CSI·F manifiesta que la Conselleria de Bienestar Social restringe el derecho al voto de sus trabajadores

El sindicato CSI•F quiere denunciar a través de la presidenta provincial del Sector de Administración Autonómica en Alicante, Mª Carmen Navarro, que la Conselleria de Bienestar Social en Alicante "se ha propuesto dificultar el derecho constitucional de los trabajadores a elegir a sus representantes en las próximas elecciones al Comité de Empresa del personal laboral de esta conselleria, donde han de votar algo más de 400 personas."

Según el sindicato, para ello "la Conselleria ha tomado la determinación de eliminar las mesas electorales que en anteriores procesos se ubicaban en las localidades de Torrevieja y Alcoy, argumentando que el número de trabajadores con derecho a voto se ha reducido considerablemente en las mismas". Tal afirmación es absolutamente incierta, ya que el número de trabajadores censados en Torrevieja en el último proceso electoral celebrado en marzo del 2007 era de 82 personas, estando el actual censo en 79. Idéntica situación se produce en los censos de la ciudad de Alcoy, donde en el anterior proceso figuraban 108 trabajadores y en el actual constan 105. Los datos referidos al próximo proceso han sido facilitados por el Servicio de Relaciones Sindicales de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas a fecha 29 de octubre de 2010, sin que se hayan producido amortizaciones de puestos desde entonces.

Con sus argumentos, la Conselleria ha optado por dejar exclusivamente una única mesa electoral en la ciudad de Alicante, a la que habrán de acudir obligatoriamente todos aquellos trabajadores que deseen participar en este proceso electoral emitiendo su voto personalmente. Todos ellos deberán desplazarse desde cualquier punto de la provincia donde esté ubicado su centro de trabajo si quieren ejercer el derecho que la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores, Reales Decretos y otras normas de rango inferior les confieren.

No obstante lo anterior, CSIF está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para facilitar el derecho al voto directo de estos trabajadores y facilitarles el desplazamiento si la Administración no reconduce la situación por cauces lógicos y legales.

“El gobierno recorta nuestros salarios y la Conselleria nuestros derechos”, ha manifestado Mª Carmen Navarro.