Los Verdes llevarán a la Fiscalía Anticorrupción el «cumpleaños» del alcalde de Torrevieja
Los popPulares en éxtasis cuando Mateo dirigió al coro actuante de concejales junto a Camps cantando habaneras, entre ellas “El Ppirata”
El grupo municipal de Los Verdes (LV) presentó ayer una solicitud en el Ayuntamiento para que se le faciliten los datos relativos al importe que le ha podido costar a las arcas municipales la celebración del aniversario del 20 cumpleaños como alcalde de Pedro Ángel Hernández Mateo al frente del Ayuntamiento, acto que definió como "fiesta del alcalde que convierte a la ciudad en la capital del caciquismo en la España del siglo XXI".
Así mismo, se reclama un informe sobre los gastos por la utilización del local público Centro Cultural Virgen del Carmen, regulado a través de una ordenanza de precios públicos; del personal funcionario y de seguridad que participó, además del personal que se ausentó y "dejó de prestar sus servicios municipales para sumarse al evento durante su jornada de trabajo".
LV anunció ayer que se dirigirán al fiscal Anticorrupción para poner estos hechos en su conocimiento, con el fin de que se depuren las responsabilidades.
Para LV no ha sido ninguna sorpresa "el sarao" que se ha montado para el evento, ya que desde hace años "venimos denunciando la constante instrumentalización partidista y electoralista que el PP viene haciendo de los medios y personal municipal", todo ello "sin contar con las actuaciones de enchufismo y de clientelismo que se viene produciendo en la contrataciones".
En este sentido se denuncia "la ingeniería" que practica el PP "en la gestión de los más de 100 millones de euros del presupuesto para ganar voluntades y fidelizar a sus votantes".
LV califica como "bastante inexplicable" la presencia del presidente Camps "en una celebración privada", donde el alcalde y los concejales del PP "han hecho una utilización privada de toda una serie de medios públicos que presumiblemente podría conllevar la comisión de irregularidades y de presuntos delitos de los funcionarios públicos".
El alcalde y varios cargos públicos, se añade, podrían haber incurrido en una desviación de poder por utilizar sus competencias y potestades públicas para fines y objetivos distintos de los señalados por el ordenamiento jurídico, donde "hay indicios racionales sobre que podría haberse cometido un supuesto delito de malversación de fondos públicos, así como un delito en el ejercicio de sus funciones".
Se considera malversación de caudales o efectos públicos su sustracción, o el consentimiento para que ésta se verifique, o su aplicación a usos propios o ajenos por parte de quien los tenga a su cargo.
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