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Izquierda Unida entiende que Hernández Mateo modificando el PGOU para que el propietario legal del viejo cuartel de la Guardia Civil no construyera en él, cometió un abuso de poder.

Izquierda Unida entiende que  Hernández Mateo modificando el PGOU para que el propietario legal del viejo cuartel de la Guardia Civil no construyera en él, cometió un abuso de poder.

García Mañogil dice que la mala gestión de Hernández Mateo sobre el viejo cuartel de la Guardia Civil costará a los torrevejenses pagar una indemnización al actual propietario mayor del que hubiera costado adquirir el inmueble.

El concejal de Izquierda Unida, García Mañogil ha recordado que en septiembre de 2000, la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del Estado (GISE), dependiente del Ministerio del Interior, sacó a subasta pública el antiguo cuartel de la Guardia Civil en Torrevieja. Ante esta subasta, el alcalde Hernández Mateo dijo sentirse “contrariado”, “indignado” y “engañado”, ya que pocos meses antes él mismo, acompañado por el entonces Subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante, Luis Garrido, habían dado por realizada la permuta de este inmueble con la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) a cambio de unos terrenos municipales colindantes al nuevo cuartel de la Benemérita. Sin embargo, y según comunicó el propio Gobierno de la Nación, la DGGC había determinado la subasta “al no haber llegado a ningún tipo de acuerdo con el Ayuntamiento de Torrevieja”.
En octubre del mismo año el Ayuntamiento envió al GISE un borrador del convenio, que había permanecido en sus dependencias un año sin tramitar y que fue rechazado por el GISE al ya encontrarse iniciado el periodo de subasta. Hernández Mateo dijo que hasta el último momento confió en que no se celebraría la subasta y lanzó una amenaza: el futuro comprador “va a malgastar su dinero”, ya que “el Ayuntamiento ha iniciado un expediente urbanístico para catalogar el cuartel como edificio protegido”, “el pueblo quiere para Torrevieja esas instalaciones”.
Izquierda Unida, mediante Moción al Pleno, pidió que se solicitara al Ministerio del Interior la suspensión de la subasta. La Moción fue aprobada por todos los grupos políticos, pero no obtuvo respuesta por parte del Ministerio.
El 23 de ese mismo mes la mercantil TRAVENSA SA, se adjudica la subasta, que tenía un precio de salida de 122.000.000 de pesetas, por un importe de 322.807.967 de pesetas. La mercantil pretendía construir un edificio con 15 viviendas de lujo y bajos comerciales.
Hernández Mateo cumplió su amenaza: el Pleno Ordinario del 29 de diciembre declaraba el viejo cuartel como edificio protegible según la aprobación de modificación 68 del PGOU.
IU se opuso a esta modificación, alegando que si bien siempre habíamos pedido que este edificio debía seguir en poder público en este caso se estaba realizando una modificación ad-hoc del PGOU que castigaba a una empresa en concreto y que eso era abuso de poder. Al mismo tiempo, IU, consideró la obstinación del alcalde como un caro capricho que a la larga nos iba a costar mucho dinero, como ya había ocurrido con la finca “Doña Sinforosa”.
Según apareció recientemente en prensa, el pasado 24 de febrero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) condenaba al Ayuntamiento de Torrevieja a indemnizar a la mercantil TRAVENSA SA por el perjuicio patrimonial ocasionado como consecuencia de la aprobación puntual 68 del PGOU que protegió el antiguo edificio de la Guardia Civil, propiedad de la empresa demandante. El TSJCV considera en su fallo al Ayuntamiento responsable patrimonial por ocasionar “daños y perjuicios” económicos a la mercantil, que valoró la indemnización en su demanda en 2.158.753 euros.

Ante estos hechos, Izquierda Unida opina que:

1- El Gobierno subastó el Cuartel por no llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento.
2- No se llegó a un acuerdo, porque tras un año de que la DGGC presentara al alcalde un Convenio detallado para realizar la operación de compra o permuta éste lo mantuvo en un cajón hasta que la Guardia Civil se cansó de esperar y sacó a subasta pública la venta del edificio.
3- Que la obstinación de Hernández Mateo al modificar el PGOU para que el propietario legal de la finca no construyera en ella, fue un abuso de poder.
4- Que este abuso de poder, ya denunciado por IU en su momento, nos va a costar a todos los torrevejenses una cantidad hoy indeterminada pero que puede superar los 2 millones de euros.
5- Que el Cuartel podía haber sido, en su momento, adquirido por un importe muy inferior al que ahora nos demanda la mercantil propietaria del inmueble, y que tras este pago seguirá siendo propiedad de dicha empresa.
6- Que por suplantar la buena gestión por el “ordeno y mando” se dan estos frutos, una vez más.


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