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El futuro Supercor de Torrevieja deja en suspenso su apertura mientras cierra su local en Bassa El Moro al no cumplir sus expectativas de venta y negocio.

Supercor, la cadena de supermercados filial de El Corte Inglés, cerrará las puertas de su local en el centro comercial Bassa El Moro de Petrer tras la decisión de no renovar su contrato con la empresa Sogestín, gestora del centro, al no haber cumplido con sus expectativas comerciales en los cinco años en que la firma ha permanecido en Petrer, desde la inauguración en 2003 del centro comercial. Supercor cesó en su actividad desde día 1 de enero de 2008, como se viene informando a sus clientes desde hace varios días mediante carteles informativos en el mismo local.

Del mismo modo, el futuro Supercor que tenía previsto abrir sus puertas en Torrevieja, deja en suspenso la fecha de apertura del mismo por motivos financieros y falta de expectativas de negocio en la localidad torrevejense.

Arturo Andreu, jefe de Relaciones Externas de El Corte Inglés, confirmaba ayer que el cierre del establecimiento se debe a que el centro no ha cumplido las expectativas y exigencias comerciales que marca la dirección de la conocida empresa. Andreu manifestó que El Corte Inglés tomó la decisión hace seis meses de no renovar el contrato por cinco años que firmaron con Sogestín, y de esta manera reorganizar la actividad comercial en la zona. Con respecto a los trabajadores que en estos momentos desarrollan su actividad laboral en dicho establecimiento, Andreu señaló que se ha ofrecido a todos la posibilidad de reubicarse en otros centros de la provincia, extremo que han aceptado doce de los quince empleados de la plantilla. Solo tres de ellos han decidido no prorrogar su contrato con la cadena de supermercados. El jefe de Relaciones Externas manifestó que El Corte Inglés no tiene prevista la implantación de ninguna de sus franquicias en la comarca tras el cierre del local situado en Petrer.

La empresa Sogestín fue denunciada por un presunto delito de estafa, la empresa promotora y constructora de las instalaciones , y contra su administrador único, Juan Bernabeu .

Los denunciantes (catorce comercios, las salas de cine, la bolera y el gimnasio) considera que la empresa promotora del centro comercial y de ocio Bassa el Moro, que abrió sus puertas al público a finales de junio de 2003, ha cometido, presuntamente, "graves infracciones urbanísticas" que les han impedido, hasta la fecha, obtener las licencias de apertura y de primera ocupación que debería haberles otorgado el Ayuntamiento. Entre las irregularidades citadas figuran el exceso de volumetría en la edificación, la construcción de una tercera planta para la que no se contaba con permiso, la ocupación de suelo de dominio público y el incumplimiento de la dotación mínima de aparcamientos, que debía haber alcanzado las 1.500 plazas y que se ha quedado en apenas 500. A juicio de los denunciantes, la situación de irregularidad en que se encuentran puede llevar aparejado incluso el cierre de los establecimientos.

Los afectados alquilaron locales en Bassa El Moro con la firme convicción de que el centro contaba con todas las licencias municipales e iba a disponer de 1.500 plazas de parking, lo que aseguraba una importante afluencia de público que garantizaría el éxito de sus negocios. De hecho, la empresa comercializadora facilitó esta información antes de la contratación de los locales. Además, en el momento de la inauguración se desconocían las supuestas infracciones.
Para los comerciantes disponer de un amplio aparcamiento es «imprescindible» porque esta superficie se encuentra lejos del centro de la ciudad, por lo que resulta preciso el uso de vehículos para poder acceder a la misma. También consideran «primordial» contar con los preceptivos permisos municipales porque, al no poder obtenerlos, están teniendo serias dificultades para recibir financiación de las entidades de crédito, debido a las escasas garantías que ofrece un negocio que ni siquiera cuenta con licencia de apertura o de inicio de actividad. Se advierte de que esta situación de irregularidad puede llevar aparejado incluso el cierre de los establecimientos.
En la nota entregada por los querellantes a los partidos políticos se critica la «pasividad de los responsables municipales de Petrer al haber permitido continuar unas obras supuestamente ilegales, dotándolas de una apariencia de normalidad ajena a la realidad, y llegando al extremo de participar en la inauguración del centro comercial, lo que dio una mayor apariencia de legalidad a la apertura».
Las mismas fuentes mantienen que la única posibilidad de «legalizar» el proyecto no pasa por firmar un convenio entre Ayuntamiento y promotora, sino por introducir una modificación puntual del PGOU, para lo que se necesitaría que se apreciase un interés general por parte del Consell.