velar por encontrar una solución a las preocupaciones de los ciudadanos.
Las recomendaciones del parlamento hasta ahora.
Como se ha mencionado anteriormente, muchas de las recomendaciones fueron hechas por el Comité de Peticiones en julio de 2004, tras la primera visita de investigación. Después de una crítica evaluación de la situación, el Comité quiso explorar medios más serios de reparación y compensación para las víctimas valencianas, así como para sancionar los abusos realizados por parte de las autoridades regionales y municipales.
Fue el Parlamento Europeo, cuya función era “respetar los derechos y las obligaciones de la ciudadanía de la Unión Europea”, los únicos en votar las recomendaciones que han sido hasta ahora establecidas sobre la base de un mandato institucional. Entre estas recomendaciones se encuentran las siguientes:
ß Las futuras regulaciones respetan los derechos de los dueños de propiedad y los proyectos de desarrollo urbanístico que muestren un respeto por el desarrollo sostenible, el medio ambiente, y la ecología, ya que éstas son políticas fundamentales de la Unión Europea.
ß La inclusión en la nueva ley de una definición clara de “interés público”, para no dar lugar a confusiones y para prevenir de que la promoción se realice por intereses privados, más que públicos.
ß El establecimiento de criterios obligatorios para el cálculo de la compensación, en casos de daños o pérdidas, sobre la base de estándares y principios reconocidos por la jurisprudencia del ECJ y el ECHR.
ß Las medidas para asegurar que cada propietario de terrenos, preocupado por cualquier plan de desarrollo, sea informado individualmente con eficacia y a debido tiempo de cualquier plan o cualquier aspecto que pueda afectar a su propiedad y derechos fundamentales.
ß Las oficinas de reclamaciones deberían ser establecidas bajo la responsabilidad de las autoridades locales y del Gobierno de la Comunidad Valenciana.
Mientras tanto, el urbanismo ha continuado sin disminuir nada, apareciendo gran número de nuevos proyectos urbanísticos, realizados con celeridad para aprovechar la vieja ley, antes de que entre en vigencia la nueva ley (ley que entrará en vigor en febrero de 2006). Durante este tiempo, las quejas han seguido llegando al Parlamento desde distintos puntos de la geografía española.
Gran número de casos han llegado a los tribunales pero permanecen sin abrir, según la publicación digital de Noticias de Valencia.
Habiendo considerado el problema en varias ocasiones en 2006, y en particular después de reunión del Comité el 28 de noviembre de 2006 donde los solicitantes y las autoridades valencianas estaban presentes, se propuso una nueva visita de investigación. Una carta al presidente del Parlamento Europeo que busca la autorización para realizar la visita el 22 de diciembre.
La visita de investigación 2007.
Ante las tentativas de retrasar la visita y los ataques a la integridad de los miembros de la delegación, que ocurrieron desde dentro y fuera del Parlamento, la Oficina tomó una decisión para aprobar la misión de visitar Valencia, Madrid y Andalucía el 12 de febrero. Se concretaron para tal efecto visitas durante las fechas del 27 de febrero al 3 de marzo.
Habiendo recibido también peticiones de Madrid y Andalucía, estas regiones autónomas también fueron incluidas en la misión a fin de proveer, además de una evaluación de peticiones, una perspectiva distinta de la aplicación de la ley urbana en una comunidad distinta a la valenciana.
Habiendo conocido a algunos de los representantes diplomáticos de la Unión Europea en Madrid, la delegación viajó a Almería, en Andalucía.
La delegación se arrepintió que la reunión no se hubiera realizado antes, ya que las peticiones se enviaron con bastante antelación a los representantes de España en el Parlamento Europeo de Bruselas. Los motivos dados para argumentar la respuesta negativa, no parecieron demasiado creíbles dadas las circunstancias de la visita y los objetivos del equipo de investigación.
Andalucía.
Aunque el día de la visita coincidiera con el Día de Andalucía, los representantes del gobierno regional en la Provincia de Almería se reunieron durante dos horas con los delegados del Comité de Peticiones para hablar de las leyes de urbanismo en Andalucía y su aplicación en las distintas provincias.
Las autoridades informaron a los delegados sobre sus objetivos de un desarrollo ordenado, sostenible y planeado del territorio. Pero admitieron y reconocieron que varias autoridades municipales habían actuado incorrectamente y en algunos casos, como en Málaga, habían actuado ilegalmente, pero que el alcalde y varios de sus concejales habían sido detenidos. Declararon que la construcción ilegal no disponía de los servicios mínimos de agua, electricidad y recogida de basura, reconociendo que las enormes sumas de dinero se habían obtenido a costa de tales prácticas ilegales.
Los representantes del gobierno regional afirmaron que, materia de aplicación de las leyes urbanísticas, las autoridades municipales tenían un elevado nivel de autonomía, pero que estaban obligadas a actuar dentro de ciertas pautas, en cuanto al tamaño y el grado del desarrollo, (desarrollo sostenible que reiteraron era la primera prioridad de la planificación de uso de tierra).
Ellos también indicaron que no todas las autoridades locales consultaban al técnico urbanístico y que las reglas de Valencia no eran aplicables a Andalucía. Afirmaron también que un grupo de promotores locales podría haber combinado sus recursos para desarrollar conjuntamente el terreno, en lugar de hacerlo individualmente.
Cuando las autoridades locales decidieron que el desarrollo era necesario para el público en general, se contrató al constructor que hace su oferta la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, según la ley andaluza.
La información relacionada con proyectos urbanísticos fue publicada y los promotores afectados fueron informados, así como los notarios y registradores ya que fueron los que legitimaron la obra.
La recalificación del terreno de rural urbanizable, implica que el dueño de la tierra tiene que ceder el 10% del terreno a las autoridades locales para la utilidad pública y que el promotor debe pagar una proporción del coste de los nuevos servicios.
Durante la reunión mantenida, las autoridades afirmaron que el interés público debe ser definido según las necesidades específicas de cada desarrollo que tiene en cuenta coacciones ambientales, económicas y sociales de cada comunidad implicada.
Los delegados del Comité de Peticiones, fueron informados que todos los proyectos debían ser notificados al Gobierno Regional para su aprobación final y que los proyectos podían ser desechados si consideran que no cumplían con los principios de la ley regional. Los ciudadanos son capaces de apelar contra la planificación de decisiones a las autoridades regionales y una Corporación de inspectores ha sido establecida para investigar la realización de proyectos urbanísticos. La cabeza del Servicio de Investigación estaba presente para la discusión del mismo. Las prescripciones han sido impuestas a proyectos de urbanización que no han cumplido con los criterios de conservación y de desarrollo sostenible.
Existen cinco casos disciplinarios contra autoridades locales por actividades urbanísticas ilegales.
Sin embargo, era aparente que a pesar de las salvaguardas, los abusos han ocurrido. Dos en particular eran los de mayor interés para los delegados del Comité: la situación en Ronda, y en Albox y el valle de Almanzora. En el segundo caso, existió un tácito entre constructores y las autoridades locales que llevó a la construcción de varios cientos de casas ilegales que fueron compradas sobre todo por expatriados, por agentes inmobiliarios certificados y abogados, de buena fe. Muchos de ellos están ahora bajo la amenaza de demolición. El Alcalde está bajo investigación.
La delegación fue informada por las autoridades regionales que el estado ilegal se aplica sólo a la vivienda y no a la tierra en la cual está construida. Una casa ilegalmente construida puede ser demolida y la tierra repoblada hasta alcanzar su estado original. (Una comparación desafortunada se realizó entre la compra de una casa ilegal y la compra de un coche ilegal, que la ley confisca.) Afirmaron que, nadie que compre una casa ilegal de buena fe, puede emprender acciones legales en contra del vendedor, ya que dicho procedimiento le podría llevar años y podría ser demasiado costoso.
Sin embargo, parece claro que aquellos que han comprado casas ilegales de buena fe, sin saberlo (porque han sido engañados o víctimas de un fraude) según el gobierno regional, no son tantas como aquellos que son responsables de lo sucedido.
Tampoco puede afirmarse que la culpa o responsabilidad se le debe exigir a las autoridades locales, a los constructores que se han beneficiado con la construcción, y las autoridades regionales que eran ignorantes de lo que pasaba o que decidieron no actuar para prevenir tal acontecimiento. No hay, en resumen, ningún procedimiento aparente, fuera de los tribunales, para resolver el problema.
Es cierto que ambos casos de construcciones ilegales son completamente diferentes, a pesar de que ambas construcciones se realizaran sobre zonas prohibidas, bien zonas especiales de conservación o llanuras sujetas a inundaciones designadas.
Para evitar la demolición, el propietario está obligado a conseguir una rectificación del estado de la tierra o los permisos de edificación pueden ser una posibilidad que conservará su propiedad.
Tomando uno u otro camino y considerando la gravedad del asunto, debería existir algún tipo de tribunal administrativo que se dedicara a resolver tales asuntos, ya que en dicho problema están implicados todos los partidos. Sería una forma de aliviar de tal carga a las víctimas inocentes de esta situación. Lo que es evidente es que los residentes de las viviendas ilegales de Albox no recibieron el consejo apropiado por parte de las autoridades locales, topógrafos o abogados.
La Comunidad Valenciana.
Es justificable que una delegación del Comité de Peticiones fuera nuevamente enviada a Valencia por tercera vez. No sólo hay un procedimiento de infracción todavía en curso acerca de la Directiva en la Consecución Pública, sino también que una serie de nuevas peticiones han demostrado que las autoridades han dejado de respetar los derechos individuales y en lo que al agua y al medio ambiente respecta.
Durante la visita dieron a la delegación documentos acerca de casi sesenta nuevas acusaciones del abuso de ley del territorio.
Las diferencias existentes entre la reunión mantenida con el ministro del Gobierno Valenciano responsable, Esteban Gonzalez Pons, y las reuniones que ocurrieron en varias ciudades y pueblos con los ciudadanos afectados, fueron aclaradas.
También hubo un aumento del número de casos que han sido iniciados, investigando a magistrados contra la corrupción urbanística. La delegación visitó, en este sentido, Orihuela, Catral y el distrito Torrevieja. El alcalde de Catral proporcionó a la delegación algunos documentos informativos, mientras que sus miembros atendían las quejas de los solicitantes.
En el octubre de 2006 las Autoridades Regionales destituyeron al alcalde de Catral de sus poderes, a consecuencia del edificio de 1270 viviendas ilegales construido al lado del parque natural de El Hondo. Las medidas tomadas parecieron ser insuficientes ya que la construcción de las viviendas seguía adelante, a pesar de su prohibición. Los constructores siguen trabajando y las casas estaban siendo anunciadas en el Reino Unido.
En San Miguel de Salinas la delegación encontró que aproximadamente unos cien vecinos de la localidad habían presentado sus quejas como consecuencia de la destrucción que estaba sufriendo su entorno, la carencia de los servicios básicos y la contaminación de su abastecimiento de agua, mencionando que las autoridades no habían hecho nada para solucionarlo desde las primeras quejas que se remontaban dos años atrás. Un residente alemán se quejó de una tubería de amianto vieja y rota que estaba todavía en uso, y la contaminación de sulfato de cobre encontrada en el agua potable y una planta de tratamiento de agua que estaba infectada de ratas además de rota.
En Orihuela, la delegación fue obsequiada con de naranjas locales, limones y mosto de uva, que resultaba ser el ultimo producido en el área alrededor de Los Almendros (1129/2003) justo antes de que los grupos promotores tomaran la zona. Cada propietario de la zona esta siendo obligado a ceder el 60% de su tierra, según los solicitantes, y las construcciones procederán en un área previamente designada como parque natural. Según otros vecinos no había ningún concurso público para los trabajos de urbanización de esta zona.
También en esta área, un nuevo grupo de ciudadanos llamado Claro, se presento a la delegación y entregó una nueva petición alegando que los derechos de ciudadanos europeos para votar en las elecciones locales habían sido violados por las autoridades. De 18,000 solicitudes de voto enviados a residentes de la Unión Europea no españoles en el mes septiembre, 11,000 habían sido devueltos en diciembre. Ellos afirmaron que las dos terceras partes de formularios de inscripción de los votos no habían sido entregadas debido a problemas con el servicio de correos.
La reunión que fue organizada con el Mediador Regional, Sra Emilia Caballero, los miembros autorizados de la delegación querían recibir la confirmación sobre muchos de los problemas afrontados por comunidades locales cuando ellos se opusieron a los proyectos de urbanización regionales. Ella expresó sus preocupaciones particulares por la carencia del alojamiento social en la gran mayoría de los desarrollos urbanísticos, que la condujo a preguntarse si las autoridades son capaces de definir por si mismas lo que es de interés público. Ella fue también muy crítica con la falta de participación ciudadana en las decisiones tomadas por ayuntamientos locales en muchas áreas.
Viajando hacia el norte de Alicante, a la delegación le resultó complicado encontrar a los residentes de Tibi y Aljibe con lo que se había reunido, situación triste para los pueblos, ya que lo habían preparado todo para recibir a la delegación, con la finalidad de añadir peso con sus quejas en contra de la amenaza de urbanismo que iba a destruir su comunidad local. La delegación recibió la extensa documentación que actualizaba los informes de los que disponía el Comité, ya que éstos eran de 2005.
En Parcent, la delegación fue recibida con una calurosa bienvenida por todo el pueblo, y una procesión improvisada siguió a los miembros al lugar donde la reunión había sido preparada. Los vecinos mostraron sus temores ante una inminente urbanización de la ladera de la montaña de los espacios rurales que rodeaban el pueblo. El presidente de la asociación de residentes local de El Repla -, donde 1496 nuevas casas iban a ser construidas, describió “el efecto catastrófico de construir miles de casas de veraneo no deseadas, millones de metros cuadrados del precioso campo iban a ser devastados. Todo esto había sido planeado sin el estudio de impacto social o ambiental más básico y sin un informe científico apropiado a cerca de la suficiencia de recursos de agua.” Los residentes se quejaron que ninguno de los afectados había recibido aún una carta oficial o el aviso del Ayuntamiento que le explicara los impactos que tal proyecto podía tener. Los proyectos fueron realizados rápidamente los últimos días de vigencia del antiguo LRAU, el 30 de enero de 2006.
En Parcent, tres sectores del terreno habían sido planeados como suelo urbanizable, conteniendo todos ellos discrepancias y problemas los suficientemente serios para ser llevados a los tribunales, el cual muy probablemente los habría detenido. El más serio de todos era por el momento el de El Repla. Pero más allá de este está se había construido una pequeña ciudad, cuya población de 900 habitantes quería aceptar y entender la necesidad de un plan de desarrollo sostenible que planeaba viviendas para 10.000 habitantes en la próxima década.
En efecto, en la reunión que la delegación tuvo con el alcalde en el ayuntamiento, se presentaron los proyectos. Uno de los constructores era el hermano del concejal de Urbanismo. Durante los años anteriores, la mayor parte de la tierra rural del valle había sido comprada en grandes cantidades por los constructores, que obtuvieron una gran ganancia con la recalificación del terreno, a pesar de la las 150 familias que vivían en las laderas tuvieron que acarrear con los problemas que la materialización del proyecto suponía.
En el pueblo, las emociones estaban a flor de piel. Los hombres más viejos que habían vivido toda su vida en esas tierras hablaban sobre el miedo de perder sus tierras. La delegación fue escoltada bajo una multitud de paraguas a lo largo de las estrechas calles del pueblo, hasta el autobús.
En una reunión publica organizada en Benissa, en un pasillo cerrado la delegación tuvo noticias de la gente de varias ciudades y pueblos quiénes eran contrarios a los proyectos de urbanizacion. Ellos incluyeron Tormos, Altea, Villajoiosa, Mutxamel, Alfaz, Val de Lagaurt, Tibi, Rabassa, Denia, Javea, Orxeta, Liber – Collado el-, Orba y Gata de Gorgos. La naturaleza de las quejas era similar y relacionada con la carencia del agua, ninguna evaluación de impacto ambiental, problemas relacionados con la elección de los promotores y las acusaciones de corrupción, contribuciones excesivas y gastos arbitrarios para la nueva infraestructura, la carencia de información, problemas con declaraciones publicas, ningún alojamiento social y poca o ninguna compensación en la pérdida de la tierra legítimamente comprada. El Alcalde de Benissa habló para decir que él era una víctima, no de las leyes de la tierra, pero de acusaciones que habían sido malinterpretadas por sus autoridades en la aprobación de la construcción de su propia casa de campo que no cumplía con lo planificado según la ley vigente.
La reunión con el ministro Valenciano de Contrucción, Esteban Gonzalez Pons resulto difícil de organizar, y solo fue concretado después de la visita de su Jefe de Gabinete a Bruselas el 26 de febrero. Declaraciones hechas en ruedas de prensa celebradas antes de la reunión con el ministro, por dos MEPs y por representantes de la comunidad empresarial tornaron en continuos ataques a la delegación además de a cada uno de sus miembros.
En el último momento el escenario de la reunión cambió, y la cita con la comunidad comercial, la cual se había acordado por separado, se decidió realizar conjuntamente, invitándolos a la reunión con el ministro Éste estuvo rodeado por ambos lados de promotores, constructores, agentes inmobiliarios, agentes de viajes… criticando todos la visita y defendiendo las leyes valencianas de urbanismo así como las actividades de la industria de la construcción.
Se comentó que cada visita de la delegación había costado a la comunidad valenciana, que tras la organización habían intereses escondidos, y que las peticiones recibidas eran falsas o un mero invento de las delegaciones.
La delegación explicó las preocupaciones del Comité de Peticiones y la esperanza que tenían en que los problemas podrían haberse resuelto con la ayuda y cooperación de las autoridades locales. Esto se enfocó únicamente al problema de las viviendas ilegales, sin referirse al tema de medio ambiente.
El ministro rechazó reconocer que existían problemas urbanísticos, afirmando que en que el caso de que los hubiese deberían resolverse en los tribunales. El único caso específico al que se refirió fue el problema de viviendas ilegal en Catral, que la delegación había visitado.
Los representantes de la comunidad comercial eran también bruscamente críticos con la visita, pero sin embargo dieron la bienvenida a la oportunidad de encontrarse con la delegación. Se explicó que la industria de la construcción contaba con el 25% del PIB de la región, y que proporcionaba gran mucho empleo y que cualquier disminución del negocio conduciría a más paro. El representante de la Federación de Bienes Inmuebles sugirió que un comité experto podía ser establecido hasta que se analizaras las quejas.
Después de esta reunión los miembros de la delegación viajaron a la Provincia de Castellón para reunirse con las comunidades locales que también habían presentado sus quejas.
La primera parada estaba en Mestrets.
Es un pequeño pueblo costera donde 42 casas, habitadas permanente, deben hacerle hueco a un proyecto de 6000 viviendas. Los residentes, muchos de los cuales han vivido allí toda su vida, van a tener ahora que afrontar los gastos de esta nueva urbanización, y la mayoría de ellos perderán sus casas. Los habitantes del barrio exigieron la compensación apropiada por sus propiedades y el derecho de ser realojado en circunstancias similares. Pero no fue así, y a cambio de sus terrenos les ofrecieron un pequeño peso dentro de un bloque de viviendas.
No habían recibido ninguna respuesta de las autoridades regionales Valencianas y sólo el sindicato había respondido apoyando sus preocupaciones.
Tras esta visita la delegación viajó a Cabanes y Marina d,Or, urbanizaciones que consistían en una línea de 10 bloques de edificios en primera línea de la playa Torre la Sal. Los solicitantes afirman que la población corriente de menos de 3000 será convertirá en 125000 durante la temporada de vacaciones. 24000 casas van a ser construidas, junto con tres campos de golf y un parque temático, que se llamará Mundo Ilusión. Los apartamentos están en una reserva natural que contiene una especie protegida de ave (aguilucho cenizo) y no hubo ninguna aprobación acerca de la provisión garantizada del agua para el complejo urbano. Sólo una planta desalinizadora está planeada dentro del complejo, la cual requerirá de la financiación de la Unión Europea.
En la reunión pública de Valencia, el presidente de AUN les presentó a los miembros de la delegación, a los representantes de varias asociaciones locales, para discutir todos juntos el polémico tema. Varias nuevas peticiones fueron presentadas a la delegación. Los ejemplos siguientes son indicativos de los problemas encontrados. En Benicalp muchas familias están siendo desplazadas debido a una nueva división del terreno, que está siendo hecha a beneficio del Club de Fútbol de Valencia. En Mestrella, la comunidad está bajo la amenaza de un nuevo proyecto de desarrollo urbano, donde, las ventajas sólo irán para los constructores y promotores, mientras que se obliga a la gente a abandonar sus casas y las tierras que de siempre han sido de sus familias.
En Peñíscola, en el área costera del norte de la región Valencian, 3000 nuevas viviendas son planeadas en un área que es designada como un parque nacional. Los residentes locales han intentado llevar el caso a los tribunales, pero, después de dos años y medio no hay perspectivas de que las autoridades levanten audiencia del caso. No hubo ninguna evaluación sobre el impacto ambiental y las autoridades no están preocupadas por el hecho que esta área ha sido designada como parte de Natura 2000, una zona especialmente protegida por su valor medioambiental. .
Otras quejas fueron recibidas de Alboraia, Picassent, Villalonga, Alboraya, Albalat, el Hosptal de Virgen del Consuelo de Valencia (donde los residentes locales estan expuestos a emisiones tóxicas de bombas de cobalto y helio radiactivo; la tierra pública dada a una sociedad anónima modificó el permiso de planificación sin cualquier consideración a la comunidad local), y Albufera. Muchas personas vinieron a la reunión para expresar su frustración que ellos no estaban siendo totalmente ignorados por autoridades locales que escucharon sólo a las sirenas de constructores y promotores.
De las 540 municipalidades que componen la Comunidad Valenciana, aproximadamente el 15 – el 20 por ciento, concentrado esencialmente en el interior costero, han experimentado problemas serios que resultados de la excesiva urbanización de sus parajes, muchas de estas actuaciones implicadas en posibles episodios de corrupción producidos años anteriores. Pocas autoridades municipales han considerado los procedimientos y repercusiones asociados a este proceso de urbanización, y la activa participación de la comunidad local ha pasado inadvertida como por ejemplo en Xabia.
Parecería por lo tanto, que las debilidades en las leyes de urbanismo, eran las que facilitaban que los terreros fueran fáciles de explotar. Las autoridades locales son las que tienen que velar por los derechos de los pequeños propietarios, y ser las responsables de evitar los desastres medioambientales que los proyectos urbanísticos causan.
Los derechos fundamentales de ciudadanos europeos sobre su propiedad no son reconocidos del mismo modo aquí como en otros países europeos y es evidente que hay un nivel del abuso persistente del terreno.
La región de Madrid.
La Comunidad de Madrid no ha sido inmune del desarrollo urbano, al contrario, el éxito de la economía española en los últimos veinte años ha atraído un influjo masivo de población desde distintos países, no sólo europeos. El crecimiento de la riqueza también ha creado un sector importante de la población urbana que procura comprar segundas casas lejos del ruido de la ciudad, como en las laderas de la Sierra de Guadarrama.
Los promotores han sido rápidos para aprovechar las oportunidades que esta situación ha creado y se ha obligado que ayuntamientos tengan que crear Planes Generales de Ordenación Urbana para planear el desarrollo en las próximas décadas. Tal desarrollo ha traído con ellos, como en otras partes de España, las acusaciones de las prácticas injustas y corruptas.
El Comité de Peticiones ha recibido quejas de varias localidades al norte de Madrid y, en el tiempo disponible, la delegación pudo visitar Torrelodones y Galapagar, dejando sin visitar Rascafria, pero llevándose la documentación e informes urbanísticos sobre el municipio, ya que es un área especialmente protegida conforme a la Directiva de Aves.
La delegación mantuvo una reunión con el ministro responsable de urbanismo de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. Sin embargo, el cambio de impresiones fue bastante superficial, pero útil ya que permitió realmente que la delegación aprendiera más sobre prioridades y procedimientos en cuanto al ambiente y los derechos de los propietarios, en esta comunidad autónoma. En cuanto a los dos municipios que la delegación iba a visitar, el ministro informó que el proyecto para Torrelodones había sido retirado de momento y el de Galapagar todavía no había sido aprobado. También informó que se había compensado económicamente a todos los propietarios.
A la llegada a Galapagar, la delegación se reunió con el alcalde y varios de miembros del Ayuntamiento. Las preocupaciones de la delegación estaban basadas en las quejas recibidas en cuanto a los programas de desarrollo urbanísticos planeados en esa zona. Las quejas giraban principalmente en torno a la orilla del río Guadarrama y al problema de tratamiento de aguas residuales. El Alcalde dio una explicación detallada del proyecto e identificó todas las áreas claves en un mapa, antes de perfilar las etapas principales del procedimiento que conduce a la aprobación del plan general. Él dijo que el plan esperaba ahora la aprobación final de Madrid.
Dijo que las autoridades locales habían actuar (si el proyecto era aprobado) sin la ayuda de un promotor, ya que lo consideraban innecesario. Afirmó que el foco de atención se había centrado en el posible impacto medioambiental y que se habían realizados 16 informes sectoriales para medir el impacto en el parque regional de Manzanares y la ladera de la Sierra de Guadarrama.
Para una población de aproximadamente 33,000 el alcalde consideró que la proporción de quejas no era excesiva. Por parte comentó el informe hidrográfico y el proyectos de construcción de una estación y de cables de alta tensión, afirmando que no era una responsabilidad del municipio.
Se le informó a la delegación que casi todo Galapagar era zona protegida, pero en cambio existe un proyecto de construcción de 6900 viviendas, a lo cual el alcalde explicó que era un desarrollo controlado y sostenible, ya que no era un número exagerado en relación con la población existente. La delegación estuvo satisfecha por las explicaciones dadas.
La visita a Torreledones fue la más útil e informativa de todas, a pesar de que era un proyecto de urbanización de menor impacto. La propuesta era crear un campo de golf y aproximadamente 1500 nuevas.
En la última reunión realizada en Galapagar, se compararon las explicaciones dadas por el alcalde con los sentimientos expresados por la comunidad local. Dieciocho declaraciones fueron hechas, incluyendo entre ellas algunos comentarios sobre el desarrollo urbanístico en zonas como El Escorial. El foco principal de la preocupación era la envergadura del proyecto y su posible impacto medioambiental, ya que se encontraba en parques naturales con especies en peligro de extinción.
Conclusiones.
La aplicación de las leyes de urbanismo han resultado ser problemáticas en algunas de las Comunidades Autónomas. Las presiones para realizar proyectos de desarrollo urbanístico, están promovidas principalmente por la comunidad comercial, ya que son las que más se lucran con estas actividades.
Los residentes locales, español o no, son los principales afectados en tales proyectos urbanísticos, e inevitablemente son los que más tienen que perder. El algunos casos se arriesgan a perderlo todo, principalmente los residentes de la Comunidad Valenciana.. Fue en esta región donde la delegación del Comité de Peticiones se encontró con la mayor arrogancia y las menos explicaciones a cerca de la explotación urbanística de gran número de parques naturales y zonas protegidas. Por otra parte, es la región de donde proceden la mayoría de las quejas. Esto no quiere decir que no existan problemas en otras comunidades.
La solución al problema de excesivo urbanismo, podría solucionarse con la colaboración de las autoridades locales y las asambleas regionales. El gobierno nacional tiene que desempeñar el papel de asegurar el cumplimiento del Tratado y la legislación de la Unión Europea, en asuntos como derechos fundamentales. La Constitución española tampoco ha sido probada en relación a la explotación urbanística que tantas víctimas ha creado. La única tentativa, de un importante abogado valenciano, de llevar el caso al Tribunal Constitucional, en una materia procesal.
No fue mucho antes, cuando el tema llegó a la Corte Europea de Justicia, cuya decisión fue en contra de España y de las Autoridades Locales, ya que se las consideró las responsables de los problemas causados a las víctimas.
El Comité de Peticiones continúa decidido a cumplir con sus responsabilidades haciendo cumplir el Tratado, para defender al ciudadano europeo y darle su firme apoyo. Existe sin duda una carencia en el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, en materia de defensa de sus propiedades. El Parlamento Europeo y las demás instituciones de Unión Europea tienen una obligación clara de asegurar a los ciudadanos que nadie viole sus derechos fundamentales. Es de interés general que esto suceda lo antes posible.
Viñeta http://www.noincineraciontenerife.com/album/images_noticias/vi%F1etas/imperio.gif
Foto Michael Cashman https://torreviejadigital.blogia.com/upload/externo-0a7da4d09bbf6623a39da7bf61abe823.jpg
6 comentarios
Juanma -
carlos -
Carlota -
http://alicanteconfidencial.blogspot.com/2007/03/iu-revela-el-enriquecimiento-de.html
Miriam -
Los ayuntamientos locales han hecho qwue la avaricia rompa el saco y ahora muchos europeos temen comprar pensando que aqui las viviendas en la costa son en su mayoría ilegales y que dañan gravemente al ecosistema.
Incluso piensan que pueden perder estas viviendas si se ordena demolerlas para respetar el medio. Este informe será en una bomba en la opinión pública europea.
Duende -
Si el gobierno no es capaz de paralizar el urbanismo insostenible y el enriquecimiento avaricioso de unos pocos alcaldes y promotores, me temo que España se verá perjudicada en futuros acuerdos europeos, y quizás sancionada.
Saludos Jorge!!
Jorge -